Para los defensores de los derechos humanos se trata de una nueva fase de la represión desatada desde el Ejecutivo sandinista, que comenzó con el ataque a las manifestaciones, el desmantelamiento de las barricadas levantadas en todo el país como símbolo de resistencia, a través de la denominada “Operación Limpieza” —que dejó decenas de muertos— y continúo con el arresto de los rostros más visibles de la llamada “insurrección de abril”. A eso siguió el asedio, persecución e intimidación de medios de comunicación y periodistas independientes, hasta llegar a esta arremetida contra organizaciones de la sociedad civil.
Según el Cenidh el Gobierno practica una «sistemática transgresión a la integridad y tratos crueles e inhumanos» contra los manifestantes, que han incluido «violaciones sexuales» https://t.co/CrLtEB7VMk pic.twitter.com/Q6ziCRwUqy
— El Nuevo Diario (@elnuevodiario) 10 de diciembre de 2018
Al trascender la noticia a nivel internacional organizaciones de derechos humanos reaccionaron a la decisión contra el Cenidh. “Con esta cancelación queda claro que el Gobierno del presidente Ortega está dispuesto a hacer todo por silenciar las voces de quienes han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Es sumamente alarmante que organizaciones con la trayectoria y legitimidad del Cenidh estén siendo perseguidas”, dijo a EL PAÍS Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Retirarle la personalidad jurídica al Cenidh deja en indefensión a la población de Nicaragua, sin organizaciones que les representen y luchen por sus demandas de justicia y rendición de cuentas”, agregó la activista.
Be the first to comment