Por: Juan Cuvi
Los escándalos de corrupción que involucran a la familia Bucaram le plantean al Estado ecuatoriano un dilema trascendental: el de su propio sentido, existencia o justificación. Como quiera denominárselo. Porque al calor de los hechos, circunstancias e indicios que hasta ahora han salido a la luz, nos enfrentamos al más descarado ejemplo de discrecionalidad en el manejo de la cosa pública.
El caso en mención nos retrotrae a las épocas del Estado colonial o del Estado oligárquico, cuando las instituciones públicas eran manejadas como un auténtico botín desde los poderes reales. En esas épocas, las élites no necesitaban ni siquiera de la formalidad del acceso al gobierno para hacer y deshacer a su antojo con la institucionalidad publica. La clave radicaba en tener bien condicionada a la burocracia estatal para que facilitara el saqueo del erario nacional.
Desde que irrumpió en la vida política, la familia Bucaram aprendió rápidamente la lógica de los poderes paralelos puesta en práctica por la oligarquía guayaquileña. Como los trenes, se necesitan dos rieles para avanzar: el uno es el de los negocios privados, y el otro el del control de las instituciones del Estado. Esa combinación permite una acumulación de riqueza rápida e ilimitada. De más está señalar que el ingrediente fundamental para que este sistema funciones es la corrupción.
Toca reconocer, no obstante, que el caso Bucaram no es único, inédito ni extraordinario en nuestra historia. Así ha funcionado este país desde siempre. Lo particular del episodio es que eclosiona precisamente en un momento en que la idea del Estado fallido cobra fuerza. La impotencia o la desidia de los organismos que integran la Función de Transparencia, cuya responsabilidad implica responder a las expectativas de justicia de la ciudadanía, generan un sentimiento de frustración general. La gente empieza a preguntarse por la pertinencia y utilidad de esas instituciones, al mismo tiempo que contempla impávida la inoperancia de la ley. Peor aún ahora que los viejos poderes de hecho se han vuelto abierta y frontalmente mafiosos.
Mientras tanto, hay demasiadas razones para sospechar que, en efecto, el Ecuador puede convertirse en un Estado fallido. Al menos, desde la perspectiva de distintos sectores sociales. Por ejemplo, cuando los indígenas constatan día a día que la plurinacionalidad sigue siendo letra muerte; o cuando las mujeres deben padecer el patriarcado en todos los ámbitos de la convivencia social; o cuando los jóvenes afrontan la más absoluta incertidumbre respecto de su futuro.
En esas condiciones, la pregunta obvia es ¿para qué carajo sirve el Estado?
Agosto 12, 2020
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