Lautaro Ojeda Segovia
OPINIÓN
En época de crisis de la salud, economía y bienestar social como la que actualmente vivimos, no faltarán candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional que ofrezcan combatir a la delincuencia y violencia por medio de políticas y medidas con ‘mano dura’
Estamos al filo del “populismo punitivo”: los candidatos calientan motores buscando atraer al electorado que siente que una de las amenazas a la convivencia ciudadana es el crecimiento y recrudecimiento de la delincuencia criminal.
En la feria de ofertas pueden incluirse: endurecimiento y aumento de penas, incorporación en la legislación penal de la cadena perpetua e incluso de la pena de muerte, reducción de la edad penal para juzgar a menores de edad, ampliación desmesurada de las facultades policiales, y utilización de las Fuerzas Armadas como elemento de combate o control de la delincuencia.
Primero, hay que partir de la comprensión del significado del término “populismo punitivo”. Según Edgardo Amaya Cóbar, se refiere a una forma de acción política basada en la toma de decisiones o generación de discursos y propuestas populares del agrado de la población, mediante la manipulación de sus emociones y la promoción de la respuesta penal y policial a la conflictividad social. En forma breve exploremos las posibles propuestas electorales referentes al populismo punitivo.
Incremento de penas o endurecimiento
Probablemente este tipo de propuestas podrían ser de mayor aceptación ciudadana. La experiencia internacional no confirma que el incremento o endurecimiento de penas tenga os efectos disuasivos esperados; al contrario, en la mayoría de casos los índices de criminalidad no bajaron significativamente al menos en el mediano plazo.
Un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos concluyó que no hay evidencias de que el endurecimiento de penas sirva para intimidar y así reducir los crímenes.
Mano dura
La política de “mano dura” suele presentarse como una de las respuestas eficaces para combatir la inseguridad. Política que pretende responder al reclamo ciudadano de seguridad.
Una de las tesis más difundidas de esta política es la de “tolerancia cero”, basada a su vez en la teoría de la “ventana rota” que sostiene la aplicación de la máxima pena contra las infracciones más pequeñas, puede ser medida eficiente en el combate a la criminalidad.Un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) analizó los resultados de la aplicación de esta política en El Salvador, Honduras y Guatemala, países latinoamericanos con mayores indicadores de inseguridad.
En el caso de El Salvador se trató de enfrentar el crecimiento de la mara con leyes de “Mano dura” y luego con leyes “Súper mano dura”. Los resultados muestran que, si bien creció el número de detenidos, los homicidios aumentaron. Similar situación respecto de los otros dos países.
Creación de nuevos delitos
La experiencia más reciente del país en este ámbito fue la incorporación de más de 20 nuevos delitos en el Código Integral Penal. El ejemplo de la mayor creación de nuevos delitos es Inglaterra. Durante el mandato del primer ministro Tony Blair (1997-2007) el Parlamento inglés creó más de tres mil nuevos delitos penales y aprobó 45 leyes de justicia penal. Lo que justifica que presenta a Gran Bretaña como un estado de vigilancia. Los resultados de la aplicación de estas leyes no son plenamente satisfactorios.
Pena de muerte
Experiencias internacionales muestran que la aplicación de este tipo de pena, en lugar de disminuir los índices delictivos, provocaron su incremento como lo demuestra la mayoría de los estados de la Unión Norteamericana. Resultados que explicarían que 20 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia hayan abolido la pena de muerte, incluidos el estado de Washington en 2018.
La Unión Europea proscribió la pena de muerte, por lo que ningún país puede formar parte de la Unión Europea si tiene la pena capital como castigo para criminales en un vano intento de terminar con los asesinatos. Cabe recordar que hasta 2019, 95 países han abolido la pena de muerte.
Durante las campañas presidenciales de algunos países latinoamericanos la pena de muerte se ha convertido en parte de los programas de gobierno, tal es el caso de Honduras. Hay que recordar que Porfirio Lobo Sosa triunfó en las elecciones presidenciales de 2009, susten- tado en su propuesta de restaurar la pena de muerte para castigar a los pandilleros o “mareros”.
En las elecciones peruanas de 2018, el candidato Vladimir Cerrón propuso la pena de muerte como solución a la ola de asesinatos que se produce en Lima. Keiko Fujimori, candidata finalista, también se mostró a favor de la pena de muerte para violadores de niños menores de siete años.
En las elecciones desarrolladas en 2017, el candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Compromiso Social, Iván Espinel, propuso la instauración de la pena capital de muerte para personas que hayan cometido violaciones y asesinatos.
Porte universal de armas
Es probable que algunas propuestas o discursos electorales de campaña propongan el porte y/o tenencia de armas de fuego como dispositivo de autoprotección o de defensa personal ante la posibilidad de ser objeto de un crimen.
Las estadísticas criminales muestran que las armas de fuego tienen un papel protagónico en el conjunto de homicidios. Son las que más se usan por su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta del 41 por ciento de homicidios, en Ecuador.
La mayoría de estudios relacionados al porte de armas muestra que la probabilidad de morir como resultado de arma de fuego es muy superior en comparación con quienes no poseen armas de fuego.
Además, en los hogares en donde hay armas de fuego la mujer que es víctima de violencia doméstica enfrenta siete veces más probabilidades de que el abuso termine en homicidio en comparación con otro tipo de hogares.
Los datos confirman que es 12 veces más probable que un arma de fuego sea utilizada en contra de un miembro de la familia, sea en forma voluntaria o accidental que en contra de un intruso que viene a cometer un crimen.
Aumento de encarcelamiento y del número de policías
Varios estudios muestran que no existe correlación estadística entre el aumento del índice de encarcelamiento y la reducción de índices de criminalidad, a mediano y largo plazo.
La práctica muestra que la delincuencia no se resuelve solo con más policías, más jueces y más prisiones, que el impacto en la delincuencia es poco significativo. En este sentido cabe desta- car el ejemplo de Puerto Rico, país con un altísimo número de policías en relación con su población, pero a la vez con una de las tasas más altas de inseguridad.
Según estos datos, para prevenir y combatir la violencia y delincuencia más que aumentar el número de policías se necesita una policía inteligente y servicios que atiendan los motivos que conducen a los jóvenes a la violencia. Se precisa entender que la institución policial no es la única instancia de producción y resguardo de la seguridad de las personas ante hechos delictivos; que existen otros actores protagónicos de la seguridad ciudadana cuya participación activa incide en la seguridad.
Algunas sugerencias a los candidatos
- Revisar la legislación penal de países latinoamericanos relacionada con la prevención y represión a la delincuencia y violencia.
- Mejorar y profundizar sustancialmente la calidad del debate político sobre el problema de las causas y factores que originan la delincuencia y violencia social.
- Reformar o crear un sistema de investigación y persecución criminal eficiente que contribuya a la fundamentación de la inteligencia criminal coyuntural y estratégica.
- Financiar e impulsar investigaciones y estudios sobre delincuencia criminal y violencia social y en base del conocimiento alcanzado formular propuestas concretas dirigidas hacia cambios colectivos orientados a educar para la paz,laconvivenciaciudadana, la justicia y el respeto a la ley.
- Capacitar a la policía hacia el uso de estrategias y tácticas orientadas a la resolución de problemas antes que limitarla a ejercer la represión, en una perspectiva de garantía de los derechos de las víctimas.
- Fomentar la creación de grupos vecinales que ayuden a frenar la delincuencia.
- Introducir profundas modificaciones en la educación de las nuevas generaciones para contribuir a una cultura de la no violencia.
Fuente: https://www.vistazo.com/seccion/al-filo-del-populismo-punitivo
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