Por Camila Sierra Madrid y Daniel Labbé Yáñez
La violencia desmedida de Carabineros en contra de los estudiantes secundarios en Chile es un hecho objetivo. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT por su sigla en inglés) emitió un informe en agosto de 2018 con recomendaciones al Estado chileno al respecto. Nuestro país es uno de los 164 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura, hecho por el que está sujeto a exámenes periódicos del CAT, formado por diez expertas y expertos independientes internacionales.
Específicamente, el Comité requirió que en casos de uso excesivo de la fuerza y denuncias de violencia sexual policial en contra de mujeres y niñas, se investigue, enjuicie y condene a los responsables, así como también se garantice la reparación de las víctimas. El CAT recomendó paralelamente formar en diversas materias de Derechos Humanos a los agentes públicos, específicamente a los de orden y del sector judicial. Junto con ello “invita” al Estado chileno a presentar un informe a más tardar en agosto de 2022.
¿Qué debiera decir ese documento si es redactado ajustándose a la realidad? ¿Cómo es hoy el comportamiento de la policía, especialmente de Carabineros -a quienes se les ha encargado la represión de las manifestaciones estudiantiles- frente a niños y adolescentes que participan legítimamente de ellas?
“UN DÍA VAMOS A ENCONTRAR A UN ALUMNO MUERTO”
En junio de este año Hellen Figueroa, apoderada del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), denunció un constante hostigamiento en contra de su hijo por parte del rector del establecimiento, Jaime Uribe, “con complicidad del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri”, según apuntó. En ese contexto, dibujó de manera dramática la realidad que enfrentan algunos estudiantes por el hecho de movilizarse. “Todos los días toman detenidos a estudiantes, quienes han sido torturados arriba de los carros policiales y abandonados en los parques (…) Un día vamos a encontrar a un alumno muerto y eso es lo que no queremos”, advirtió.
Virginia Palma Erpel, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre sostiene que el diagnóstico que hacen como organización es que “a simple vista pareciera que hay una provocación constante (de Carabineros), más que un afán de querer que las manifestaciones se detengan. Más bien pareciera que hay como un dejo de provocación constante de parte de Fuerzas Especiales a las comunidades educativas”.
Una compleja realidad que experimentan algunos colegios emblemáticos de la capital, como el Instituto Nacional y el Liceo 1 de Niñas, caracterizada por la revisión de mochilas al ingreso a clases y permanentes controles de identidad, entre otras medidas represivas. Algo que para la presidenta de la ONG resultan acciones “reprochables y que están totalmente fuera del contexto de lo que de manera internacional se promueve para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”.
Palma recuerda una situación de la que fueron testigos con la concejala de Santiago Irací Hassler, cuando el primer día de clases del Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera de la capital acompañaron a Arlene Aliaga, la primera adolescente trans en ingresar a la comunidad del emblemático establecimiento educacional. “Sin haber absolutamente nada irregular en el colegio, ya había presencia de Carabineros. Había un furgón policial, un piquete y los comentarios inmediatamente de las chicas era ‘Ay, parece que ya va a empezar esto de los encontrones con Carabineros’».
Hassler manifiesta preocupación por estos hechos, debido a que a su juicio la permanente presencia policial “provoca y afecta el estado psíquico de las comunidades educativas y, por tanto, también la convivencia escolar”.
La concejala de Santiago acompañó también a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en una visita al Instituto Nacional, esto luego de que efectivos de FFEE entraran al establecimiento. Junto con el mencionado Liceo 1 son los dos colegios en donde se ha concentrado de forma más brutal la represión uniformada contra los alumnos movilizados. Allí conversó con profesores y profesoras. Recuerda que una de ella comentaba lo difíciles que son estas situaciones “No saben qué hacer, buscan resguardar a su curso, sacar a los estudiantes del establecimiento y eso se hace imposible porque tampoco se dejan siquiera vías de acceso y de salida, que es uno de los elementos que contempla el protocolo de actuación para restablecer el orden público de Carabineros”, plantea.
POLICONTUSA Y CON UN TOBILLO CON BOTA ORTOPÉDICA
M.S.D tiene 14 años. Es estudiante del Liceo 1. Su madre, Natalia Díaz Mardones, decidió llegar hasta la Justicia luego de la brutal agresión que sufrió su hija a manos de Carabineros. La acompañaron la concejala Hassler y la ONG Acción y Mujer y Madre, quienes presentaron un recurso de protección en contra de funcionarios pertenecientes a la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Santiago.
La razón fue la multiplicidad de lesiones con que quedó la estudiante la tarde del 13 de junio tras participar de una manifestación pacífica que fue duramente reprimida por Carabineros: policontusa, un tobillo con bota ortopédica y una afección en la cara por el abuso de gases lacrimógenos.
La presentación del recurso tuvo una consecuencia que ha sido bien recibida por las denunciantes y la comunidad estudiantil, luego de que la Corte de Apelaciones solicitara un informe a Carabineros y a la Municipalidad de Santiago, encabezada por el alcalde Felipe Alessandri, en donde sean estas dos instancias la que expongan los antecedentes que existen en su poder respecto a lo que se acusa en la acción legal, imponiéndoles un plazo de 5 días para ello.
LA INVISIBILIZADA VIOLENCIA SEXUAL POLICIAL
Una de las expresiones más brutales de la violencia policial en contra de manifestantes es la que alcanza una connotación sexual. Agresiones que hacen recordar que históricamente los represores de todo tipo han hecho de la desnudez una herramienta para doblegar a sus víctimas. “Hacer desnudarse a una persona es una acción de tortura. Eso está reconocido por los tratados internacionales. (…) Una de las primeras conductas que cometían los funcionarios de la dictadura era hacer desnudarse a las personas, porque la persona desnuda evidentemente queda en una situación de completa vulnerabilidad”, sostiene en la entrevista realizada para este especial la abogada de la Defensoría Popular, María Magdalena Rivera.
Es lo que vivió la profesora de la Escuela San Pedro de Copiapó, Paulina Cuadra Varela, quien fue brutalmente agredida el pasado 19 de junio en el marco de una manifestación pacífica afuera del casino Antay en Atacama. La docente realizó un relato estremecedor ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. «Entré en pánico frente a su insistencia (…) Insistía en que nos teníamos que bajar los calzones (…) Me pasé mil películas de por qué ella (la carabinera) se arreglaba tanto el guante», narró respecto a la traumática experiencia que enfrentó cuando fue obligada a desnudarse en la Segunda Comisaría de la ciudad nortina.
Para la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de abogadas feministas (Abofem) -quienes de manera voluntaria patrocinan acciones legales en casos de agresiones contra mujeres- “es fundamental contribuir a la visibilización de la violencia sexual para su adecuado reconocimiento y sanción”. En ese sentido, advierten que “si no nombramos a los fenómenos como tal y los hacemos pasar sólo por violencia, por ejemplo, estamos dejando de lado que la violencia sexual responde a un contexto histórico de relaciones de distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, como lo reconocen las convenciones internacionales al respecto, y que constituye un telón de fondo de la violencia policial que se ejerce”.
“LA VIOLENCIA POLICIAL EN CONTRA DE NIÑOS MAPUCHE ES SISTEMÁTICA”
Si las agresiones policiales en contra de la población ya son brutales en la capital, estas pueden llegar a ser peores cuando ocurren en lugares alejados del centro, en La Araucanía, por ejemplo, en territorio mapuche. Y allá, la calidad de niño o niña, tampoco importa. Los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR) lo saben.
“Hoy no hay un ejército como el de 1860, pero sí está instalado el GOPE, Fuerzas Especiales, PDI y el Ministerio Público en el territorio; todas instituciones de un Estado que sistemáticamente ha violentado a las comunidades mapuches y donde la afectación a los niños es gravísima e histórica”, apunta la abogada Karina Riquelme.
Una lectura que comparte su compañero en el Centro de Investigación y Defensa Sur, Sebastián Saavedra, quien sostiene que en ese sector “la violencia policial es un elemento sistemático en contra de los niños y niñas mapuche”. Esta se traduce, explica el jurista, en “golpes, dichos racistas, lanzamiento de bombas lacrimógenas en los alrededores de escuelas, controles de identidad absolutamente fuera de la ley, interrogatorios a niños y adolescentes”.
El abogado concentra todo ello en el caso del acompañante del comunero mapuche Camilo Catrillanca -M.P.C- al momento de ser asesinado, quien posteriormente denunció haber sido torturado por los miembros de Carabineros. “La violencia con la que se actuó en contra de este adolescente es realmente brutal. Dispararle con ese tipo de armamento a un niño de 15 años, desarmado, que se encontraba huyendo en un vehículo agrícola, es de una fuerza absolutamente desproporcionada”, plantea.
Una violencia que, amplía la abogada Riquelme, va desde la falta de reconocimiento de parte del Estado de la existencia de un pueblo indígena, pasando por “la discriminación constante en distintas situaciones de la vida diaria, para luego llegar a lo que hoy conocemos como la militarización y criminalización instalada en comunidades que ejercen una lucha territorial por aquello que fue usurpado”. Investigaciones a los niños mapuches y a sus padres, allanamientos y encarcelamientos a sus dirigentes son una expresión de esto último, según agrega.
“ACÁ LOS NIÑOS MAPUCHES SON VISTOS COMO UN ENEMIGO DEL ESTADO”
“Acá los niños mapuches son vistos como un enemigo del Estado (…) El enemigo para el Estado es el mapuche que está en contra de sus intereses económicos, y no importa su cultura ni menos su edad; son violentados gravemente y sin ningún tipo de ayuda post daño”, espeta la abogada.
Respecto de esto último y la respuesta de las instituciones del Estado que debieran velar por los derechos de los niños, la integrante del CIDSUR sostiene que lo que ocurre es que finalmente se da una doble vulneración en contra de los niños y niñas mapuches, pues dichas instancias estatales “no se encuentra capacitadas interculturalmente para entender su espiritualidad y su relación directa con la tierra y las aguas”.
Sobre el rol de la Justicia apunta que “en innumerables oportunidades se han ejercido recursos legales para que esta situación no continúe y la Corte Suprema ha establecido vulneraciones en contra de niños y niñas mapuche, pero no ha cambiado nada, ha sido pura letra muerta”.
El abogado Sebastián Saavedra adhiere a esta posición, apuntando que “como suele ocurrir, la Justicia no alcanza a reparar los daños irremediables que se han causado a las comunidades”. Si bien reconoce que un sinnúmero de recursos de amparo han sido acogidos por la Corte de Apelaciones de Temuco, y la Fiscalía ha procesado a los carabineros que dieron muerte a Camilo Catrillanca, “ni por muchas de estas acciones legales acogidas o investigaciones que se han llevado a cabo, la situación cambia, ni un ápice”.
Reportaje publicado en la edición nº 234 de la revista El Ciudadano.
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