Manifiesto al país
Nosotras y nosotros que, en diferentes momentos de la historia, hemos asumido responsabilidades en la conducción de la economía y la planificación pública, y que hemos estado vinculados permanentemente a la academia, la investigación científica y la acción política comprometida con la búsqueda de un mejor Ecuador, y ante el proyecto de ley antes mencionado y enviado con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2019, expresamos:
• Nuestra profunda preocupación por las reformas contenidas en este proyecto de ley que responden de manera rígida a las condicionalidades establecidas por el FMI en la Carta de Intención suscrita con el Ecuador en marzo de 2019. Estas son reformas que no nacen de las necesidades estructurales de la economía ecuatoriana sino de la imposición de un acuerdo cuya transparencia y pertinencia constitucional ha sido cuestionada.
• Las reformas fiscales contenidas en el proyecto de ley no son transparentes, no cuentan con el debido análisis de impacto fiscal, y no responden a un programa económico integral con metas claramente definidas. Además, desarticulan el andamiaje institucional diseñado para la política fiscal en contexto de dolarización, y añaden un conjunto de reformas denominadas “Reglas Fiscales” que debilitan el financiamiento para la garantía de derechos a la salud, educación, inclusión social y seguridad interna y externa. Vemos con asombro la forma a través de la cual esta propuesta de Ley pretende criminalizar y judicializar el incumplimiento de estas reglas fiscales hechas para mantener la austeridad fiscal. También vemos con sorpresa el chantaje previsto en la Ley contra todas las instituciones del sector público que no acaten estas reglas fiscales.
• Esta propuesta de Ley irrespeta el estatuto de autonomía que tiene el sistema de seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados y el sistema de empresas y banca pública. Asimismo, contra todo principio de transparencia, se pretende declarar reservada la información tributaria, lo que representa un retroceso enorme respecto a la situación actual, con lo cual este proyecto de Ley busca ocultar los datos sobre grupos económicos y obligaciones, sobre todo, de los grandes contribuyentes. Además, se incrementan los beneficios tributarios y se promueve el blanqueo de capitales no declarados.
• Además de estos severos e inconvenientes cambios propuestos para el área fiscal, plantea modificaciones extremadamente preocupantes del Código
Orgánico Monetario y Financiero. Estas pretenden otorgar autonomía “institucional” al Banco Central del Ecuador en una clara contradicción con el Art. 303 de la Constitución. Crea un Directorio del Banco Central, cuyos miembros son nombrados por el Presidente de la República para un periodo que trasciende el del propio mandatario, y abre la posibilidad de que esté compuesto por personajes que provengan del sector bancario y financiero privado y elimina la necesaria rendición de cuentas ante el espacio democrático como es la Asamblea Nacional. Pero, además, propone la modificación del Art. 118 que obliga a los bancos privados a constituir una Reserva Mínima de Liquidez y deroga el Art. 120 que obliga a que un porcentaje importante de esta reserva esté en el país, ambos requisitos actualmente obligatorios que contribuyen a sostener el sistema de dolarización. Cambia, además, la conformación de la Junta de Regulación y la abren a la participación de intereses corporativos para el manejo de la liquidez monetaria, la desaparición del directorio del COSEDE, la eliminación de los artículos 124 y 125 que permiten la inversión de los excedentes de liquidez en áreas como la promoción de exportaciones e innovación, debilita a la banca pública y establece un uso limitado del instrumento de las tasas de interés.
• En un hecho inédito en la legislación del país, este proyecto de Ley, incorpora un articulado que hace explícita referencia a una “crisis sistémica”, que puede crear un escenario de riesgo moral para el comportamiento de los bancos privados. La teoría económica y la experiencia histórica indican que una crisis sistémica no está relacionada con choques externos ni con problemas coyunturales internos de la economía, sino con fenómenos que nacen desde el sector financiero, contagian al sector monetario y, finalmente, impactan a toda la estructura productiva. La crisis de los años 1999-2000 fue una “crisis sistémica”. En otros términos, tenemos la preocupación que las reformas propuestas por el gobierno y que serán tratadas y, probablemente aprobadas por la Asamblea Nacional, puedan generar un escenario de “crisis sistémica”, que en el caso de nuestro país impactaría en la viabilidad del sistema de dolarización y, por tanto, en toda nuestra economía.
Ante el pedido mayoritario de sectores sociales que demandan por la paz y la estabilidad y el deber que tienen todas las funciones del Estado de garantizar la transparencia en todos sus actos, creemos que la Asamblea Nacional en un acto de responsabilidad con la sociedad, debe abstenerse de discutir estas reformas, y debe devolverlas al Ejecutivo.
Exhortamos a un diálogo amplio y real, con todos los sectores sociales, que incluya a la academia, a la iglesia, entre otros, con el fin de acordar un Proyecto de ley que responda a las necesidades del país, especialmente las relacionadas con la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y la justa distribución del ingreso.
Confiamos en que los legisladores de todas las bancadas, reflexionen profundamente y actúen con la sensatez, el patriotismo y la responsabilidad que el momento histórico requiere.
Dr. Pablo Dávalos
Econ. Carlos De la Torre Econ. Diego Borja
Dr. Pedro Páez
Econ. Katiuska King
Dr. Andrés Mideros
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