Los trabajadores del sector eléctrico del Ecuador y sus filiales sindicales denuncian en comunicado de prensa la pretensión del Estado ecuatoriano de violar lo estipulado en la Constitución de Montecristi de 2008, que prohíbe cualquier forma de privatización de los servicios públicos.
Los servicios públicos en el Ecuador, son patrimonio nacional y propieda de todos los ecuatorianos, así: agua potable, electricidad, petróleo, telefonía, alcantarillado… puesto que se los considera del tipo estratégico en la Constitución vigente.
En este comunicado, los trabajadores puntualizan su labor al servicio de los ecuatorianos y por el desarrollo del país. También insisten en el riesgo que corren más de 20.000 empleados y 200 empresas encargadas de prestar los servicios eléctricos al país desde el sector público, en el mismo que se encuentran su beneficios de Ley, lo que con la concesión al sector privado, quedarían prácticamente anulados.
Se menciona, además, al ciudadano Santiago Cuesta Caputi, encuestador aliado a la línea de los empresarios y asesor económico del presidente Moreno, quien en declaraciones anteriores había expresado su afán por entregar el control de recursos naturales y sector estratégico a los privados, mostrando un nulo interés ni conocimientos acerca de la realidad de los sectores estratégicos y servicios públicos.
Los trabajadores del servicio eléctrico llaman a la alerta máxima a los trabajadores de su sector y al país, frente al interés y pretensiones del Estado de privatización, no sin antes recordar que desde mediados de los años 90, la movilización social se reveló contra un sistema que fue ya derrotado en el Ecuador.
“Esta es la técnica de las privatizaciones: cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen,
la gente se moleste y se use como excusa el descontento para pasarlo a las manos del capital.”
Noam Chomsky.
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EP/ET/Agosto 2018
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