Ante el dictamen de la Sala Constitucional de La Paz, que dejó sin efecto la resolución ministerial Nº 050/2020, con la cual Áñez y sus ministros pretendían clausurar el año escolar para esta gestión, las reacciones desde el Gobierno no se dejaron esperar, todas ellas por supuesto, revestidas de falsedades.
Por Rodrigo Cuevas
Abogado y miembro del organismo de «Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal» (ProDHCre)
Ante el dictamen de la Sala Constitucional de La Paz, que dejó sin efecto la resolución ministerial Nº 050/2020, con la cual Áñez y sus ministros pretendían clausurar el año escolar para esta gestión, las reacciones desde el Gobierno no se dejaron esperar, todas ellas por supuesto, revestidas de falsedades.
Con el presente artículo pretendemos desmentir los argumentos falases y tendenciosos, vertidos desde el Órgano Ejecutivo para evadir su responsabilidad constitucional de sostener, garantizar y gestionar la educación en nuestro país.
“No vamos a volver a las clases presenciales”
Una de las primeras reacciones del Gobierno, fue a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Educación, con el cual se pretende introducir en la opinión pública, el mensaje de que la decisión de la Sala Constitucional que anuló la clausura del año escolar, sugiere el retorno a las clases presenciales, nada más falso.
Así mismo, esta mentira fue reforzada también por las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien en una entrevista con Red Uno, aseguró que no se retornará a las clases presenciales.
«Nosotros no vamos a volver a las clases presenciales, aunque tengamos que ir a la cárcel el día de mañana, no lo vamos a hacer, porque eso significaría que nuestros niños se podrían contagiar, morir o llevar la enfermedad a sus casas y matar a sus abuelos, a sus padres», manifestó Murillo en el tono pseudo heroico que lo caracteriza.
Del mismo modo, se dirigió a los padres de familia de la siguiente forma:
«Yo le pregunto a usted, ¿mandaría a sus hijos a clases presenciales? Yo prefiero que se quede ignorante mi hijo en la casa a que se vaya a contagiar», sobre esta declaración debemos resaltar que al “plenipotenciario” ministro, se le escapó una gran verdad, y es que el Gobierno prefiere la ignorancia -no solamente de su “hijo”- sino que, de la población, antes que asumir su responsabilidad de garantizar el ejercicio del derecho a la educación.
Es evidente que en el contexto de crisis socio sanitaria a causa del Covid-19, una medida prudente, es mantener el distanciamiento social para evitar el contagio, sobre todo en los establecimientos educativos. No obstante, debemos dejar en claro, que la educación no se limita solamente a las clases presenciales, toda vez, que la misma se puede ejercer a través de una infinidad de canales tecnológicos como la radio, televisión e internet, eso siempre y cuando exista la mínima voluntad del Gobierno de asumir esta función suprema y no evadir su responsabilidad clausurando el año escolar.
Esta demás, aclararle al Gobierno, que la tan cuestionada resolución de la Sala Constitucional, no hace mención en su parte dispositiva al retorno a las clases presenciales, como pretenden hacernos creer.
“No existen las condiciones para continuar con las clases”
La segunda mentira, efectuada esta vez, por el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, quien mencionó que “no existen las condiciones para continuar con las clases virtuales”, si bien gran parte de la población, sobre todo la clase media cuenta con acceso a internet, resulta insostenible que los padres de familia puedan asumir ese gasto adicional. Sin embargo, esta dificultad se debe a que el Gobierno en el marco de su línea pro-empresarial, no ejecutó ninguna política que obligue a las empresas de telecomunicación, entre ellas la empresa estatal ENTEL S.A., a brindar este servicio de forma gratuita, al contrario, estas empresas fueron las que mas se beneficiaron durante la cuarentena, ya que en ningún momento dejaron de generar grandes ganancias a costas del pueblo trabajador.
Así mismo, para las familias del área rural, que como sabemos, no tienen acceso a internet, tampoco se diseñó una política que les permitiera continuar con el aprendizaje. Una opción viable para estas comunidades es la educación a través de radio y televisión, no obstante, es importante recordar que durante la gestión de la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, hoy candidata a Senadora por “Creemos”, se cerraron más de 50 radios comunitarias acallando la voz del campesino-indígena-originario, además de ir contra la libertad de expresión y prensa. Dichas radios, ahora más que nunca hubieran sido un elemento fundamental para garantizar el ejercicio del derecho a la educación en estos sectores de la población.
En este sentido, reafirmamos, que el derecho a la educación, debe ser garantizado por el Estado y de ninguna forma debe ser un privilegio que excluya a la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes de las familias trabajadoras más humildes y precarizadas del campo y la ciudad, de igual forma, la crisis sanitaria no puede usarse de excusa para suprimir derechos constitucionales, ante la incapacidad e ineficiencia de un Gobierno que prefiere privar del derecho a la educación a los y los niños antes de afectar las ganancias de los empresarios, como de las telecomunicaciones, que lucran con las necesidades del pueblo trabajador.
Repudiamos el uso de argucias o chicanas jurídicas por parte de Áñez y su gabinete, que solamente están dirigidas a evadir y vulnerar abiertamente el derecho a la educación, como lo ha venido haciendo con la salud, la libertad de expresión y la protesta legítima del pueblo trabajador, explotado y oprimido.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Dos-mentiras-del-Gobierno-de-Anez-para-vulnerar-el-derecho-a-la-educacion
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