La comunidad de São Francisco do Mainã, que paró un proyecto de superpuerto, ilustra la labor de la Iglesia católica para defender a los más vulnerables y preservar la naturaleza
Las vicisitudes de esta aldea ilustran por qué el Papa ha convocado un sínodo dedicado a la región que acoge el mayor bosque tropical del mundo, que ha inaugurado este domingo en el Vaticano con críticas a “los fuegos impulsados por el lucro que han devastado la Amazonia”. Tras reconocer el papel de la Iglesia católica en la colonización, ha proclamado: “Dios nos guarde de la avaricia de los nuevos colonialismos”. Un discurso que choca frontalmente con el del presidente brasileño que esta misma semana advirtió: “El interés en la Amazonia no es el indio o el puto árbol, son los minerales”.
Durante tres semanas, 184 obispos y 35 invitadas sin derecho a voto debatirán si abrir la puerta a los curas casados y a las diáconas, pero también cómo proteger a los 37 millones de personas que viven en esta región que se extiende por nueve países y tiene un tamaño superior a la Unión Europea. Para la jerarquía eclesiástica local la justicia social es indisociable de la preservación ambiental y el trabajo pastoral. “Nuestra misión también es ayudar (a las poblaciones más marginadas) a que se organicen, despertarlos a la ciudadanía para que reclamen sus derechos, para que acudan a los tribunales y reclamen a sus diputados”, explica en Manaos el diácono permanente Afonso Brito, de Cáritas.
“Tuve que ir a Brasilia al menos tres veces”, recuerda el aldeano Da Silva sobre sus litigios, sentado en círculo junto a otros vecinos (varios de su propia familia) con los que comparte la gestión comunitaria. A dos pasos, una capilla católica. Cuando lograron legalizar sus tierras “fue cambiando el rumbo y las piezas comenzaron a encajar”, asegura. Por eso las poblaciones nativas y quienes defienden sus derechos ven con profunda preocupación la promesa del presidente de Brasil de no “demarcar un centímetro más de tierra indígena” que reiteró ante el mundo en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI), vinculado a la Conferencia Episcopal brasileña, reveló recientemente que, según datos preliminares, las invasiones de tierras indígenas se han duplicado con el ultraderechista en el poder, un incremento que vincula con su discurso. Adriana Acevedo, una de las coordinadoras regionales de la CIMI, sostiene en Manaos que “los indígenas de todo Brasil viven una situación extremadamente preocupante desde el momento en que un Gobierno de extrema derecha, fascista, que ya en campaña prometió que no demarcaría más tierra indígena, que se esforzaría para revisar la ya demarcada y abrir las tierras que los indígenas tienen en usufructo exclusivo, según la Constitución, para que sean explotadas por terceros”, recuerda en un receso de una reunión preparatoria del sínodo que empieza el próximo día 6 en Roma. Para ella la amenaza es clara: “Propone un Gobierno mínimo con máxima libertad para los poderes económicos”, algo que la Iglesia católica considera intolerable. A sus ojos, los indígenas deben decidir cómo quieren vivir en esas tierras.
Acevedo explica que, como muestran las imágenes de satélite, las áreas donde la Amazonia está mejor conservada coinciden precisamente con las reservas indígenas. “Ellos hacen un servicio a la humanidad”, sostiene antes de hilar un discurso demoledor contra el sector agropecuario —el motor de las exportaciones— porque “no produce alimentos, está basado en el monocultivo de soja, etanol… que usa pesticidas que afectan a la salud”. Con un presidente que criminaliza a las ONG, los activistas viven en un clima intimidatorio. Subraya que el sínodo “también es un mensaje político al mundo de que la Iglesia está junto a los pobres”.
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