La Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía EcuatorianaF.C.U.N.A.E, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía EcuatorianaCONFENIAE y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunciamos públicamente y rechazamos el desalojo inconstitucional y arbitrario dispuesto por el juez multicompetente de Shushufindi, Luis Tatamuez Nazate, a pedido del fiscal Oscar Ivan Guañuna, en contra de la comunidad kichwa Santa Elena, comuna Limoncocha, del cantón Shushufindi, a realizarse HOY, lunes 25 de enero de 2020.
La comunidad denuncia que las más de dos mil hectáreas que irían a ser desalojadas por disposición judicial son territorio ancestral y que tienen títulos de propiedad colectiva conseguidos en los años 1983-1984. Asimismo, indican que sobre gran parte de los territorios que pretenden ser desalojados han firmado con el Ministerio de Ambiente un convenio Socio Bosque en el año 2009, y que por lo tanto es área de conservación de la comunidad desde hace más de 10 años. La comunidad, hasta recibir la orden de desalojo, señala no haber conocido de la existencia de la investigación o denuncia en la fiscalía.
La orden de desalojo a los comuneros indígenas, propietarios de este territorio, pretende ser cumplida, de acuerdo con la disposición del fiscal, usando toda la fuerza pública, es decir con personal policial y militar de oficiales y de tropa, según consta de los oficios enviados tanto al Jefe del Distrito de Policía de Shushufindi, al Grupo de Operaciones Especiales de Sucumbíos, al Jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, UMO, y al Jefe del BOES No. 54.
La Constitución es clara al reconocer y garantizar a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades el derecho de “(c)onservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”; así como el derecho de “(m)antener la posesión de las tierras y territorios ancestrales”. Derechos que en este caso están siendo abiertamente violados por el Estado ecuatoriano con la orden de desalojo pedida por el fiscal y aprobada por el juez. Estos derechos están reconocidos también en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y aprobados por el Ecuador y por lo tanto vinculantes para todas las autoridades, tanto operadores de justicia, como policiales y militares.
Denunciamos de manera enérgica que se pretenda utilizar toda la fuerza pública para despojar a la comunidad indígena Kichwa de Santa Elena, comuna Limoncocha, de sus tierras ancestrales. La fuerza pública no puede ser utilizada para violar flagrantemente los derechos constitucionales, de intervenir en el desalojo, en abierta contradicción con la Constitución, constituiría uso ilegítimo de la fuerza.
Las y los socios de la comunidad de Santa Elena, quienes tienen títulos de propiedad, quienes han nacido en el territorio, realizado actividades de pervivencia física y cultural en ese territorio y realizado convenios de conservación no pueden ser considerados y consideradas “presuntos invasores” como señala la resolución judicial.
Asimismo, hacemos un llamado urgente a las autoridades de la Provincia de Sucumbíos, tanto a la Gobernación, a la Fiscalía Provincial y General del Estado, como a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador- MAAE, con quien la comunidad tiene convenio de conservación Socio Bosque, para evitar el desalojo previsto para este 25 de enero de 2021.
Contacto: Carlos Jipa, Presidente FCUNAE: 0982762618
Anexo
Oficio Fiscalía Shushufindi emitido el 22 de enero del 2021, donde se solicita dar cumplimiento a la orden de desalojo
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