La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, funda la Asociación de Víctimas del Paro Nacional “Inocencio Tucumbi” cuyo objetivo fundamental es evidenciar las graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la represión estatal a las protestas en el territorio ecuatoriano, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019; la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas individuales y colectivas; y, sobre todo, como un ejercicio de construcción de la memoria de todo lo ocurrido durante la represión estatal y en los actuales momentos de criminalización, persecución y estigmatización a la protesta.
A pesar de las aseveraciones de las instituciones del Estado de negar el uso excesivo de la fuerza pública contra manifestantes, la responsabilidad de estas muertes violentas debe ser investigada, no pueden ser olvidadas ni encubiertas, el gobierno nos debe una explicación, la verdad es el primer paso a la justicia, y la CONAIE junto a su asociación de víctimas emprenderá las acciones necesarias para lograrlo.
Mediante un proceso asambleario se decidió bautizar como un acto de reconocimiento a las víctimas llevar el nombre de Inocencio Tucumbi, dirigente comunitario del pueblo Kichwa Panzaleo de la provincia de Cotopaxi, que fue la primera víctima mortal del levantamiento, su muerte es consecuencia de la arremetida policial en un ataque que se produjo a una zona de paz por parte de la fuerza pública, sin embargo, la versión del Estado ha sido insistir en que se “cayó” intentando trepar a una casa, que fue un accidente. Su muerte será un símbolo de resistencia y tenacidad en la búsqueda de la verdad.
El Estado ha intentado deslegitimar nuestra lucha, culpar a las víctimas de ser las causantes de las agresiones, ha ocultado información, nos ha negado la verdad, razón por la cual la primera acción jurídica que tomaremos es ante la Corte Constitucional una petición de Desclasificación de Documentos con Carácter de Reservada, Secreta y Secretísima.
Exigimos saber la verdad, entre otros interrogantes, quién ordenó y ejecutó las detenciones masivas, arbitrarias e indiscriminadas, cuáles fueron las labores de inteligencia y contrainteligencia, acciones de seguimiento contra dirigentes sociales, notas diplomáticas con otros Estados, se recibió o no apoyo militar y logístico de otros Estados, a más de otra información relevante para esclarecer la actuación del gobierno y el Estado.
De esta forma se insta a las instituciones del Estado a cesar de inmediato la persecución a dirigentes y manifestantes mediante el uso indebido del derecho penal y de la construcción de discursos amparados en la discriminación, la estigmatización y la mala fe.
Instar al Estado Ecuatoriano que de manera eficiente y efectiva garantice la vida, integridad y seguridad de todas las personas que nos hemos manifestado y ejercido nuestros derechos y libertades públicas, sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial contra dirigentes del movimiento indígena, niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Se insta también al Estado con un plazo determinado a iniciar investigaciones independientes sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública y alentadas o dispuestas desde el Ejecutivo, todos los funcionarios que por acción directa u omisión hayan tenido responsabilidad deberán ser debidamente sancionados por tribunales independientes y sin que medien fueros especiales o excepcionales.
Be the first to comment