Por Decio Machado / Miembro del consejo editorial de Ecuador Today
El Ecuador de hoy es un país sometido al desempleo, al deterioro galopante de su mercado laboral y a la desatención de la ciudadanía por parte de un Estado carente de institucionalidad democrática y manejado por grupos de poder especialmente vinculados al sector financiero. Todo ello auspiciado bajo políticas de austeridad implementadas desde una agenda fondomonetarista que colisiona frontalmente con la tendencia mayoritaria implementada en estos momentos en el sistema mundo.
En el ámbito de la educación superior, los procesos de aplicación de estas políticas se traducen en transformaciones radicales que afectan desde la calidad de la investigación y difusión de la cultura hasta la precarización de su personal docente y administrativo, alimentándose así más la fantasía del saber que el saber en sí mismo. De esta manera se busca auspiciar un modelo de ecosistema académico con parámetros de competitividad a la postre negativos para la formación holística de nuestros jóvenes, con una discutible calidad formativa y bajo criterios de evaluación que estimulan el individualismo y atentan contra la colaboración y la construcción multidisciplinar de conocimientos.
La lógica es sencilla: se impulsa que los espacios de producción de pensamiento y distribución del saber actúen directamente subordinados al dispositivo central del poder, la economía, y por lo tanto pasen a ser determinados por las fuerzas del mercado. Este proceso viene articulándose desde algún tiempo, cabe destacar lo sucedido durante la gestión del actual gobierno en relación a los recortes presupuestarios y las políticas con clara orientación neoliberal.
Es en ese contexto que determinadas universidades nacionales que manifiestan críticas de diferente orden respecto al modelo de gestión implementado desde el actual gobierno, sufren embestidas desde diferentes frentes con actores conectados entre sí. Este es el caso que vive la Universidad UTE en el actual momento.
Antecedentes
La Universidad UTE -anteriormente denominada Universidad Tecnológica Equinoccial- que cumplirá este mes de agosto 50 años de historia, enfrentó su mayor crisis académica, financiera y de gobernabilidad en 2015, la cual derivó en una investigación del Consejo de Educación Superior que determinó la salida del rector de aquel entonces, José Cevallos Gómez, por no cumplir con los requisitos establecidos por la LOES. Su actual rector, el catedrático y cardiólogo quiteño Ricardo Hidalgo Ottolenghi fue posesionado el 4 de enero del siguiente año y reelegido en el cargo el pasado mes de diciembre.
Siguiendo aquella máxima Albert Einstein por la cual “quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”, las irregularidades detectadas en la Universidad UTE media década atrás, entre las que destacan un plantel de casi un millar de docentes de los cuales la tercera parte no acudía de forma regular a dictar clases y entre los cuales el 20 por ciento carecía de titulación de cuarto nivel y más de la mitad no gozaban de maestrías afines a las cátedras impartidas, son hoy cosas del pasado.
En algo más de cinco años de la actual gestión, resulta indiscutible el crecimiento de la Universidad UTE en varios aspectos. Desde 2016 la UTE ha incrementado en un 282 por ciento su producción científica -mientras en 2015 registraba apenas 67 artículos Scopus y regionales, en 2019 se contabilizaban 256 artículos de esas mismas categorías- lo que implicó que el Ranking SCImago 2020 ubicase a dicha universidad entre las siete mejores instituciones académicas del país por desempeño investigativo e impacto social, así como entre las cuatro mejores en el campo de la innovación. De igual manera, el Ranking Iberoamericano Sir Iber 2020 considera a la UTE entre los diez centros de educación superior con mayor impacto en investigaciones científicas -habiendo sido premiada por la IEOM Society International en ese aspecto-, mientras el Ranking Webometric la posiciona como la onceava mejor universidad del país y el Ranking Universitario de América Latina 2021 la considera una de las doce mejores universidades ecuatorianas. En paralelo, la prestigiosa organización británica Quacquarelli Symonds (QS) le otorga a esta institución cinco estrellas en la categoría de aprendizaje en línea.
La excelencia académica de la UTE se demuestra por el privilegio de tener entre su planta docente a investigadoras e investigadores de primer nivel cuyos trabajos han sido publicados en referenciales revistas científicas como el Journal of Medical Case Report, otros reconocidos por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) o por la Harvard University, trabajos premiados con el Sharon Whelan 2020 otorgado por la Asociación Internacional de Registros de Cáncer o por Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (TicEc2020), llegando incluso a ser algunas de sus académicas incorporadas a la lista de las 100 Líderes Latinoamericanas en Biotecnología por ALLBIOTECH -iniciativa surgida a partir del primer GapSummit auspiciado por Cambridge University-. De igual manera, la UTE ha destacado en materia de tecnología de punta siendo -hasta el momento- la única universidad nacional que a través de un programa aeroespacial ha puesto nanosatélites en órbita.
Llegados a este punto, ¿cómo se explica el ataque sistemático al que asistimos en este momento desde diferentes frentes sobre la Universidad UTE?
Frentes de ataque y sus razones
Dar respuesta a la pregunta anterior pasa, en primer lugar, por posicionar cuales son los frentes desde los cuales se está ejerciendo un ataque sistemático sobre la Universidad UTE para luego entender sus motivaciones.
Vale comenzar este recorrido por la Contraloría General del Estado, la cual en la actualidad opera como una herramienta de persecución contra sujetos políticos de escaso agrado para determinados miembros del gobierno nacional.
Su actual titular es el prototipo fiel de la fea y vieja política. Saltó al escenario político en 1996 de la mano de Abdalá Bucaram como subsecretario de Educación para luego pasarse a las filas de Fabián Alarcón, al que ayudó en sus amarres con los socialcristianos para llegar a ser Presidente de la República. Posteriormente, con el recientemente fallecido Gustavo Noboa, estuvo al frente de la coordinación de los diálogos para la creación del Libro Blanco de la Defensa Nacional y con Lucio Gutiérrez fue nombrado asesor presidencial. Su capacidad camaleónica le permitió ser también director de la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador pese a que una treintena de alumnos firmasen una carta solicitando su separación debido a su supuesto autoritarismo y sus reiteradas faltas de asistencia a clases en el año 2004. La Academia acogió al ahora contralor hasta que su amigo Carlos Polit -en la actualidad huido del país- le llevase a la Contraloría General del Estado, institución de la que posteriormente se hizo cargo tras haber firmando al menos cuatro informes favorables a la corrupta constructora brasileña Odebrecht.
Pues bien, desde el año 2017, la UTE es la única universidad del país que ha enfrentado tres exámenes especiales de esta tan cuestionada Contraloría General del Estado, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2020. Esta institución académica ha tenido que presentar más de 40.000 documentos certificados manualmente durante la pandemia, tras haberle sido negada la posibilidad de enviarlos digitalmente. De los USD 16.4 millones auditados, se observaron apenas el 0.02 por ciento de dicho monto debido a dos casos entre las 8.778 becas analizadas por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), los cuales no cumplieron por centésimas el promedio de renovación. En lugar de 7.5 de nota, estas dos becas obtuvieron el 7.495 y 7.498 respectivamente. En la práctica, estas inspecciones técnicas realizadas sobre la UTE vienen a demostrar que esta institución académica cuenta con un riguroso y técnico sistema de postulación, adjudicación y renovación de becas.
Otro actor referencial que promueve un sistemático ataque sobre la Universidad UTE es el colectivo autodenominado “UTE Dignidad”. Dicha organización, la cual se dice conformada por más de un millar de ex profesores y alumnos de la UTE pero que apenas tiene 352 seguidores en twitter -espacio digital donde registra su mayor nivel de activismo-, la mayoría de los cuales son cuentas trolls anónimas con cero seguidores.
Esta agrupación está encabezada por al ex docente Lida Moreno, quien dejó de impartir clases en esta institución académica en 2016 debido a que su formación no era afín a las disciplinas que supuestamente impartía. De hecho, la excelencia académica de la Lcda. Moreno quedó en cuestión dos años después, cuando tras presentarse para vicerrectora de la Universidad Nacional de Loja, fue calificada como “No Apta” por carecer de publicaciones científicas a lo largo de su carrera académica. El pasado 3 de marzo, un juez dictaminó a la Lcda. Moreno como autora de la contravención de injurias por falsedad de aseveraciones realizadas públicamente en un medio de comunicación respecto a la persona del actual rector de la UTE. Otro de los escasos miembros activos de dicha organización es el periodista Klever Mantilla, columnista del Diario La Hora, el cual registra dos detenciones por conducir en estado ebriedad y quien presentara un certificado médico falso para justificar su inasistencia en tiempos de docente en la UTE. La profesionalidad de Mantilla quedó también en entredicho cuando, en marzo del 2019, dicho periodista tuvo que pedir disculpas públicas por proferir expresiones de deshonra contra la autoridad principal de la UTE en redes sociales.
Por otro lado, cierto es que la Universidad UTE viene arrastrando retrasos en los pagos al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) desde hace años, muchos de ellos ocasionados por la obligada reestructuración de gastos que debió afrontar para sanar los balances negativos heredados, impulsar la nueva fase en la que esta institución se encuentra y solventar la progresiva reducción de sus ingresos determinada por el deterioro generalizado de las condiciones económicas.
Este proceso de saneamiento de sus finanzas incluye también una importante deuda con el IESS. De los diez acuerdos administrativos de pago suscritos entre la Universidad UTE y el IESS, los seis primeros -fechados entre los años 2016 y 2018- fueron cancelados debidamente en tiempo y forma. La declaratoria de emergencia por la crisis sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, anunciada el 16 de marzo de 2020 por el presidente Lenín Moreno, implicó que las matrículas universitarias previstas para aquel mes de marzo fueran aplazadas hasta mayo y en algunos casos incluso hasta agosto (la universidad financió directamente el 50% del arancel de casi un millar y medio de estudiantes que no tenían capacidad de hacerle frente a estas cuotas) de ese mismo año, condición que afectó severamente la liquidez inmediata de una UTE que combinaba con equilibrio aritmético su crecimiento en excelencia académica con sus flujos de caja.
En estas condiciones, la UTE se acogió a la resolución 599, expedida el 25 de marzo de 2020 por el propio consejo Directivo del IESS, en la cual se indica la posibilidad de “suspender los plazos y términos de todos los procesos, procedimientos y recursos administrativos iniciados a la presente fecha y sus correspondientes diligencias…”, buscando con ello justificar su incapacidad para afrontar en las fechas previamente establecidas los pagos acordados. Sin embargo y a pesar de que los procesos coactivos se encontraban en aquel momento suspendidos, el entonces director provincial de Pichincha del IESS, Andrés Campaña Remache, un militante del Partido Socialista posicionado en el cargo como cuota política derivada del concubinato existente entre Enrique Ayala y el actual gobierno, procedió a interponer denuncia a la Fiscalía General del Estado por supuesta retención ilegal de aportaciones a la Seguridad Social. En realidad, nunca nadie se apropió de los fondos y por lo tanto no hubo retención ilegal alguna. La moratoria presidencial aplicó a todo nivel y el mismo Estado ecuatoriano adeuda más de USD 500 millones a jubilados del ISSFA y tiene mora empresarial por USD 880 millones de los empleados públicos.
El pasado mes de agosto la UTE canceló los valores de planillas de créditos quirografarios, hipotecarios y exenciones de salud de cónyuges, requisito para que se lleve a cabo la solicitud de Convenio de Purga de Mora Patronal. A primeros del presente mes de marzo un perito del IESS realizó evalúo del Campus Santo Domingo de UTE con la finalidad de respaldar la firma de dicho convenio, condición que en la actualidad espera su resultado para dejar atrás las referenciadas operaciones de marcado carácter político y pasar a ir paulatinamente liquidando la deuda.
Por último, vale señalar el tratamiento que se está dando desde algunos medios de comunicación fuertemente comprometidos con el gobierno nacional a la relación existente entre el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y la Universidad UTE.
Hagamos historia… Existe en la actualidad una investigación abierta por peculado, estafa y tráfico de influencias debido a importantes irregularidades en colocación de inversiones con los fondos pertenecientes al ISSPOL. Entre los investigados se encuentran ex altos cargos del Instituto, miembros del área financiera y de inversiones de dicha institución y hasta empresarios. El pasado 23 de febrero fueron detenidos por este caso los generales David Poaño y Enrique Espinosa de los Monteros, así como el ex director de inversiones Alfredo Valverde y el ex asesor jurídico del ISSPOL Santiago Duarte. De igual manera, el pasado 2 de marzo dos ecuatorianos -el ex director de riesgos y miembro del comité de inversiones John Luzuriaga y el ex asesor de inversiones Jorge Chérrez- fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero por el esquema de sobornos en el ISSPOL. Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de USD 2.6 millones en sobornos a autoridades de la institución policial de los cuales al menos USD 1.3 millones fueron para Luzuriaga. En estas operaciones participaron además, según la información develada hasta el momento, las empresas Decevale, Ibcorp Investments and Business Group SA, Stratega Casa de Valores SA, Provenza International Inc y Rusticussi SA.
Según la ex ministra de Gobierno, quien fuera destituida de su cargo por la Asamblea Nacional en noviembre del pasado año a causa de los graves sucesos de octubre de 2019, en los que murieron ocho personas y otras más de mil trescientas resultaran heridas a causa de la represión policial, los affaires ilícitos en el ISSPOL han significado una pérdida de entre USD 500 y USD 800 millones para dicha institución. Sin embargo, lo que no dice la ex ministra es que estas inversiones, realizadas en el periodo comprendido entre el año 2014 y 2020, alcanzaron su mayor volumen durante el actual gobierno y, en concreto, durante el periodo en el que ella fue presidenta del Directorio del ISSPOL.
En lo que tiene que ver con la Universidad UTE, dicha institución académica constituyó, en junio de 2017, un fideicomiso mediante escritura pública, aportando los fondos provenientes de matrículas y aranceles de sus estudiantes para que una compañía fiduciaria -Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos SA- los administrase. El ISSPOL propuso a la UTE la compra de sus derechos fiduciarios con pacto de retroventa, transacción lícita y usual en este tipo de actividades financieras. El primer desembolso de dinero a favor de la UTE fue en julio de 2017 y el último en abril de 2018 entregándose la cantidad total de USD 8.87 millones.
Por mutuo acuerdo entre partes se estableció que el precio de la recompra se haga a plazos con intereses a favor del ISSPOL al 8.5% anual, lo cual convenía a las dos partes: al ISSPOL le permitía una alternativa a tener sus fondos depositados en el Banco Central sin rentabilidad alguna, mientras la UTE daba salida a una cartera de obligaciones adquiridas a un interés mayor.
En mayo de 2018 la Superintendencia de Bancos -que controla a las instituciones públicas de Seguridad Social- dispuso al ISSPOL que se abstenga de hacer nuevas operaciones de adquisición de derechos fiduciarios. La UTE presentó el plan de pagos que fue aprobado por el ISSPOL, mediante el cual canceló USD 3.273.590 entre capital e intereses. En abril de 2020, ya en periodo pandémico y forzado por sus problemas de caja, la universidad no atendió los dividendos del crédito a plazos que vencieron en dicho mes. Sin embargo, y volviendo a la misma lógica anterior referente al IESS, los incumplimientos de plazo debido a circunstancias de fuerza mayor y de conformidad con las normas legales contenidas en el Código Civil no deberían constituir figura legal de mora.
Con las investigaciones de Fiscalía General del Estado ya en marcha sobre directivos y asesores del ISSPOL a partir de mediados del pasado año, las reuniones entre responsables de la UTE con mandos del instituto policial en busca de acordar una nueva fórmula de pago carecieron de resultados positivos. El 25 de agosto y por orden de la aún entonces ministra de Gobierno, el ISSPOL ingresó una demanda en juicio ejecutivo contra la UTE y en paralelo otra en la Contraloría General del Estado demandando el cobro total de la deuda, intentando cobrar dos veces el valor total. Este último procedimiento ha sido suspendido en diciembre pasado por un juez de garantías constitucionales, mientras que desde el mes de enero del presente año la Universidad UTE espera se agende una reunión con los actuales directivos responsables del ISSPOL para poder negociar una propuesta de pago para ellos factible con fin de liquidar los USD 7.8 millones de deuda contraídos hasta el momento. Que en este momento esta reunión se de, dependerá más de las estrategias legales y órdenes políticas que reciban los directivos del ISSPOL que de la voluntad de las autoridades académicas de la UTE en reencauzar una salida negociada a este conflicto.
Es en este contexto, en el que el noticiero de Teleamazonas del pasado 2 de marzo, dirigido por el periodista Milton Pérez y con noticia narrada por el reportero Fausto Yépez, posicionó la idea -carente hasta el momento de sustento documental- de que Luzuriaga, detenido en Estados Unidos, habría sido el vínculo para desarrollar la inversión del ISSPOL en la UTE. Además, sorprende e intriga que esta noticia se centra principalmente en la deuda contraída por la Universidad UTE, la cual no representa ni el 1% de los USD 800 millones de inversiones realizadas por esta institución de la Policía Nacional y que se encuentran pendientes de recuperar.
Más allá de noticias conductivas que no tienen como fin el informar, es evidente la necesidad de que la Función Judicial proceda con las investigaciones oportunas para llegar al fondo de las irregularidades en las inversiones realizadas por el ISSPOL, buscando sancionar a quienes sean los responsables de estas pérdidas, ya sea por negligencia, por acción dolosa o por omisión.
La destacada labor de la Universidad UTE durante este período expansión del COVID-19 en el país, tanto desde su aportación a través de publicaciones y artículos científicos como suministrando técnicos especializados a gobiernos autónomos descentralizados para el asesoramiento al combate de la pandemia, legitimó el posicionamiento crítico de sus principales voceros respecto a las políticas públicas implementadas desde el gobierno nacional en materia de salud durante este último año. Todas estas acciones de acoso e intento de derribo a la Universidad UTE desde distintas instituciones del Estado se han ejecutado e intensificado cada vez que el rector de dicha institución académica, tanto por su calidad de catedrático como de médico, ha realizado manifestaciones públicas criticando la gestión gubernamental de la pandemia. En la práctica, nos enfrentamos entonces a una nueva y sofisticada forma de intentar limitar la libertad de expresión en espacios universitarios.
¿Es viable la Universidad UTE en estas condiciones?
Los permanentes ataques a la imagen institucional de la Universidad UTE, especialmente cada vez que se abre el mercado de matriculas universitario, comienzan a ser difícilmente entendibles desde la casuística. Aplicando la lógica, filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento, todo viene a indicar que existe una estrategia -articulada desde diferentes frentes y actores interconectados- que busca golpear a esta institución académica bajo criterios que son más de perfil político que vinculados a su evolución, gestión y capacidad formativa. Sin duda esto tiene una afectación sobre la institución, tanto en el ámbito de su prestigio como en el económico.
La inspección realizada en 2015 sobre la UTE por parte del Consejo de Educación Superior evidenció un resultado económico deficitario de alrededor de USD 27 millones, es decir, los ingresos de la universidad no alcanzaban a financiar sus gastos. En aquel momento, la Universidad UTE registraba activos por USD 50 millones y un patrimonio de apenas USD 1.5 millones.
Analizados los balances públicos de la UTE al cierre del ejercicio 2019 podemos afirmar que esta entidad registra hoy un patrimonio de USD 34 millones, 21 veces mayor al del año 2015. Lo anterior no vendría a demostrar irresponsabilidad en su gestión económica, sino más bien todo lo contrario.
Ya en la actual era pandémica en la que vivimos, la UTE ha enfrentado -al igual que las demás universidades- una caída de ingresos proveniente de las matrículas, una disminución de los recursos que asigna anualmente el Estado, el retraso en las transferencias públicas y la morosidad de estudiantes que han optado por facilidades de pago ante el dramático momento que viven las familias ecuatorianas debido a la pérdida de su capacidad adquisitiva. Esto, sin duda, afectó a esta institución en su capacidad de cumplir de forma oportuna con sus obligaciones financieras. Sin embargo, analizados también los estados financieros preliminares del 2020, sus números vendrían a indicar que los ingresos operacionales de la Universidad UTE permiten financiar sus gastos operativos, lo cual aseguraría las funciones sustantivas de docencia e investigación, así como la normal continuidad de estudios de sus estudiantes de grado y posgrado.
Todo lo demás será cuestión de que el ecosistema político ecuatoriano apueste por permitir el crecimiento de universidades donde se desarrolle pensamiento crítico y excelencia académica, más allá de que sus posicionamientos públicos respecto a problemas sociales y políticas públicas que afectan al país sean o no de su agrado.
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