Atentados de Barcelona 2017: ¿Qué se quiere ocultar?
Uno de los héroes del exitoso operativo de la policía catalana para desactivar la cédula yihadista, Joaquim Forn, de madre ecuatoriana, lleva más de 22 meses en prisión provisional.
Este 17 de agosto se cumplieron dos años de los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils en los cuales perdieron la vida 15 personas y más de 100 resultaron heridas. Hace un mes, el diario español de investigación Público publicó una inquietante exclusiva: en el momento del atentado, el imán que fue su cerebro era confidente de los servicios secretos españoles(!), los cuales hicieron seguimiento de toda la célula yihadista –tenían intervenidos sus teléfonos- hasta un día antes del ataque de Barcelona.
España todavía no ha hecho ninguna comisión de investigación parlamentaria, práctica habitual en países objeto de un ataque terrorista. Estas comisiones permiten descubrir a los culpables y la eficacia de las fuerzas de seguridad para evitarlo. En España, cuando se ha pedido oficialmente, la mayoría de partidos españoles de gobierno y oposición la han bloqueado (es decir PP, PSOE y Ciudadanos votaron reiteradamente en contra).
Y lo que es peor: los medios españoles de masas han intentado silenciar o desacreditar esta investigación o culpabilizar a la policía catalana, cuerpo al que se escondió información relevante sobre el imán, y cuya eficaz respuesta al atentado fue internacionalmente admirada.
Es más, uno de los héroes a la cabeza del exitoso operativo policial, el entonces ministro de interior del gobierno catalán, Joaquim Forn y Chiarello, de madre ecuatoriana, lleva 22 meses en prisión provisional acusado de rebelión, un delito que implica el uso de violencia, cuando la violencia la puso la policía nacional española contra los ciudadanos que participaron en el referéndum de autodeterminación de Catalunya –hubo más de mil heridos.
La trascendencia internacional ha sido escasa, ya que muchos medios se nutren de agencias de noticias españolas controladas por grandes monopolios mediáticos fuertemente politizados.
¿Acaso no interesa esclarecer si los servicios de seguridad españoles han cometido -por lo menos- negligencia? ¿Qué se quiere ocultar?
Link de la investigación de Público:
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