Por: Juan Cuvi.
Alfredo Borrero, ficha vicepresidencial del movimiento CREO, no necesita maquillar sus ideas sobre la salud para sacar algún provecho en la próxima campaña electoral. Su currículo lo dice todo. Siempre ha trabajado en y para el sector privado. Ha sido director del emblemático Hospital Metropolitano de Quito, presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas del Ecuador y decano de medicina en la Universidad de las Américas. En ese sentido, su perfil encaja perfectamente con la candidatura que representa.
Lo que resulta incompatible con esta aspiración es su discurso. O, al menos, las declaraciones que ha hecho públicas una vez que fue postulado. Porque priorizar la prevención y asegurar acceso universal a toda la población, tal como lo promete, resulta un contrasentido con la visión neoliberal que propugna su compañero de fórmula.
Guillermo Lasso jamás ha ocultado la concepción individualista que subyace a su proyecto económico. Las propias siglas de su partido lo ratifican: crear oportunidades en una sociedad estructuralmente desigual como la nuestra no significa otra cosa que estimular la competencia despiadada, precisamente entre desiguales. En buen romance, premiar a los que arrancan con ventaja.
Desde esta perspectiva, la salud solo puede ser proyectada como una oportunidad, no como un derecho. Es decir, como una posibilidad más que como una obligación. A los servicios de salud solo accede el más hábil, el más exitoso, el más eficiente. La universalidad queda convertida en letra muerta.
Al margen de las buenas intenciones que –por su vocación profesional– pudiera tener el doctor Borrero, la lógica económica termina imponiéndose con su fría insensibilidad. Lo acaba de demostrar la pandemia del Covid 19: los países con sistemas privados más flexibles han sido los más afectados, tanto en términos de contagios como de letalidad. Existen casos vergonzosos, como el de los Estado Unidos, donde el inmenso potencial económico y tecnológico ha resultado inútil a la hora de proteger a la población. Lo que nadie dice es que ese país tiene uno de los sistemas de salud más excluyentes del mundo: el que no tiene dinero no tiene acceso. Así de simple.
Los impactos sanitarios actuales y futuros de la pandemia nos obligan a un debate más serio y responsable sobre lo que implica la salud en una sociedad contemporánea. Solo basta reflexionar sobre los últimos escándalos de corrupción en los hospitales del Estado y del IESS para concluir que los servicios médicos no pueden ser concebidos como un negocio. Lucrar a partir de una necesidad humana tan fundamental es incoherente con el sentido más básico de la justicia.
Por eso, formular ofertas de campaña impracticables en asuntos tan delicados como la salud es contrario a la ética pública. El deterioro de los indicadores de salud en el Ecuador tiene mucho que ver con un sistema que favorece el negocio privado de la medicina, que excluye por naturaleza. El gasto de bolsillo de las familias ecuatorianas sigue estando por sobre el 40% del gasto total en salud. En esas condiciones, es imposible asegurar condiciones de vida dignas para la población. Eso quizás no lo sepa el señor Lasso, pero lo sabe perfectamente el doctor Borrero.
Septiembre 10, 2020
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