Si alguien tenía dudas del carácter entreguista del anterior gobierno solo tiene que revisar la investigación sobre la eliminación de firmas de la consulta popular por el Yasuní para convencerse. La metida de mano del gobierno de Correa en su Consejo Nacional Electoral de bolsillo no era un misterio para nadie. Pero lo que ahora sale a la luz son los obscenos mecanismos con los que birlaron los derechos de cientos de miles de ecuatorianos.
Una de las propuestas políticas más audaces e innovadoras de las últimas décadas fue la recolección de firmas por parte del colectivo Yasunidos. Preservar el petróleo bajo tierra en un país crudo-dependiente rompía todas las convenciones técnicas y económicas a las que el capitalismo transnacional nos había acostumbrado. Financiar un desarrollo equívoco e indefinido se había convertido en un dogma de fe al que plegaron todos los gobiernos de turno.
La diferencia con la propuesta de los Yasunidos es que contrapusieron un paradigma radicalmente distinto a las fórmulas oficiales. No solamente abogaban por preservar un reducto invalorable de la biodiversidad global, sino que cuestionaban un modelo depredador que nunca hizo realidad las promesas de la era petrolera. Como país, jamás salimos de la pobreza, ni ingresamos al mundo desarrollado, ni resolvimos los problemas estructurales, ni aseguramos el bienestar para la gran mayoría de la población. La industria del petróleo sirvió para enriquecer a grupos económicos específicos, nacionales y transnacionales.
En este sentido, el discurso del desarrollo y del progreso, al que también adscriben los autodenominados gobiernos progresistas, encubre intenciones más pedestres. Por ejemplo, beneficiarse personalmente de los gigantescos negocios que circulan en el mundo petrolero. Nada que no sea ampliamente conocido: las comisiones por contratos pueden hacer millonarios de la noche a la mañana.
La diferencia con el gobierno de Correa es que promocionó la extracción de recursos naturales desde una supuesta superioridad moral e ideológica. Ahora los fondos –así decían– financiarían la gran transformación del país, ya no serían escamoteados por unas élites corruptas, estarían al servicio de un proyecto soberano, se destinarían a los sectores más desposeídos. Al final, se trató del mismo festín, pero con distintos comensales.
La venta del país que propició el correato tiene elementos más execrables que las realizadas por los gobiernos oligárquicos, porque estuvo maquillada con una verborrea de izquierda. Es decir, porque encubrió con una serie de principios políticos un negociado del que algún día se tendrán detalles. La entrega de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) a las transnacionales petroleras se facilitó porque la realizaba un gobierno que supuestamente defendía los intereses nacionales. Lo que en realidad ocurrió fue que varios interesados sacaron una enorme tajada de esa decisión.
Poco importó que de por medio estuviera una iniciativa única e inédita como la consulta de los Yasunidos. El “proyecto” justificaba atropellar la ley, ejecutar un fraude electoral y pasarse por el forro la esperanza de millones de jóvenes.
Enero 6, 2021
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