Glovers del Ecuador: abuso policial y otras cachetadas de la pandemia

La realidad de lxs Glovers en el Ecuador –y de todxs lxs repartidorxs objetizadxs por las plataformas uberizantes de la economía nacional y global- se vuelve, en plena pandemia, un desbordante amasijo de abusos y omisiones que se escurren vagamente entre las manos de quienes han de garantizar los derechos de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado. La negligencia estatal se vuelve el perfecto compadre de lxs carroñerxs que entran en escena cuando la miseria corroe los estómagos y nubla las conciencias.

Por: Jone Bilbao Lopez de Armentia.

“La fiscal le llamó la atención al agente de seguridad en la unidad de flagrancia y me dejaron libre”, narra Yuli Ramírez, vocera del movimiento de lxs Glovers organizadxs del Ecuador, tras haber sido víctima de abuso en manos de las fuerzas policiales y militares del Estado. La detuvieron en el sector del Condado, exactamente en la Occidental y Francisco Rumihurco –Santa María y KFC- en Quito, cuando, guiada por la indignación y desde su sentir de responsabilidad para con la lucha por los derechos de lxs trabajadorxs, relegó sus quehaceres del momento para capturar, con su celular, una escena de abuso de autoridad flagrante contra un grupo de personas que suelen vender en los semáforos.

“A eso de las 10h00, aproximadamente, llegan sentido Sur-Norte por la Occidental (sector el Condado, parroquia Cotocollao), Agentes de Policía, Tránsito, Ejército y los Agentes Metropolitanos de Control (AMC)” relata la vocera de Glovers Ecuador, “y la comunidad indignada observa que con agresividad y abuso de autoridad les quitan las mercancías de trabajo, y a varios los logran detener y sentarlos en la acera con las manos en la cabeza”. Es entonces cuando Yuli se dispone a captar con la cámara de su celular la injusticia de la que está siendo testigo; lo que la arrastrará, en represalia de su acto de denuncia –lo cual denota una clara manifestación de retaliación patriarcal ejemplarizante con tintes xenófobos y misóginos- a la marea bruta de la violencia policial que todo se lo lleva pero que se ensaña, en especial, con las mujeres trabajadoras venezolanas. Por si hubiera dudas, en los vídeos que logró grabar con el celular que, en pocos segundos, le sería arrebatado a la fuerza de la mano de uno de los agentes, se observa claramente que ella, desde el primer momento, da cuenta de que la lamentable escena está siendo filmada.

“Estas atrocidades no se pueden permitir, mucho menos por parte de estos agentes de seguridad que si bien están realizando su trabajo, hacen mal uso de la fuerza pública y van en contra de todos los Derechos Humanos” declara Yuli con impotencia, antes de agregar un detalle revelador que debiera abrir una dolorosa brecha de reflexión en la conciencia de un pueblo que, aun arrastrando un largo y desgarrador repertorio histórico de episodios de exilio y exclusión, sigue reproduciendo un sentido identitario que pudiera y debiera ser revisado: “cuando me llevaron a la UPC me trataron muy mal, y mientras me trasladaron a Flagrancia los dos agentes se ensañaron conmigo por ser extranjera, más sin embargo me defendí, le pedí al funcionario que se retractara porque estaba equivocado; que yo era activista de derechos humanos y que para mí todos éramos de este mundo y, por ende, humanos; que las limitaciones de frontera la colocábamos nosotros y que, le gustara o no, yo amaba este país como mi segunda casa y que tenía, tal cual, los mismos deberes y derechos que él siendo Ecuatoriano”.

Se la llevaron a la unidad de flagrancia bajo el pretexto de haber cometido una infracción al grabar a las fuerzas policiales en acción sin su consentimiento. Resulta, no obstante, que, de acuerdo con el artículo 471 del Código Integral Penal (COIP), no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de vídeo o fotografías relacionadas con un delito, siempre y cuando se los obtenga en lugares públicos y de libre circulación. Por ende, una vez más, el Ecuador presencia en silencio otro atropello contra los derechos humanos al haber permitido una detención arbitraria, con uso de fuerza, de una ciudadana que ejercía su pleno derecho a la denuncia al haber tratado de grabar las evidencias del abuso.

“No es la primera vez que esto ocurre” apunta Yuli, con una voz que retumba de hastío, del hartazgo que condensa un inabarcable historial de violaciones ignoradas, desdeñadas, pasadas por alto o calificadas como algo común, incluso tolerable, por una sociedad polarizada donde la gente que no pasa hambre ni humillaciones parece haber escalonado a un plano de alteza social desde donde el mal comienza a verse muy chiquito cuando afecta a los escalones que quedaron lejos, en las plantas de abajo.

Los abusos policiales y militares, que siempre permanecieron en el fondo de la secuencia cual ornamento en el que ya nadie repara, toman en las calles petrificadas por el estado de excepción un rol protagónico que ni el soberano del cinismo más obsceno podría ya ignorar. Trabajadorxs que han de salir a las calles por culpa de las condiciones de un sistema que pretende hacer de la enajenación el único medio de supervivencia, motorizadxs que cargan con los recados de quienes van acostumbrándose a la maravillosa vida en que unx dispone, de su comida calientita en la puerta de su casa – ¡en tan solo unos clics!- esquivan, entre vallas, peatones, groserías –a menudo cargadas de una profunda e incomprensible xenofobia- y alguna que otra mirada de desdén, las coimas, impedimentos y maltratos propinados por la autoridad.

Si los policías se corrompen, si los militares violan derechos, ¿qué hacen las instancias gubernamentales a cargo? Quizás se pueda hallar una respuesta en la paradójica doble cachetada del estado de excepción en la que, de un lado, cae con firmeza el peso de la ley, la disciplina ciudadana y el apretón de los cinturones de la economía que bombea deuda multilateral y austeridad; en tanto del otro, llueven los golpes de negligencia y del abandono del ojo que todo lo ve pero, pasó por alto el respeto por los Derechos Humanos y, de paso, la regulación de las plataformas que campan a sus anchas por la maltrecha economía del Ecuador, así como las garantías de lxs falsos autónomos en la tramitación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

La alta burocracia en los hospitales del IESS se frota las manos a la espera de las suculentas mordidas para las que la rosca de las contrataciones pandémicas siempre tendrá reservado su buen lugar. Las unidades de los cuerpos y fuerzas de represión del Estado volverán a parar a cualquier desdichadx por la calle para seguir comprobando que la impunidad no se fue, que efectivamente, no nos abandonó y, de paso, tampoco la corrupción, para extraer de la pandemia y del pánico social algún que otro capricho patrocinado por el gobierno dirigido por Lenin Moreno.