Anticipan que las elecciones legislativas convocadas para el 26 de enero, que renovará a 130 legisladores, es la salida adecuada. Los cesados no pueden postular.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, busca reorganizar su gabinete tras disolver el Congreso, fortalecido por la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que había sido juramentada como “presidenta encargada” en un polémico procedimiento.
El país se enfrenta a cuatro posibles escenarios para superar la crisis política.
Junto con disolver el Congreso, Vizcarra convocó a comicios legislativos para el 26 de enero para elegir a los 130 miembros del Congreso unicameral, lo que fue validado por el órgano electoral, que es autónomo.
Tendrán mandato hasta julio de 2021, pues deben completar el periodo de los elegidos en 2016.
Como la reelección fue eliminada en referendo en 2018, los legisladores cesados no pueden postularse esta vez. Este escenario es el más probable por ahora, señalan analistas.
Los líderes opositores dijeron que enviarán representantes a países de la región para denunciar un “golpe” de Vizcarra, aunque fracasó su llamado a que la OEA interviniera en busca de alguna mediación que les permita salvar su mandato en el Congreso. Pero parece improbable que la crisis peruana se “internacionalice”, pues las instituciones del país siguen funcionando, incluido el Congreso (con su Comisión Permanente).
El jefe parlamentario Pedro Olaelchea dijo que la oposición evalúa llevar el caso al Tribunal Constitucional, aunque no confiaba en sus magistrados.
Si el Tribunal diera la razón a la oposición, restituiría a los 130 legisladores y podría suspender a Vizcarra. Pero su intervención debería pedirla el Congreso, que fue disuelto. Hay otras vías para presentar un recurso, que podría ser analizado en tres o cuatro meses, en coincidencia con los comicios. Fue precisamente el empeño del Congreso en nombrar nuevos magistrados del Tribunal mediante un cuestionado proceso lo que indujo a Vizcarra a disolverlo.
El cuarto escenario implica la renuncia del Presidente.
Seis días antes de ser disuelto, el Congreso rechazó la propuesta que Vizcarra lanzó el 28 de julio de recortar un año su mandato y el de los parlamentarios, adelantando las elecciones para abril de 2020. Tras ser cesados, los parlamentarios opositores quieren que el mandatario renuncie y que se convoque a elecciones presidenciales adelantadas, además de legislativas.
Pugna política
- Conflicto La vicepresidenta Mercedes Aráoz rompió con el presidente Vizcarra por la propuesta de adelantar las elecciones generales, pero ahora aboga por ellas.
- Inviable Este escenario parece descartado, pues Vizcarra hizo esta propuesta debido a la imposibilidad de gobernar con un Congreso obstruccionista a sus políticas, del cual se deshizo al disolverlo.
- Legalidad Además, constitucionalmente Vizcarra sólo puede renunciar ante el Congreso, que no existirá hasta después de los nuevos comicios. No puede dimitir ante la Comisión Permanente.
- Normalidad La calma retornó a la sede de Gobierno.
Odebrecht pagó a Keiko, García y Humala, según Jorge Barata
Odebrecht pagó dinero irregular procedente de su “caja B” para financiar las campañas electorales de Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, confirmó el exresponsable de la firma brasileña en Perú, Jorge Barata, en declaraciones ante la Fiscalía peruana en Curitiba.
Así lo informó el diario El Comercio citando fuentes particulares que filtraron el contenido de las declaraciones en las que Barata identificó parte de los 71 “codinomes” (seudónimos) que aparecían en los registros de la empresa como receptores de coimas, sobornos y dinero irregular. “Campanha Nacional” y “Apra” fueron dos nombres de esa lista identificados por Barata, siempre según El Comercio, en el primer caso, como las campañas de Humala y Fujimori y en el segundo como la de Alan García. Además, Barata también identificó y confirmó el pago a Alejandro Toledo (2001-2006) y los ex primeros ministros del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) Yehude Simon y Javier Velásquez Quesquén fueron asociados por el exgerente de Odebrecht con los seudónimos “Oriente” y “Sipán”.
En este caso la filtración fue publicada por el portal IDL-Reporteros. El seudónimo “Oriente”, que aparecía como receptor de más de 30 millones de dólares en los registros de la empresa, correspondería a Toledo, hoy arrestado en EEUU a la espera de ser extraditado a Perú. “Sipán”, serían o bien Velásquez Quesquén o bien Simon.
El interrogatorio culminó tan sólo con la entrega de “información parcial” de Barata sobre un listado de 71 nombres.
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