Por: Juan Cuvi.
Súbitamente, las grandes coaliciones políticas se han puesto de moda en el país. Por inspiración divina, los políticos se han dado cuenta de que el diálogo y los acuerdos son indispensables para la democracia. Al parecer, olvidan que la idea de asegurar una convivencia colectiva racional a través de la suscripción de un contrato social fue desarrollada hace tres siglos.
El argumento central de estas iniciativas es, grosso modo, la supuesta amenaza de disolución nacional. Dicho de otro modo, el fracaso del Estado liberal como consecuencia de una crisis multisistémica. Ante la eventualidad de que los estallidos sociales se vuelvan una constante y que las cosas se salgan de control, las élites abogan por cualquier salida que perpetúe el statu-quo.
En efecto, los llamados a la unidad nacional suelen aparecer con mayor insistencia cuando los conflictos se vuelven inmanejables y, por ende, cuando los grupos de poder ven afectados o amenazados sus intereses. En tales condiciones, las preocupaciones no se centran en lo que pomposamente se denomina el interés general, sino en la defensa de privilegios muy concretos.
La salvación o la reconstrucción nacional implican, en la práctica, el reencauche de las mismas viejas relaciones de poder, al margen de la retórica conciliadora con que usualmente se los adorna. Si entendemos a la política como el terreno de disputa de diferentes proyectos de sociedad, la idea del consenso político general resulta incompatible. Porque, en esencia, el consenso implica la aprobación de todos los involucrados, propósito imposible mientras existan antagonismos estructurales o relaciones mediadas por la exclusión o la dominación.
En ese sentido, más pertinente resulta hablar del manejo creativo de los conflictos sociales, algo frente a lo cual las élites mantienen una crónica reticencia, porque implica el reconocimiento de los argumentos y derechos de los subalternos. Desde la lógica de los poderes reales, los acuerdos amplios tienen sentido únicamente en la medida en que les sirven para mantener su hegemonía. En caso contrario, solo cumplen una función ritual: adscribirse a una formalidad institucional y proyectar una imagen dialogante que les permite legitimarse a los ojos del pueblo.
No es casual, por lo dicho, que varias de las iniciativas en favor de los acuerdos, pactos, coaliciones, diálogos o consensos de carácter nacional provengan de la derecha política, donde la consulta de Jaime Nebot cumple una función central. Querer colocarse por encima de las disputas cotidianas significa meter los conflictos sociales debajo de la alfombra; mejor dicho, negar el protagonismo de los movimientos sociales y de sus propuestas de cambio. Pretender erigirse en una suerte de elector supremo, que norma la institucionalidad del país desde las alturas de un poder hábilmente maquillado de soberanía popular, no tiene otro fin que ratificar la hegemonía política de las élites frente al resto de la sociedad.
En la situación de desigualdad, pobreza, desempleo e inseguridad que vive el Ecuador, ese llamado casi beatífico a la unidad de todos parece más bien un señuelo para neutralizar la movilización social.
Julio 7, 2020
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