El próximo 24 de marzo se realizaría la Consulta Popular Kimsakocha en defensa del agua y los páramos, que tenía como objetivo proteger los sistemas comunitarios de agua del cantón Girón, por los cuales miles de personas se ven beneficiados. El día de ayer 13 de marzo el juez Vicente Rivadeneira Narváez, de la Unidad de Medidas de Protección y Desestimaciones, en Quito, aceptó una medida cautelar que interpuso el Colectivo Unidos por el Desarrollo.
La resolución del juez expide que “Se acepta la petición de medidas cautelares constitucionales [que hace el colectivo mencionado] y en tal virtud se dispone al Consejo Nacional Electoral, suspenda la consulta popular a realizarse el día domingo 24 de marzo del 2019.”
La pregunta a la que se opone este colectivo prominero era: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?. Por su parte en FM Mundo Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, se mostró muy complacido de la decisión y aseguró que la decisión no podía ser una “simple decisión de los GADS [Gobiernos Autónomos Descentralizados] parroquiales o de los grupos de personas que se unen. Como yo digo decidir 10 mil, 15 mil, 1.500 personas sobre algo que debería decidir todos los 17 millones de ecuatorianos”.
El viceministro claramente se opone a los mandatos que nacen de los GADS y de la comunidad que son quienes habitan el territorio a diario bajo la premisa de que los beneficios económicos podrán ser aún mayores. Ante tales pronunciamientos diferentes colectivos, movimientos y personas se pronunciaron rechazando la medida y pidiendo al Consejo Nacional Electoral y al país lo siguiente:
Como primero proteger la consulta popular mediante la movilización social, entendiendo que la consulta de Girón puede ser replicada y convertirse en la estrategia nacional para la liberación de los territorios, que un grupo de políticos corruptos han entregado a las empresas mineras.
Segundo que el CNE se pronuncie oficialmente solicitando al juez que levante la suspensión y que interponga una acción jurídica en contra del juez de Quito, que mediante una sentencia busca restringir un derecho adquirido por el pueblo de Girón.
Por sexta ocasión, el gobierno y las empresas mineras intentar frenar la consulta popular en el cantón Girón. Esta vez, un juez de la ciudad de Quito aceptó las medidas cautelares solicitadas por empleados de INV Metals que suspenden la consulta a 10 días del proceso electoral.
— Nataly Torres (@natytorresg) 13 de marzo de 2019
Está más que demostrado en diversos países que la minería a gran escala, no artesanal y tecnificada destruye el medio ambiente y todo el ecosistema. El proyecto minero Loma Larga se propone “una mina subterránea con una producción diaria de aproximadamente 3,000 toneladas por día en los primeros años y alcanzando 3,400 toneladas por día a partir del quinto año, resultando en un promedio anual de oro producido de 206,000 onzas con una vida inicial de mina de aproximadamente 12 años.”
Una explotación minera de 12 años para afectar la vida de miles de personas que habitan y habitaron el territorio en un futuro, es una clara afrenta contra la vida en nombre del desarrollo y con promesas de mejorar la economía y garantizar oferta laboral.
La consulta popular es un derecho de los pueblos en Ecuador para lograr defender su territorio de políticas económicas que afectan directamente todo su entorno. Un ejemplo como Cajamarca, Tolima, Colombia que bajo esta misma figura gano ante la multinacional Anglo Gold Ashanti. Estas políticas de muerte como lo son la minería se oponen a los planes de vida de las comunidades que piensan permanecer en el territorio mucho más tiempo que el proyecto minero Lomas Largas.
Diversas organizaciones se han pronunciado en favor de la comunidad de Kimsakocha en el que aseguran que…es evidente que el juez responde a los intereses de un gobierno sometido a las transnacionales mineras, de un gobierno como lo ha expuesto públicamente el Viceministro de Minas Fernando Benalcázar,que mira a la Madre Tierra como un recurso natural negociable y explotable por el capital extranjero.
En el siguiente link se puede descargar todo el pronuciamiento.
Las organizaciones sociales se mantienen vigilantes y han ofrecido movilizaciones en caso de que no exista pronunciameinto en favor de la consulta, entre ellos están Yasunidos, Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay, Ecuarunari.
Actualización: Jueves 16:00
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, por unanimidad, enviar una respuesta jurídica al Juez Vicente Ribadeneira, para que revoque las medidas cautelares que suspendieron momentáneamente la consulta popular sobre la explotación minera en Quimsacocha.
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