Hay pueblos que en sus luchas demuestran toda su dignidad, convicción y valentía; mientras que hay gobiernos que frente a las luchas de sus pueblos visualizan todas sus carencias. Exactamente eso es lo que se vivió en el conflicto del Carchi durante los siete días que se mantuvo el paro y la movilización popular.
Redacción Ecuador Today
Los problemas económicos que atraviesa el Carchi son más que evidentes. Haciendo historia podríamos decir que estos comienzan con la dolarización del país a primeros de siglo, sin embargo, realmente es a partir del 2010 -momento en que empieza a oscilar en lógicas de devaluación el valor del peso colombiano- cuando la provincia comienza a sentir de forma aguda su crisis económica. Cabe indicar que el Ecuador carece de políticas de desarrollo productivo fronterizo, lo que hizo que la crisis económica del Carchi se agudizará aún más a partir de la implementación de salvaguardias por parte del gobierno de Rafael Correa en marzo del 2015.
Los cupos de rebaja arancelaria para la compra de mercaderías en Colombia, la llamada canasta transfronteriza, que estableció el régimen anterior para los comerciantes de Tulcán no fueron acompañados por políticas serías de crédito y de incentivos productivos estratégicos. A la postre, fue un proyecto fracasado que no sirvió como política de amortiguamiento de los impactos de las salvaguardias en esta provincia norteña ni tuvo efectos positivos como plan de contingencia.
Esta realidad no cambió durante estos dos años y medio del actual gobierno. Carchi tiene un PIB per cápita de USD 4.723 frente a Pichincha con USD 8.630; los ingresos reales promedios per cápita del ciudadano charcense son de USD 494 mientras es Pichincha es de USD 824; el índice de necesidades básicas insatisfechas en Carchi es del 45% mientras en Pichincha del 22%. De igual manera, mientras la tasa de empleo adecuado a nivel nacional apenas alcanza el 37,9% en la provincia del Carchi este indicador es todavía pero y tan solo llega al 26%.
Sin embargo, ante semejante inequidad, en el ejercicio 2018, de los 34.854 millones de dólares del Presupuesto General del Estado, al Carchi tan solo le correspondieron 64 millones, llevándose la mayor tajada las provincias más ricas del país. El nivel de abandono de la provincia por parte de las políticas públicas emanadas desde Quito es tal que de la asignación que les llega a las dependencias ministeriales existentes en el Carchi tan sólo el 30% se convierte en inversión, siendo lo demás mal gastado en gasto corriente de funcionarios escasamente eficientes y mantenimiento de edificios oficiales. El abandono del Carchi se visualiza en indicadores como el de la inversión pública per cápita, el cual en la provincia es de USD 48,87 frente a los USD 201,25 que se invierten en Pichincha, los USD 425,5 por habitante que se invierten en el Guayas o los USD 624,30 que se invierten en su vecina provincia de Imbabura.
Las escasas politicas públicas nacionales implementadas en el Carchi van de fracaso en fracaso hasta el fracaso final. Un ejemplo de ello es el programa “Mi primer empleo”, mediante el cual no ha conseguido generar ni un solo puesto de trabajo en la provincia.
Así las cosas, el pueblo carchense, organizado en torno a una agrupación de sectores gremiales, organizaciones populares y sus autoridades locales decidió movilizarse al unísono el pasado 24 de septiembre demandando la atención estatal.
En lugar de apagar el fuego con rapidez, organizando civilizadamente la discrepancia entre autoridades nacionales y las locales, el Gobierno Nacional se hizo el “digno”. “Mientras se mantenga la movilización no negociamos” dijo reiterativamente la ministra de Gobierno y el Vicepresidente de la República. Lo que en términos más mundanos podría traducirse por: mientras la gente proteste no la vamos a escuchar.
Mediante discursos y cadenas gubernamentales que recordaban mucho a las del régimen anterior -la creatividad es algo aún por descubrirse para una institución como la SECOM-, se intentó menospreciar la lucha del pueblo de carchense, lo que hizo que la protesta norteña se endureciera y fuera poco a poco tomando tintes de radicalidad.
Las imágenes que ha dejado esta huelga no pueden ser más maravillosas. Jóvenes estudiantes saliendo a las calles en solidaridad con la lucha que mantenían sus padres, comunidades enteras aportando comida para ser cocinada en ollas populares y alimentar a las personas que componían los piquetes que cortaban carreteras, señoras sacando baldes de agua a la calle para que los manifestantes se refrescaran en una ciudad gasificada por los botes de humo disparados por operativos especiales de la Policía Nacional o la población tulcaleña tomándose el aeropuerto bajo control militar para impedir que llegasen los operativos militares anunciados por el Ministerio de Defensa…
Las autoridades locales al mando, con el Prefecto Guillermo Herrera a la cabeza, intentaron implementar desde el primer momento de paro varias vías de diálogo con autoridades de segundo orden que se desplazaban en sigilo a la provincia desde Quito. Fueron los propios errores del Ejecutivo, múltiples desaciertos en declaraciones ante medios de comunicación despreciando a los impulsores del paro y al propio pueblo carchense por parte de María Paula Romo y Otto Sonnenholzner, los que torpedearon una tras otra vez cada una de las posibles negociaciones.
En el fondo, lo que se desvelaba tras esta cuestión es que el problema de las pocas cabezas con capacidad de pensamiento político del Gobierno Nacional -especialmente el sector proveniente de la vieja Ruptura de los 25- consiste en que perdieron toda visión de análisis no institucional. Esto les hace ignorar que la lucha de los pueblos es tremenda más creativa y sólida que las intrigas modelo “Game of Thrones” que se dan en torno a la poltrona presidencial y en las que andan cotidianamente implicados.
Posiblemente fue esta falta de visión la que hizo que desde el Ministerio de Gobierno se ordenase una brutal intervención de los cuerpos represivos del Estado durante los días 2, 3 y 4 del paro, lo cual fue respondido por parte de los manifestantes con la toma y destrucción de las instalaciones de la Gobernación en la ciudad de Tulcán. Es a partir de ahí cuando estos políticos jóvenes impulsores de políticas viejas que dirigen el frente político del Gobierno Nacional optaron por comenzar a buscar vías de diálogo algo más sólidas con los representantes de la movilización.
Tampoco valieron de nada las presiones y amenazas realizadas por operadores del Gobierno Nacional sobre determinados dirigentes gremiales, así como las presiones de latifundistas ganaderos, corporaciones de capital transnacional de la leche o grandes cadenas de distribución de alimentos sobre las autoridades locales demandando solventar el paro de forma inmediata.
Con el paro avanzando y tras el anuncio de que serían presentadas el lunes 30 de septiembre la reformas legislativas que supondrán un nuevo “paquetazo” para la sociedad ecuatoriana, el correísmo visualizó la movilización del pueblo carchense como una ariete estratégico para desestabilizar al Gobierno Nacional.
Lejanos al dolor del pueblo carchense, la dirigencia nacional correista -incluído su ex vicepresidente preso y su ex presidente residente en el extranjero- comenzaron a emitir mensajes por redes sociales posicionando que Carchi era un ejemplo de resistencia a seguir por todo el Ecuador.
Bajo el objetivo que frustar toda posible negociación y a través de operadores instalados en el anillo cercano al pusilánime Alcalde de Tulcán, Cristian Benavides, el correísmo buscó romper la unidad del grupo impulsor de la protesta, fomentando el desprestigio especialmente del Prefecto del Carchi, con el fin de pasar a controlar la movilización. Los fines estaban claros: los intereses del Carchi debían pasar a un segundo lugar en aras a mantener una movilización todavía más sostenida en el tiempo y hacer que esta coincidiera con las movilizaciones de carácter general que tendrán posiblemente lugar a partir de la presente semana. Para ello, llegaron incluso a trasladar al Carchi a un grupo de profesionales operadores/agitadores correístas entre los que destaca una famosa influencer en redes sociales que responde al nombre de Eby Camacho.
Esta Camacho, llevada de la mano del Alcalde de Tulcán a los diferentes frentes de lucha que se daban en la provincia, emitió varios videos con alta viralidad en redes sociales donde se sostenía que los representantes del paro trabajaban en complicidad con Jaime Nebot y que estaban vendiendo al pueblo en las negociaciones en marcha con el Gobierno Nacional.
La división al interior del grupo promotor del paro, así como el riesgo de que la movilización del Carchi terminase en un callejón sin salida debido a la manipulación correista hizo que las autoridades locales, dirigentes gremiales y líderes de organizaciones populares apostasen por agilizar una salida negociada en la madrugada del séptimo día de paro.
Hasta altas horas de la noche la dirigencia de la movilización negoció con ministros enviados en helicópteros hasta la Comandancia de la Policía de Tulcán. La fuerza de la movilización hizo que en Gobierno Nacional tuviera que sentarse a negociar con los huelguistas pese a que estos no hubiesen desconvocado el paro provincial ni abierto el paso por sus vías, teniendo que doblar el espinazo ante la dignidad del pueblo carchense.
El acuerdo obtenido podría considerarse como escaso, pese a que abre la puerta a la llegada de 18 ministros del Gobierno Nacional que tendrán que negociar con los sectores en lucha durante las próximas cuatro semanas. Dependerá de la presión de las autoridades y pueblo carchense los resultados finales de estas negociaciones. En todo caso, quedó ya como compromiso firmado por el Gobierno Nacional: ampliar la vía Panamericana a cuatro carriles y construir algunas nuevas vías más que solventarán -entre otras cuestiones- problemas de movilidad para pueblos históricamente olvidados como los Awa y pueblos afros del Valle del Chota; la subvención del combustible para el transporte público; la creación de un fondo de desarrollo para la provincia; la devolución de deudas pendientes por el Estado central a los GAD locales; y el apoyo para la creación de nuevos polos de desarrollo provincial.
Tras estos siete días de lucha cierto es que la negociación establecida para el levantamiento del paro dejó un sabor agridulce entre los movilizados. El pueblo carchense demandaba más: mayor apoyo económico al territorio y sobre todo una disculpa pública del Gobierno Nacional por el mal hacer de las autoridades nacionales. Sin embargo, los representantes del paro que negociaron con el Gobierno fueron pragmáticos y responsables respecto a sus mandantes, siendo conscientes de que o se negociaba ahora, es decir, antes de que estallasen las movilizaciones que tendrán lugar a nivel nacional y antes de que los agentes correistas terminaran por dividir definitivamente la movilización, o no se sacaría nada de provecho para la sociedad carchense y terminarían siendo utilizados por intereses distantes a lo que motivó el paro.
En todo caso y más allá de su desenlace, estos siete días de lucha en la olvidada e ignorada provincia del Carchi demostró al conjunto de la sociedad ecuatoriana la enorme dignidad de los pueblos cuando estos asumen la lucha como camino de resistencia y emancipación.
Un artículo que se queda corto porque no entiende la subjetividad del carchense. No quedó en un simple mal sabor de boca, sino en una traición porque hubo componendas por detrás. La simpleza de simplemente soltar de que primó el pragmatismo de las autoridades solo las justifica. Desconoce la impronta del 26 de mayo de 1971.