Unas 75 familias campesinas que habitan el predio Los Ángeles, en el cantón Durán (provincia del Guayas), están sufriendo acoso e intimidación por parte de inversionistas camaroneros, que intentan obligar a que estas les vendan sus propiedades, bajo amenazas de desalojo.
Dichas familias, organizadas en las Asociaciones de Trabajadores Agrícolas Autónomos “Ni Un Paso Atrás” y “Unidos Venceremos”, se han pasado los últimos meses denunciando ante el Ministerio de Agricultura estos actos. Sin embargo, esa institución ralentiza las soluciones al problema.
Verónica Sugey Bulgarin Intriago, campesina y Administradora de Unidos Venceremos, relata que “son varios empresarios camaroneros los que nos presionan para que les vendamos la posesión y la directiva no quiere vender. Es un predio agrícola en el recinto Los Ángeles. Llevamos viviendo y cultivando la tierra por más de 20 años y no hemos tenido ningún problema antes. Pero ahora con las camaroneras que nos están provocando, prácticamente sí. Nos llaman, nos dicen que Recycob [Recaudación y Cobranzas] nos va a desalojar y eso no es cierto”.
Las 75 familias del predio Los Ángeles habitan ese territorio desde hace 25 años. Cultivan arroz, principalmente, y también viven de la pesca que las bondades del Río Babahoyo les brinda, dado que en sus márgenes está asentada la comunidad. Las y los campesinos accedieron a este territorio mediante una ocupación del mismo. Y, por todo el tiempo que llevan ahí viviendo y cosechando, ya estarían en el período legal establecido para obtener la adjudicación de las tierras.
Ofrecen solamente 12.000 dólares por cada predio y luego quedan las familias intentando buscar una casa por ese precio en las ciudades y sin oficio que puedan desarrollar para sus subsistencias.
Este predio posee un largo historial de adquisición, intervención de la Agencia de Garantía de Depósitos, expropiación, declaración de utilidad pública y garantías de posesión. Las familias poseedoras del predio vienen desde fines de los años 80 gestionando la legalización de la tenencia de la tierra.
“En el año 2014, en una reunión con el entonces Ministro de Agricultura Javier Ponce, pudimos da a conocer esta problemática. En ese momento, el Ministro hizo una Declaratoria de Utilidad Pública porque había el temor de que vendieran el predio al mejor postor. Con esto, el Ministerio pagó la tierra. Desde entonces, estamos esperando a que adjudiquen porque han pasado varios años y aún no hay ninguna solución. La problemática aquí es que las camaroneras están reuniéndose con las y los campesinos (no con la directiva de las organizaciones) y les dicen que van a ser desalojados, que mejor les vendan la tierra. Acuden con abogados y les imponen la idea de que lo mejor es que vendan”, esto denuncia Raquel Silva Flor, Secretaria Ejecutiva de la Unión de Organizaciones “Tierra y Vida”, la cual aglutina a varias instancias campesinas como “Ni Un Paso Atrás” y “Unidos Venceremos”.
Silva Flor también comenta que “este es un predio que está entre Yaguachi y Durán (ciudades que se disputan el territorio donde queda el lindero) y todo es cultivo de arroz. Ante el reciente auge que hay de las camaroneras en la provincia del Guayas ya no solo se ven a estas empresas en los manglares, sino que están en las zonas altas buscando apropiarse de todo el río y desde ahí poder salir al Océano Pacífico”.
Quienes más se beneficiarán con el TLC son los exportadores de banano, de camarón, de flores, pesca blanca, brócoli y unos cuantos productos más, responsables de provocar graves daños ambientales y violaciones a los derechos de campesinos y de pueblos indígenas, montubio, afro por despojo de tierras y territorios
El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la Unión Europea ha ocasionado un nuevo “boom” de la industria camaronera en esta nación suramericana. El volumen de exportaciones de camarón ecuatoriano creció un 6% hasta agosto del 2020, lo cual lo ubicó en una posición importante ante la crisis económica que enfrenta el país. China capta el 54% de las ventas de este producto. Después de este país, otro mercado asiático importante es Corea del Sur a donde se exportaron 16 millones de libras del crustáceo. Le siguen Vietnam, Malasia y Japón en monto de envíos. El bloque de la Unión Europea capta el 21% de las compras, y este también incrementó su demanda en agosto del presente año. España demandó un 44% más que en 2019 y países como Francia e Inglaterra también.
Pero todo no es bonanza. La organización Acción Ecológica ha declarado que: “Quienes más se beneficiarán con el TLC son los exportadores de banano, de camarón, de flores, pesca blanca, brócoli y unos cuantos productos más, responsables de provocar graves daños ambientales y violaciones a los derechos de campesinos y de pueblos indígenas, montubio, afro por despojo de tierras y territorios”. Es decir, por fuera quedan todas y todos los productores campesinos, sector esencial durante la crisis económica de la Covid-19, pues son quienes han dotado de alimentos a toda la población ecuatoriana.
Acoso y amenazas
“En Guayas se encuentran las camaroneras más grandes -señala el informe Cuando el mar entra a la tierra, desarrollado por Acción Ecológica-. El 37% son mayores a 250 hectáreas, pero ocupan el 54,5% de la superficie dedicada a esta actividad. El 39% son camaroneras menores a 50 hectáreas, pero ocupan un poco menos del 5% de la superficie total del área dedicada al cultivo de camarón en tierras altas. El 45% son camaroneras medianas (entre 50 y 250 hectáreas) y ocupan el 59% del total”.
Raquel Silva Flor sostiene que “esta gente desde hace unos meses han venido queriendo comprar las tierras de los campesinos y de las dos organizaciones. Cada campesino tiene una hectárea para cultivar. Es un sector muy humilde. Cuando pueden hacer dos hectáreas al año, a veces se les dificulta esa labor porque no tienen la atención del Ministerio de Agricultura con los recursos necesarios para desarrollar su cosecha, porque aún no les adjudican la tierra”.
“La clave para la permanencia de las y los campesinos en este territorio -continúa explicando Silva Flor- ha sido que las dos organizaciones allí presentes (“Ni Un Paso Atrás” y “Unidos Venceremos”) tienen buenos dirigentes. Los empresarios los han llamado por teléfono, les timbran todos los días, les piden que hablen con ellos”.
Las camaroneras, en su afán de poseer todo el río, acosan a las y los campesinos de manera individual diciéndoles que los van a reubicar. Pero ambas organizaciones se han documentado de otros casos similares en el mismo territorio en donde ha sucedido que cuando las comunidades han vendido, se han quedado sin dónde vivir y sin tierra para cultivar. Ofrecen solamente 12.000 dólares por cada predio y luego quedan las familias intentando buscar una casa por ese precio en las ciudades y sin oficio que puedan desarrollar para sus subsistencias.
“Es una situación crítica y se viene más crítica porque no hay aquí quien pare -afirma Raquel Silva-. Les hemos dicho a los líderes de ambas organizaciones que tengan cuidado. En los años 2010 y 2011 hubo en ese territorio algunos casos de sicariatos por el mismo tema de conflicto de las tierras. Sabemos que ahí no van a dar un paso atrás las dos dirigencias ni van a vender nada.
En los primeros días de diciembre hubo una reunión con el Ministerio de Agricultura donde las comunidades les preguntaron a las autoridades si era cierto que estaban teniendo conversaciones con las camaroneras. También indagaron sobre cómo va el proceso de la adjudicación. El Ministerio afirmó que no han existido conversaciones con nadie y que van a empezar el tema de la adjudicación. Pero sí hay mucho temor de las represalias que pueden tener las y los campesinos por parte de las camaroneras ante la decisión de no vender”, concluye la Secretaria Ejecutiva de “Tierra y Vida”.
Mientras, las comunidades campesinas organizadas continúan buscando que las autoridades tomen cartas sobre el asunto y para ello están enviando oficios ante el Ministerio de Ambiente para también denunciar cómo las actividades invasivas de las camaroneras limitan el acceso vital al agua para las personas. Y esto va acompañado de la exigencia constante al Ministerio de Agricultura para que cumpla con su palabra y entregue la adjudicación de los terrenos a las personas que en ellos viven y trabajan.
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