Debido a ella el país pierde, es decir todos los ciudadanos pierden, ya que deben pagar grandes sobreprecios por las obras públicas.
En realidad existe en el país desde hace muchas décadas, o desde siempre, la corrupción chica y grande, la de montos pequeños y la de grandes. La primera concierne a los funcionarios públicos en su relación con los ciudadanos comunes cuando realizan sus trámites corrientes. La segunda, comprende a los altos funcionarios en su relación con personajes encumbrados, con empresarios grandes y medianos, nacionales o extranjeros, en casos sobre todo de contratos públicos y de transacciones importantes.
La corrupción es particularmente dañina para una economía subdesarrollada como la boliviana. Debido a ella el país pierde, es decir todos los ciudadanos pierden, ya que deben pagar grandes sobreprecios por las obras públicas (carreteras, escuelas, hospitales), o los bienes comprados tan necesarios para el desarrollo económico y el bienestar de la población.
La corrupción estatal es uno de los principales factores que contribuyen al subdesarrollo económico y social, así como a la pobreza.
Anteriormente, durante muchas décadas, la corrupción constituía una de las ocupaciones principales de las altas autoridades. Algunas veces, por los graves escándalos, se llegaba a conocer los nombres de los personajes y de las redes involucradas. En Bolivia la corrupción ha sido, y al parecer continúa siendo, la vía de acceso a la riqueza de algunos personajes y estratos sociales como las “burguesías rentistas”.
En los últimos quinquenios, la corrupción se multiplicó probablemente debido a la instauración del sistema de “contratación directa” de inversiones públicas, operado directamente por las altas autoridades del poder ejecutivo, con poco control. Alrededor del 70% del presupuesto anual para inversión pública es ejecutado bajo esta modalidad.
En otros programas sociales, como en el caso del Fondo Indígena, eran los directores, muchos de origen indígena, los que recibían los fondos millonarios en sus propias cuentas personales y los que decidían sobre su destino. La ausencia de transparencia constituye la regla en otros casos.
Como veremos a continuación, los programas de los frentes políticos más importantes que participan en las actuales elecciones presentan diferencias milimétricas en cuanto a la corrupción.
El MAS propone “modernizar los sistemas de trámites, licitaciones y adjudicaciones” de contratos, con el objeto de impedir las “oportunidades de corrupción” que proliferan cuando los procesos son largos, complicados y burocráticos. Probablemente pretende simplificar aún más su sistema de contrataciones.
El frente Comunidad Ciudadana plantea “crear un nuevo tipo de gestión pública” y una “instancia colegiada desconcentrada y autónoma” que promueva un “plan integral de transparencia”. No se ve cómo se podría transparentar el proceso.
Por su parte, Bolivia Dice No propone “reformar el sistema de justicia” y fortalecer la “función fiscalizadora del órgano legislativo”. En este caso se podría politizar aún más el sistema de controles.
Visiblemente las propuestas se muestran superficiales y no van al fondo, no son de carácter estructural. En realidad, el fondo es la deficiente formación profesional y moral de la gran mayoría de los funcionarios medios y altos del Estado, es decir, la formación de los operadores directos de las diversas instituciones de la administración pública.
Durante los cinco años o más de su estadía en las universidades, principalmente en las universidades autónomas y de “cogobierno docente-estudiantil”, los estudiantes pasan su vida luchando en favor de sus propias “roscas de lucro” (grupos políticos que operan en las facultades) contra otras roscas similares.
Las luchas perpetuas son realizadas para tomar electoralmente el poder de las carreras y facultades, lo que permite el acceso al botín presupuestario y de múltiples prebendas a los jefes triunfantes (control del presupuesto, viajes, becas y empleos para sus hijos y parientes). Permite igualmente a los estudiantes beneficiarse con los “favores” de los jefes de las roscas consistentes en buenas notas sin estudiar, faltar a clases, becas, financiamientos diversos, empleos, etcétera.
Lo que aprenden los estudiantes durante estas luchas perpetuas son las triquiñuelas, chicanerías y diferentes destrezas y hábitos deshonestos que se utilizan diariamente contra otras roscas lucrativas. Después de “titularse” la mayoría de estos profesionales ingresa en masa a las instituciones del Estado donde su principal función, no de todos, es prestar un servicio profesional deficiente, pero sobre todo, de “organizarse en roscas”. Muchos son, lamentablemente, permeables a las incitaciones de prácticas deshonestas.
Las oficinas de contratación de bienes y servicios que licitan los proyectos y contratos son las preferidas por estos “servidores públicos”. En otras oficinas, los profesionales reproducen las prácticas asimiladas anteriormente para burlar los requerimientos de eficiencia.
O sea que el problema de fondo de la corrupción no se encuentra simplemente en las modalidades normativas y de control técnico de la gestión pública, como lo afirman los frentes y partidos políticos, sino en la formación del “capital humano” que ejerce funciones profesionales en el Estado. El problema para un país como Bolivia es que las universidades autónomas principalmente no tienen estructuras académicas adecuadas para formar el “capital humano sólido” para enfrentar las estructuras sociales de la corrupción.
Fuente: https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/10/6/la-corrupcion-los-frentes-las-elecciones-233104.html
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