Por Rubén Lo Vuolo*
Del análisis de El capital en el siglo XXI puede inferirse la importancia del trabajo de Piketty y sus colegas para el debate contemporáneo sobre los modos en que se organiza la economía y la sociedad, como así también en relación con las políticas públicas. Las evidencias que surgen de las series históricas presentadas y analizadas en este libro (y en otros trabajos) son un aporte muy valioso al debate sobre la distribución de las riquezas y los ingresos en nuestras sociedades. Entre otras cosas, esas series registran ciertas regularidades entre diferentes variables representativas de la evolución económica y social, las cuales exponen períodos de mayor y menor desigualdad en los países estudiados. De allí, la conclusión principal del libro es que la tendencia normal de largo plazo en nuestras sociedades es hacia una mayor desigualdad distributiva que se proyecta hacia el futuro.
Piketty sugiere que estudiar el modo en que evolucionó la desigualdad económica a lo largo de la historia es una forma no sólo de comprender la evolución política y social pasada, sino también de entender problemas contemporáneos. Las tendencias observadas no son iguales en todos los países a lo largo de la historia y encuentran múltiples explicaciones que no son sólo económicas. En particular, el estudio detecta acontecimientos excepcionales, así como arreglos institucionales y políticas públicas cambiantes que impactan sobre la distribución de los ingresos y de las riquezas. De allí se concluye que las mejoras distributivas han sido la excepción en la historia y que la normalidad en los países estudiados es la tendencia hacia la concentración de capital/riqueza. La curva en forma de U que registra la desigualdad distributiva sugiere que luego de un período excepcional donde parecía que las fuerzas igualadoras prevalecían, hace décadas se retomó la tendencia creciente de la desigualdad distributiva al punto que los indicadores muestran un escenario parecido al de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para el siglo XXI se avizora la profundización de estas tendencias hacia una mayor desigualdad salvo que se apliquen políticas públicas especialmente en el campo tributario.
El análisis y las conclusiones expuestas en El Capital en el Siglo XXI marcan un hito en los estudios sobre el tema. En particular, me interesa aquí marcar su relevancia para el debate en torno a la propuesta del Ingreso Ciudadano. En breve, el análisis de Piketty ofrece variados elementos para defender una propuesta que busca garantizar universalmente un ingreso básico incondicional y financiado con políticas tributarias progresivas. Más aún, tanto los trabajos de investigación de Piketty y sus colegas, como los que se desarrollan en relación la propuesta del IC tienen muchos puntos en común. De hecho, tanto el impuesto global sobre la riqueza que propone Piketty, como el IC son propuestas criticadas por considerarlas “utópicas”. En general, todos los modos de imaginarse formas de organización social diferentes a las actuales aparecen como utópicos para el pensamiento y el poder establecidos como “saber convencional”. Pero, como lo demuestra Piketty, el verdadero problema no son las propuestas alternativas sino la continuidad de la tendencia creciente de la desigualdad distributiva. Las correspondencias entre ambas agendas de trabajo se dan en varios frentes. Por ejemplo, al igual que Piketty, también los defensores del IC entienden que las tendencias actuales no son hacia la convergencia de patrones distributivos más igualitarios, y proponen cambios en las políticas públicas a fin de fortalecer el poder de la ciudadanía frente al capital. El principal es la garantía de un ingreso universal e incondicional, integrado en una política fiscal más progresista (Van Parijs, 1992; Van Parijs et al., 2002; Barbeito, 1995). En defensa de estas propuestas, ambas corrientes de trabajo entienden que es necesario reemplazar las tradicionales políticas públicas que en su momento sirvieron para sustentar períodos con tendencias hacia una menor desigualdad.
Las tradicionales instituciones del Estado de Bienestar, incluyendo las políticas propias de la regulación del mercado laboral, ya no están en condiciones de garantizar protección, bienestar y mayor igualdad a las personas (Standing, 1992; Van Parijs, 1994). El pesimismo de Piketty sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y las mejoras distributivas derivadas de la difusión de conocimiento, es compartido por los defensores del IC. Por ejemplo, los defensores del IC también entienden que el crecimiento sostenido y el pleno empleo (masculino) es sólo un episodio en la historia del capitalismo y que el período de reducción de la desigualdad ha sido circunstancial (Lo Vuolo, 1995). Para los propulsores del IC, el crecimiento y la creación de empleo no son una solución viable para garantizar ingresos básicos universales y reducir la desigualdad. Por lo tanto, su propuesta es que los programas públicos de empleo y de seguro social deben sustituirse por políticas universales e incondicionales. Lo que se necesitaría es avanzar hacia sistemas de protección social “no productivistas” y desenganchados de las posiciones de las personas en el mercado de empleo (Offe, 1995; 2008).
Asimismo, las conclusiones de Piketty acerca de la concentración de riqueza en el grupo de personas que ocupa el lugar más alto de la jerarquía distributiva, llevan inmediatamente a pensar políticas distributivas que favorezcan a quienes están peor situados en esa distribución. Lo más relevante es el siguiente punto que Piketty reafirma: no se trata sólo de transferir algunos ingresos a los más pobres, sino de impedir que los ricos acumulen cada vez más riqueza. El IC califica muy bien como política que busca garantizar un piso de ingreso financiado por impuestos progresivos. En este punto es interesante observar que, así como al IC se le critica su universalidad en tanto no discrimina entre ricos y pobres, al impuesto global a la riqueza de Piketty también se lo critica por gravar universalmente a todas las formas de capital/riqueza. En gran medida, esto se debe a la observación aislada de cada política sin comprender la importancia de la integralidad de cada medida en un paquete de políticas públicas consistente en la búsqueda de impactos distributivos progresivos.
En el caso del IC la universalidad combinada con la incondicionalidad es la garantía de que todas las personas recibirán el beneficio; en el caso del impuesto a todas las expresiones de riqueza, la universalidad sin excepciones es la garantía para que las personas no puedan eludir el impuesto con cambios de las formas de riqueza permanentes. Las eventuales distorsiones se pueden corregir con otras medidas. Otro aspecto relevante es el énfasis que Piketty coloca en demostrar que la posición de las personas en la sociedad depende fundamentalmente de su nacimiento. Este aspecto también es resaltado por los defensores del IC que justifican su propuesta, entre otras cosas, señalando que las diferencias al nacer limitan la autonomía de las personas y marcan diferencias irrecuperables en el mercado de empleo. Si, como afirma Piketty, la desigualdad no es el resultado de los méritos expresados en el mercado de empleo, entonces no tiene sentido que todo el ingreso de las personas dependa de su posición en el mercado de empleo. Más aún cuando Piketty demuestra que uno de los principales determinantes de la desigualdad es la herencia. De hecho, las conclusiones de Piketty acerca de la concentración de la riqueza y la importancia de la herencia en este proceso, favorecen también otras propuestas que a veces se presentan como alternativas al IC. Así, es evidente que, del análisis expuesto en El Capital en el Siglo XXI, se refuerza la propuesta conocida como la “herencia ciudadana” [citizen´s inheritance] (Ackerman y Alstott, 1999). Esta propuesta sugiere que todos los ciudadanos norteamericanos deberían recibir una subvención [grant] al momento de iniciar la vida adulta (digamos, 18 años). Esta subvención (estimada originalmente en u$s 80.000) sería un pago por única vez financiado por impuestos sobre la riqueza y la herencia, y sobre el cual las personas tendrían libertad de uso. De este modo se buscaría igualar las desigualdades generadas por el traspaso de generación en generación de las fortunas personales. En cualquier caso, el análisis de Piketty refuerza la idea acerca de la necesidad de tener una visión “integrada” de la acción fiscal para revertir las tendencias hacia una mayor desigualdad, en tanto el énfasis no está puesto tanto en la distribución del gasto público sino en la política tributaria.
Este es un mensaje importante para los defensores del IC en tanto la forma operativa del mismo se sostiene en esa visión integral de la acción fiscal del Estado. El “piso” de ingresos del IC se corresponde con un crédito fiscal de forma tal que lo que interesa es la posición neta frente al fisco de los contribuyentes. Organizado junto con un impuesto progresivo, es claro que quienes gozan de mayores ingresos lo devolverían por vía de un sistema tributario progresivo (Barbeito, 1995). Como argumento en otro trabajo (Lo Vuolo, 2013), una definición completa y funcional del IC debería incluir la necesidad de que funcione como crédito fiscal financiado por políticas tributarias progresivas. Las formas operativas de las políticas públicas que busquen revertir las tendencias hacia la desigualdad, son motivo de discusión y deberán adaptarse a cada experiencia particular. Al impuesto progresivo a los ingresos, se puede agregar variantes del impuesto al capital riqueza, incluyendo un impuesto a las herencias, como fuentes de financiamiento del IC. De hecho, Piketty sugiere que el impuesto progresivo a la herencia fue una de las mayores innovaciones fiscales del Siglo XX que también ha sido desafiada en las últimas décadas. En la misma línea Piketty señala que un impuesto a los ingresos es complementario de un impuesto a la riqueza, puede afirmarse que un IC es complementario de ambas políticas. En cualquier caso, es claro que con una sola política no pueden resolverse los creciente problemas de la desigualdad de riquezas y de poder entre las personas, sino que son necesarias varias políticas consistentes entre sí (Cassasas y De Wispelaere, 2015). No se trata solo de pagar un beneficio universal e incondicional. Hay que aplicar muchas políticas consistentes para revertir las tendencias hacia la desigualdad, empezando por un sistema impositivo progresivo.
Finalmente, si el análisis de Piketty expuesto en El Capital en el Siglo XXI es importante para observar lo que pasa en los países centrales y cómo resolver sus tendencias a la desigualdad, también lo es para los países latinoamericanos. De hecho, los trabajos que estudian la concentración de la riqueza en algunos países de la región, confirman las tendencias destacadas por Piketty y sus colegas (Alvaredo, 2010; Alvaredo y Londoño Vélez, 2013) como así también la baja recaudación en los grupos más ricos de la distribución (Jiménez, 2015; Gómez Sabaini y Rossignolo, 2014). No es de extrañar, en tanto América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y donde la política fiscal no genera impactaos redistributivos progresivos para corregir las fuerzas el mercado. En particular, se observa una seria deficiencia en la recaudación de los impuestos progresivos, particularmente el que recauda sobre la renta y las riquezas de las personas. Así, hoy en día en la región los problemas de la desigualdad se pretenden resolver con programas de transferencia condicionados de ingresos hacia los grupos más pobres. Más allá de las críticas que puedan hacerse a esos programas en relación, entre otras cosas, con sus bajos impactos distributivos, del trabajo de Piketty y de la propia historia se concluye que para resolver el problema se debe afrontar el rechazo de las elites a pagar impuestos, sobre todo aquellos impuestos directos sobre el ingreso, el capital, las rentas y la herencia. Desde este modo de observación, puede concluirse que los avances registrados en años recientes en materia distributiva corren el riesgo de ser un episodio “anormal” en la tendencia histórica hacia una mayor desigualdad.
Un episodio sostenido en condiciones excepcionales del ambiente externo e interno, pero que no tiene bases sólidas de sustentación a poco que cambien esas condiciones. Un cambio de tendencia requiere un cambio profundo de políticas públicas que no pase sólo por retomar el crecimiento sino fundamentalmente por políticas tributarias y políticas públicas en general que reduzcan la tasa de retribución a la riqueza cada vez más concentrada.
Referencias bibliográficas:
-Ackerman, Bruce y Alstott, Anne (1999) The Stakeholder Society (New Haven, Yale University Press).
-Alvaredo, Facundo y Londoño Vélez, Juliana (2013) High Income and Personal Taxation in a Development Economy: Colombia 1993-2010. Center for Inter-American Policy & Research, Tulane University, 12.
-Barbeito, Alberto (1995) ‘La integración de los sistemas de transferencias fiscales como instrumento de integración social’, en R. M. Lo Vuolo (ed.), Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila / Ciepp, 169-220
-Casassas, David y De Wispelaere, Jurgen (2015): «Republicanism and the Political Economy of Democracy», European Journal of Social Theory, forthcoming.
-Gomez Sabaini, Juan Carlos y Rossignolo, Darío (2014) “La tributación sobre las altas rentas en América Latina”, Serie Estudios y Perspectivas. Santiago de Chile, CEPAL.
-Jiménez, Juan Pablo (2015) Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile.
-Lo Vuolo, Rubén (2013) ‘Introduction’, en R. M. Lo Vuolo (ed.), Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America. From cash transfers to rights. New York: Palgrave-McMillan.
-Lo Vuolo, Rubén (1995) ‘La economía política del ingreso ciudadano’, en R. M. Lo Vuolo (ed.), Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila / Ciepp.
-Offe, Claus (2008) ‘Basic Income and the Labor Contract’, Basic Income Studies, 3 (1). Offe, Claus (1995) “Un diseño no productivista para las políticas sociales”, en Rubén Lo Vuolo (ed.), Contra la Exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Ciepp/Miño y Dávila. Segunda edición: 2004.
-Standing, Guy (1992) ‘The Need for a New Social Consensus’, en P. Van Parijs (ed.), Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform. London, UK: Verso.
-Van Parijs, Philippe (1992) ‘Competing Justifications of Basic Income’, en P. Van Parijs (ed.), Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform. London, UK: Verso.
* Este texto es un pasaje recortado por Revista Ignorantes, con autorización del autor, de “El Capital en el Siglo Veintiuno de Thomas Piketty, la desigualdad distributiva y el Ingreso Ciudadano”, publicado por el CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas), en octubre de 2015. Para acceder al trabajo completo:
* Economista (Universidad del Litoral y Universidad de Pittsburgh), Investigador principal de CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas). Fue miembro del Directorio del Banco Ciudad (2006-2008). Preside la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic). Publicó Distribución y crecimiento. Una controversia persistente (2009), Estrategia económica la para la Argentina. Propuestas (2003), Alternativas. La economía como cuestión social (2001).
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