El país crece poco y, además, en los últimos años ha aumentado el número de pobres.
El nuevo presidente del Brasil tendrá que tomar las riendas de una economía que todavía se tambalea y poner en orden las cuentas de un país que en los últimos años ha visto de nuevo un crecimiento de la pobreza, dejando atrás una década de avance social.
La favela Complejo de Alemao, en Río de Janeiro. Reuters
El Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil subió en 2017 un 1% después de dos años de profunda recesión y, según las previsiones de los analistas, cerrará 2018 con un aumento de alrededor del 1,35 %, menos de la mitad de los previsto hace apenas un año.
A las debilitadas previsiones de crecimiento se suman unas cuentas públicas carcomidas por años de mala gestión y corrupción, una elevada deuda pública (77,3 % del PIB) y un desempleo que golpea a las puertas de 12,7 millones de brasileños (12,1 %).
Los datos reflejan la situación de un gigante que avanza con pies de barro en materia económica, en medio de una creciente desigualdad y un aumento del número de pobres, que subió de 17,1 millones en 2014 a 23,3 millones en 2018.
Brasil dejó atrás su «época dorada», en la que disfrutó de una economía boyante y levantó la bandera de la lucha contra la miseria bajo el Gobierno del Partido de los Trabajadores del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoy en la cárcel por la corrupción que se desató mientras estuvo en el poder.
En una década el país consiguió sacar de la pobreza a 30 millones de personas con políticas públicas y programas de transferencia de renta como el Bolsa Familia, mientras los inversores extranjeros apostaban sus fichas a la mayor economía de Sudamérica y una creciente clase media hacía girar la rueda del consumo.
Pero la situación se torció el segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff y Brasil se sumergió en la peor recesión económica de su historia (2015-2016), coincidiendo con una grave crisis política que desencadenó en la destitución de la ahijada política de Lula.
El poder lo asumió entonces su vicepresidente, Michel Temer, quien llevó adelante un paquete de medidas de austeridad para arreglar las maltrechas cuentas públicas, que en los últimos doce meses hasta agosto acumulan un déficit nominal de unos 503.000 millones de reales (135.400 millones de dólares).
Sin el apoyo del Congreso, Temer dejó en el tintero su proyecto estrella, la reforma del sistema de pensiones, un proyecto que los expertos consideran fundamental para el equilibrio fiscal y que los dos candidatos se han comprometido a debatir durante su Gobierno, aunque sin entrar en detalles.
Bolsonaro, guiado por su consejero económico, Paulo Guedes, ha prometido poner en marcha una agenda liberal, con peso en las reformas y privatizaciones.
La agenda liberal del ultraderechista le ha servido para ganarse el apoyo de los inversores, que en los últimos años han expresado su animadversión al PT y han celebrado la ventaja del capitán de la reserva del Ejército, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985) polémico por un historial de declaraciones machistas, racistas y homófobas.
Pero Bolsonaro también se ha comprometido a mantener algunos programas sociales y asegura que ampliará el programa Bolsa Familia, impulsado por Lula y que ofrece un subsidio de hasta 195 reales (unos 52 dólares) para familias con baja renta.
En su programa electoral, Bolsonaro sugiere que el desequilibrio fiscal genera inflación y que el debate sobre las privatizaciones tiene como objetivo mejorar la distribución de renta en el país.
Fuente: EFE
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