por Álvaro Sanabria Duque
La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.
La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.
“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.
En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.
Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.
Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.
El camino hacía los límites
Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.
La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.
De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.
El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).
La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.
Las clases trabajadoras al borde del abismo
El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.
En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.
El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.
Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.
Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.
El multimillonario Warren Buffet, al expresar que «Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando», dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.
En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?
Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38282-el-retorno-de-los-motines-de-subsistencia.html
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