por Jorge Enrique Espitia Zamora y Diego Carrero Barón
La histórica desigualdad imperante en Colombia alcanzó nuevos niveles tras el manejo económico y social dado por el gobierno nacional a la pandemia propiciada por el covid-19, una realidad que invita a cuestionar y transformar la dirección que en estos campos lleva el país.
Es una realidad que persiste al ejercicio de poder de infinidad de presidentes, pese a sus promesas electorales y de gobierno: Colombia conserva el deshonroso sitial como uno de los países más desiguales en el mundo. De acuerdo con las cifras del Banco Mundial (2018) (1), su Gini (50.4) solo es superado por Honduras (52.1), Angola (51.3) y Brasil (53.9).
Como es conocido, la desigualdad puede medirse a través de los ingresos o la riqueza. Para ello, si se toma como fuente de información las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Naturales en Colombia, el índice Gini de concentración para el Patrimonio llega a ser de 0.6819 y para el Ingreso Bruto de 0.6159.
Al cerrar un poco el foco, si se toma como fuente de información las 10 mil empresas más grandes del país, publicada por la Superintendencia de Sociedades, el 70 por ciento de los Ingresos Operacionales se concentra en el decil 10 de las firmas más grandes y su relación con los ingresos reportados por las empresas del decil 1 (las menos grandes) fue 71 veces superior, lo que se corresponde con un coeficiente de Gini de 0.7926.
Entre las empresas más grandes, las cuales concentran el 15 por ciento de los ingresos operacionales, se encuentran: Ecopetrol S.A, Organización Terpel S.A., Refinería de Cartagena S.A.S., Comunicación Celular S.A., Almacenes Éxito S.A., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Aerovías del Continente Americano S.A. – Avianca S.A., Nueva EPS S.A., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y Kopps Commercial S. A. S.
En cuanto al Patrimonio, el decil de las empresas más grandes concentra el 84 por ciento del total, su relación con el del decil 1 es de 624 veces correspondiéndose con un coeficiente de Gini de 0.9094.
Claramente, la concentración de la riqueza resulta superior a la del ingreso. Así pues, “[…] el capital es el que permite transformar el ingreso presente en el derecho de rentas futuras, con la peculiaridad de que ese derecho se puede comprar y vender en los mercados. Desde este prisma, las corporaciones, las casas financieras, el marco laboral y la influencia política son determinantes centrales para la evolución de la ratio riqueza/renta, que a su vez marca el rumbo de la desigualdad”. Un ejercicio de poder que permite conceptualizar al capital “como un derecho de propiedad que necesita una determinada protección política para controlar, excluir, transferir o generar las rentas que se derivan de su tenencia. Y, como todo derecho de propiedad, su defensa exige que el Estado ejerza su poder, estandarizando la propiedad y otorgándole legitimidad jurídica. En última instancia, esa forma de materializar el capital nos faculta a pedir que el gobierno proteja nuestra garantía de ingresos futuros frente a las acciones de ladrones, esclavos huidos, violadores de copyright, huelguistas, morosos, etc” (2).
La exigencia por parte de los grupos de presión empresarial al Estado para la protección de ese “derecho de propiedad” puede afectar la democracia y la justicia social, no sólo en el plano nacional sino también regional cuando se tienen esos índices de concentración de la riqueza y del ingreso a nivel nacional y regional (Cuadro 1).
En esta senda, con los resultados de la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) publicada por el Dane se corrobora el alto nivel de concentración de los diferentes tipos de ingresos que allí se discriminan, por ejemplo: el coeficiente Gini del ingreso total (monetario y no monetario) fue de 0.544 mientras que el del ingreso corriente monetario de 0.579, del ingreso laboral 0.624 o el del ingreso por trabajo independiente 0.452.
De igual manera, las diferencias entre el grupo de mayores ingresos (decil 10) y el de menos ingresos (decil 1), destacándose el del ingreso por el trabajo asalariado con un decil 10 que es 361 veces superior (Cuadro 2).
Así mismo, resulta importante observar las diferencias existentes entre el sector rural y el urbano.
De igual manera, y con base en la Enph se demuestra que el coeficiente Gini del ingreso corriente disponible (una vez se descuentan los impuestos y se suman las transferencias), es un tanto diferente al Gini del Ingreso corriente: 0.5462 vs 0.5417, lo cual corrobora la ineficiencia de la política de impuestos y de gasto social para reducir las desigualdades en Colombia (3).
Estos niveles de desigualdad no sólo se observan con relación a los ingresos sino también en lo correspondiente con los gastos. En el Cuadro 3 se presenta el monto del gasto de los hogares, recalcando que el 29 por ciento de los mismos tienen un gasto monetario mensual inferior a un salario mínimo; en la parte urbana este porcentaje es del 21 por ciento mientras que en el sector rural es del 59. El mayor número de hogares con un nivel de gasto inferior a un Salario mínimo legal vigente (Smlv) se encuentran en la región Caribe y Pacífica.
De esta manera, en una sociedad que propenda por justicia social, ya que el nivel de consumo de los hogares rurales ésta por debajo de la línea de pobreza, pues el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza establecida en Colombia ($828.116 vs. $1’310.696), resulta imperativo pensar en una renta básica de emergencia (4) para este sector, de por lo menos un salario mínimo o más.
Una iniciativa política con total viabilidad económica. Si esta renta básica mensual fuese de un salario mínimo su costo para las familias del campo que tienen un nivel de gasto inferior a un Smlv ascendería a $1.5 billones. Con el monto de recursos que tiene el Ministerio de Hacienda en su presupuesto sin ejecutar, y que ascendía a $16.11 billones a final de octubre de este año, alcanzaría para asegurarle un mejor nivel de vida a estas familias por cerca de 11 meses o hasta 5 meses si se atiende a las familias de las cabeceras en esta misma condición. Estamos ante una medida que reduciría sustancialmente la escala de pobreza en la que se encuentran quienes habitan el campo, que de acuerdo con el Dane suman 5 millones 228 mil personas de las cuales 2 millones 120 mil están en pobreza extrema; y no requiere de ningún tipo de esfuerzo fiscal nuevo, y como ya anotamos sólo demanda voluntad política.
Esta es una opción para financiar esta renta básica, pero también existen otros mecanismos para ello, como la reducción de los beneficios fiscales que reciben las empresas más grandes a través de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas y los descuentos tributarios, los cuales ascienden a $40 billones, $4.2 billones y $4.5 billones, respectivamente, de acuerdo con los datos publicados por la Dian de las declaraciones de renta correspondientes al año 2019. Ahora bien, si los dos primeros ítems se liquidan a la tarifa media del impuesto el nuevo recaudo sería del orden de los $10 billones, los cuales ayudan a financiar la renta básica rural propuesta a lo largo de 7 meses.
Entre las alternativas por tomar también se encuentra la de un préstamo del Banco Central al gobierno nacional en condiciones blandas, teniendo presente que las ganancias del Banco de la República (BR) se transfieren al Presupuesto General de la Nación y en caso que el BR tenga pérdidas deberán ser cubiertas por la Nación con su presupuesto.
Los diferentes grupos sociales según la Enph
El Dane, con base en la Enph, clasifica a los hogares en cuatro clases sociales: i) Pobres: hogares con un ingreso diario per cápita por debajo de la línea de pobreza; ii) Vulnerables: hogares con un ingreso diario per cápita entre la línea de pobreza (LP) y US$10 PPA; iii) Clase Media: hogares con un ingreso diario per cápita entre US$10 y US$50 PPA, y iv) Clase Alta: hogares con un ingreso mayor a US$50 PPA al día.
El Dane en el último Boletín Técnico sobre Pobreza Monetaria para el año 2019, señala que “si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.310.696”.
Una vez clasificados los hogares en Colombia, se encuentra que para 2016-2017:
(i) El 55 por ciento se clasifican en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
(ii) En vulnerabilidad suman cerca de 2 millones 921 mil y tienen un ingreso mensual promedio igual a 1.6 Smlv. (1 Smlv = 300 US$ mes)
(iii) Los que integran la denominada clase media son cerca de 5 millones 931 mil, mientras que los de clase alta no superan los 500 mil.
(iv) Los de clase alta concentran cerca del 23 por ciento de los ingresos totales de los hogares en el país, oscilando entre 10 y 372 Smlv por hogar al mes; mientras que los hogares de clase media participarían con cerca del 56 por ciento de los ingresos totales, variando su ingreso mensual por hogar entre 2 y 10 Smlv.
(v) Una particularidad por resaltar: el 42 por ciento de los hogares de la denominada clase media tiene un ingreso mensual que oscila entre los 2 y 3 Smlv, altamente concentrado en remuneraciones no salariales y en labores informales, por lo cual es muy probable que el confinamiento decretado en el país para hacer frente a la pandemia del covid-19 los haya llevado a una situación de vulnerabilidad o de pobreza.
(vi) Hay que tener en cuenta, además, que el ingreso por persona de los hogares de clase media sería, en promedio, de $823 mil por mes (275 US$), lo que ratifica su situación de fragilidad frente al confinamiento.
No hay que dejar a un lado que la situación de fragilidad en la que se encuentra la clase media, así como la clase vulnerable y pobre, puede profundizarse con la propuesta de universalizar el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los bienes y servicios de la canasta básica, propuesta gubernamental que tiene como base el “éxito” logrado por la política de devolución del IVA a las familias en pobreza y pobreza extrema, impulsada este año por el gobierno nacional.
Sin embargo, la devolución esta definida para 1 millón de hogares y por un monto de 75 mil pesos (cerca de 20 dólares) cada dos meses. Cabe recordar que para el Dane en 2019, antes de la pandemia, había cerca de 4 millones 400 hogares (4’000.400) en pobreza de los cuales un 27 por ciento se encontraban en pobreza extrema. Así pues, el programa de devolución del IVA emprendido este año tan sólo alcanzaría al 23 por ciento de las familias pobres y al 85 por ciento de las que viven en pobreza extrema. Si a este conglomerado se le suman los hogares en situación de vulnerabilidad, la devolución del IVA tan sólo alcanzaría al 13 por ciento de los hogares.
En suma, los problemas económicos y sociales desprendidos del confinamiento para hacer frente a la pandemia del covid-19, y la tímida política pública de intervención para favorecer a las familias pobres y vulnerables como para salvar los ingresos ya precarios de las familias que trabajan por cuenta propia o en los denominados micronegocios, nos llevó a copiar el titular de la columna de opinión del diario mexicano Expansión: “Clase media, bienvenida a la pobreza”. Una realidad que para ser superada demanda la implementación de otro tipo de política económica y social. Un reto para la mal llamada “nueva normalidad” en que entró el país en septiembre pasado y que por ahora lo “nuevo” quedó disuelto en el pasado ya vivido y padecido por la sociedad colombiana durante décadas.
Notas:
- https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-1314-6
- Naidu, S. 2018. “El equilibrio entre capital y democracia”.
- Es fundamental impulsar un sistema tributario que profundice la equidad horizontal y vertical; y que las transferencias monetarias lleguen a la población pobre y vulnerable, como aumentar la cobertura de dichas asignaciones a las zonas rurales. Oecd. 2019. Colombia Visión General. En https://www.oecd.org/economy/surveys/Colombia-2019-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf
- La pandemia del Coronavirus covid-19 logró situar, por primera vez, en la palestra política de muchos Estados del mundo, la discusión de medidas de política para instrumentalizar la puesta en marcha de una Renta Básica Universal, definiendo sus componentes, así como su operatividad.
*El presente artículo fue estructurado con algunos de los elementos expuestos en el marco del Conversatorio organizado por el profesor Mario Hernández y la Escuela de Doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, como en la Red de Alternativas Programáticas de la UN.
** Respectivamente: Economista de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de su Centro de Pensamiento de Política Fiscal. Especialista en política económica y Magister en Economía de las Políticas Públicas con estudios de Doctorado en Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona. Integrante de Alternativas Programáticas UN y la Red de Trabajo Fiscal en Colombia. jeespitiaz@unal.edu.co.
Economista, Magister en Estudios Políticos. Catedrático de posgrados de la Escuela Superior de Administración Pública. Investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Jefe del Observatorio Técnico Catastral de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Uaecd, en Bogotá. Integrante de Alternativas Programáticas UN y la Red de Trabajo Fiscal en Colombia. dfcarrerob@unal.edu.co y diegocarrerob@gmail.com.
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