Por segundo día catalanes se enfrentan a Policía en España

Unos 40.000 manifestantes protagonizaron una fuerte protesta y los efectivos se enfrentaron a la multitud, que reaccionó con botellas, petardos y bengalas.

Manifestantes independentistas catalanes se enfrentaron ayer con la Policía por segundo día consecutivo en las protestas para denunciar la condena de varios de sus líderes a elevadas penas de cárcel por el Tribunal Supremo español.

Al atardecer, las asociaciones independentistas convocaron manifestaciones con velas frente a las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades catalanas que, en Barcelona, reunió a unas 40.000 personas, según la Policía municipal.

La Policía cargó contra unos cientos, entre ellos muchos jóvenes con la cara tapada, que lanzaron botellas, petardos y bengalas e incluso hicieron fogatas enfrente del cordón de seguridad montado frente al edificio, constató un periodista de la AFP.

En la televisión regional mostraron también cargas policiales en la protesta en Tarragona, 100 km al suroeste. Antes se habían interrumpido vías férreas y numerosas carreteras, entre ellas la autovía AP-7 que conecta España con Francia y la A-2 entre Barcelona y Madrid.

“Es imparable la movilización, esto va a seguir”, advertía Javier Martínez, un empleado de banca de 60 años en la protesta de Barcelona. “Hay que intentar forzar que haya un diálogo y que el Estado se siente a hablar”, añadía.

“Ahora mismo no veo posible un referéndum pero para eso tenemos que estar en la calle, para que pueda ocurrir”, decía unos metros más allá Gemma Gelpí, de unos 60 años.

Inspirados en Hong Kong

En la víspera, la misteriosa asociación Tsunami Democrático había llamado a paralizar el aeropuerto de Barcelona.

Queriendo imitar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, unas 10.000 personas según el Gobierno español acudieron en vehículos, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal.

Durante horas se enzarzaron contra la Policía que custodiaba el aeropuerto, que cargó repetidamente y disparó balas de goma y de espuma.

Unas 115 personas fueron atentidas médicamente en el aeropuerto, entre ellas un manifestante que perdió la visión de un ojo por una herida “compatible” con una pelota de goma, según fuentes sanitarias.

La movilización continúa hoy (miércoles) con el inicio de unas marchas desde diferentes puntos del territorio que el viernes deben converger en Barcelona, coincidiendo ese día con una “huelga general”.

“Las condenas lo que hacen es abrir un nuevo ciclo político”, dijo el presidente del Parlamento regional, el independentista Roger Torrent, a la AFP.

En este ciclo, el independentismo debe crear las condiciones “para que al Estado inasumible cronificar el conflicto y no tenga más remedio que sentarse en una mesa de diálogo”, insistió.

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo decretaron penas de prisión de entre 9 y 13 años para nueve implicados en el intento de secesión de octubre de 2017. La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación.

Tres antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 12 años; otros dos exconsejeros, 10 años y medio; la expresidenta del Parlamento regional, 11 años y medio, y dos líderes del activismo separatista, nueve años.

Además la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto por sedición y malversación  contra el expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del intento de secesión. El Supremo consideró que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia supusieron una sublevación para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y la ley.

Bruselas espera orden contra Puigdemont

La Fiscalía de Bruselas anunció ayer en un comunicado   que espera que la justicia española entregue la próxima semana una traducción de la euroorden contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para proceder a su “análisis en profundidad”.

“Vista la complejidad del dossier y las dos órdenes de entrega europeas emitidas precedentemente contra Puigdemont, el dossier requiere un análisis en profundidad”, ha señalado el Ministerio Público belga.

El juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena cursó el lunes, una orden europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, por los delitos de sedición y malversación, apenas unas horas después de que el alto tribunal notificase la sentencia en la que condena a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve políticos independentistas. EFE
El aeropuerto de Barcelona retorna a la normalidad

 

El aeropuerto de Barcelona retornó  a la normalidad después del bloqueo  que sufrió el lunes por parte de manifestantes que protestaban contra la sentencia judicial contra líderes independentistas catalanes.

Un total de 20 vuelos están cancelados ayer, frente a los más de cien del lunes. Varios centenares de personas pasaron de noche en las instalaciones durmiendo en sillas o en el suelo de la Terminal 1 ante la imposibilidad de volar.

El aeropuerto fue escenario de la ocupación por parte de miles de manifestantes, parte de los cuales se enfrentaron violentamente durante la tarde y parte de la noche a los agentes de la policía regional catalana que acudieron a intentar restablecer la normalidad de las operaciones.

Las protestas  terminaron con 131 heridos, 115 de ellas en el aeropuerto, y 27 fueron trasladados a hospitales.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, declaró  que la actuación de la Policía regional catalana y las fuerzas de seguridad del Estado se desarrolló con “proporcionalidad, profesionalidad y eficacia” para restablecer el orden y la seguridad en Cataluña.

En otras infraestructuras, continúa habiendo algunos problemas en varias vías férreas debido a daños y sabotajes en algunas instalaciones.

El Gobierno catalán tiene previsto celebrar  una reunión  para acordar una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que acordó penas de entre 9 y 13 años de cárcel para nueve líderes del ilegal intento independentista   de 2017.

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