Una defensa del CEDIB, una ONG boliviana que denunció acoso oficialista por su labor ambientalista. El autor inscribe el hecho en la “contradicción entre izquierda y progresismo”.
Eduardo Gudynas Ambientalista
Mientras que en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri echó del país a un par de activistas ciudadanos que criticaban los tratados de libre comercio, en Bolivia se está estrangulando a una organización de la sociedad civil. Y al tiempo que en Buenos Aires se justificaban esas expulsiones sosteniendo que los deportados eran radicales “disruptivos”, en Bolivia se dice que la ONG en cuestión es de derecha por defender los derechos humanos y a la naturaleza.
Todo esto es ejemplo de la ambigüedad conceptual que se extiende por América Latina. Los conceptos y las ideologías pierden sus significados y se convierten, poco a poco, en meras armas que usa el poder para justificar sus actos. Uno de los objetivos predilectos de los ataques son los grupos independientes de la sociedad civil, especialmente los que denuncian la explotación de la naturaleza y de las personas.
Es así, que esos grupos en los países con gobiernos conservadores son denunciados como izquierda radical, y bajo los gobiernos progresistas se dice que son de derechas, descafeinados o infantiles. Se repite el hostigamiento y solo cambian los términos utilizados. Por ejemplo, en Perú, desde sus gobiernos conservadores se llaman a varias ONG y los militantes que denuncian los derrames petroleros o la contaminación minera por metales pesados como radicales izquierdistas, comunistas o etiquetas por el estilo.
Desde las otras tiendas políticas, en Bolivia se acaba de sumar otro ejemplo, cuando el progresismo califica a quienes hacen las mismas tareas y elevan las mismas denuncias como derecha. Esto ocurre con el centro cochabambino CEDIB, el que está recibiendo los ataques más duros en una dinámica que no cesa y que revela, posiblemente, algunas de las contradicciones más oscuras en las que se puede caer.
Contradicciones entre izquierda y progresismo
Una primera contradicción resulta en que se ataca a un grupo ciudadano comprometido con los derechos humanos, ya que la defensa de esos derechos era precisamente una de las banderas de la izquierda popular a inicios de los años 2000.
Una segunda resulta en tratar de acallar a las voces críticas, cuando aquella misma izquierda sólo pudo construirse desde su propia postura contestataria. En tercer lugar, se acalla o critican algunas de las posiciones y saberes indígenas y campesinos, especialmente cuando alertan sobre los duros impactos de los extractivismos, aunque años atrás, esas mismas voces campesinas e indígenas aseguraron el empujón electoral que permitió ganar el gobierno.
Entonces, el ataque a CEDIB no es solamente una guerrita contra una ONG, sino que sólo puede entenderse bajo esas contradicciones. Si se persistiera en aquel programa inicial de aquella izquierda, que intentaba ser plural, respetuosa y comprometida con los derechos y los movimientos sociales, serían inconcebibles los ataques a las organizaciones ciudadanas. Pero con el paso del tiempo esa izquierda se convirtió en progresismo, y esa mutación reforzó un desarrollismo clásico, obsesionado con los extractivismos para mantener las cuentas públicas y que no toleraba las críticas. Se invisibilizan los impactos y costos sociales y ambientales, se festejan los indicadores macroeconómicos, se invoca a la Pachamama pero se la contamina, y se ahonda la brecha con movimientos indígenas y campesinos. La consecuencia inevitable fue el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas independientes.
Por lo tanto, no es que grupos como CEDIB sean de “derecha”, como dice el Vicepresidente, sino que son atacados precisamente por ser de izquierda en aquel sentido original, y no progresistas como se practica en la actualidad.
El escarmiento
A lo largo de los últimos años, CEDIB ha padecido todas las consecuencias de esa deriva progresista.
Se los cuestionó desde los discursos gubernamentales y desde los medios de prensa afines, se amenazó con exilarlos o clausurarlos. Todo ello es posible en un ambiente donde los conceptos se desenganchan de sus significados, y lo hacen de modos que asombran. Entonces un viceministro de “autonomías” dice que las organizaciones ciudadanas no tienen autonomía para cuestionar la estrategia de desarrollo gubernamental, o un encargado de temas ambientales afirma que se busca salir de la dependencia extractivista cuando las medidas concretas las acentúan.
Bajo las ambigüedades y disoluciones en el marco de los derechos muchas cosas se vuelven posibles, y basta observar lo que sucede en los países vecinos. Por ejemplo, el gobierno de Macri en Argentina dice estar asegurando una recuperación democrática pero a la vez embiste contra los indígenas mapuches y tolera un nuevo racismo.
Esas posturas se replican y reproducen desde otros espacios, y lo que bajo condiciones de normalidad difícilmente se concretaría por intolerable y desproporcionado, encuentra ahora un campo fértil para expresarse. Entonces el rector de la universidad local logra echar a CEDIB del local que usaba desde hace 30 años. En otras universidades habrían operado necesarios contrapesos, y se le recordaría al rector que un centro universitario estaría interesado en lo opuesto, en aumentar sus relaciones con uno de los archivos bibliográficos más grandes del propio país. El costo de aquella medida en la imagen en el mundo académico internacional fue muy alto (el debate no estaba puesto en un logro educativo o científico, sino en que se echaba a una pequeña ONG), pero ahora se le agrega que no sólo había que echarlos para tomar posesiones de unos salones, sino que parecería que es necesario estrangularlos financieramente congelando sus cuentas bancarias.
Estamos ante algo así como una avalancha, en cámara lenta, de medidas que buscan sepultar a CEDIB. Algo así como un vigilar y controlar. A los que persisten en su trabajo independiente se les castigará, pero además se deja en claro a otros que si son tan atrevidos como para continuar, habrá un escarmiento.
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