De la crisis de Bolsonaro y el bonapartismo judicial a la vuelta de Lula

Brasil es considerado como un país que pone en riesgo a todo el mundo por la dimensión de una pandemia que ya mata más de 2.000 personas por día y disemina nuevas cepas de forma desenfrenada. La repentina rehabilitación de los derechos políticos de Lula desnuda la crisis de Bolsonaro y del bonapartismo judicial que ha sido el núcleo central del golpe institucional que se implementó para avanzar con ataques estructurales a las condiciones de vida de las masas y la entrega de los recursos del país a los intereses del capital financiero internacional. El primer discurso del ex presidente como potencial candidato se realizó en el sindicato de los metalúrgicos de São Bernardo do Campo –cuna del último gran ascenso obrero que enfrentó la dictadura militar y dio origen al PT– un lugar simbólico que pone en evidencia el peso y la responsabilidad de este partido y de la figura de Lula en el devenir histórico de Brasil.

En este marco, se reactualiza la necesidad de una izquierda revolucionaria que enfrente a la extrema derecha bolsonarista y el autoritarismo judicial con los métodos de la lucha de clases, uniendo las fuerzas de la clase trabajadora, los movimientos de mujeres y los negros que han hecho escuchar su voz contra la opresión, y la juventud que no le debe nada a los partidos dominantes que llevaron el país a esta catástrofe actual.

Si la conducción de la pandemia por Bolsonaro no nos hace acordar al hotel administrado por Jack Nicholson en El resplandor, o estamos desilusionados con la interrupción abrupta de la serie Billions durante la pandemia, podríamos ver en las escenas del Superior Tribunal Federal de Brasil una cierta compensación. Mientras el presidente Bolsonaro venía insistiendo en tratar la muerte de más de 270 mil personas en el segundo país más golpeado por el virus en el mundo como una “gripezinha”, los carpetazos del poder judicial, que en aquella serie norteamericana ponían la política cabeza abajo, ganan carnadura en el kafkiano sistema judicial brasileño.

De un plumazo, uno de los principales operadores del “lawfare” brasileño en la máxima corte de Brasil rehabilitó sorpresivamente los derechos políticos del ex presidente. El juez Edson Fachin es un defensor acérrimo de la “Operación Lava Jato” y estuvo a cargo de la articulación de fuerzas judiciales y policiales que bajo la conducción del Juez Sérgio Moro investigó los escándalos de corrupción en la Petrobras, armando la persecución político-judicial que sentó las bases de la relación de fuerzas para el impeachment de Dilma, la cárcel de Lula, su proscripción política y, más que eso, la imposibilidad de ejercer la actividad política, prohibiendo que se comunicara por video con sus electores. Actualmente, ya existen innumerables evidencias de que la “Operación Lava Jato” fue construida con los auspicios del Departamento de Estado Norteamericano, donde sus fiscales y jueces hacían cursos de formación. La mayor de todas las evidencias se encuentra en el hecho de que de los cuatro departamentos que constituyen la Petrobras, solamente fueron blanco de investigación los que tenían contactos con las grandes multinacionales brasileñas amigas del gobierno petista, como Odebrecht; mientras los contactos con los cárteles internacionales del petróleo que ocupaban otros departamentos nunca fueron investigados. Todo esto se llevó a cabo en el marco del descubrimiento de las gigantescas y muy lucrativas reservas de petróleo del Pre Sal. Las muy tímidas medidas adoptadas por Lula para privilegiar a grandes capitalistas nacionales para su explotación le parecieron demasiado al gran capital financiero internacional ligado al petróleo, que no se da el lujo de desperdiciar ningún gran negocio en tiempos de crisis económica mundial.

Ahora el juez Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal (de ahora en adelante, STF) y responsable por la redacción de los casos del Lava Jato, declara la ilegalidad del juicio a Lula por un problema procedimental. Acorde a este fallo, el Tribunal Regional Federal ubicado en el estado de Paraná –donde Moro tiene jurisdicción– no sería “juez natural” de las causas contra Lula porque estas estaban basadas en hechos ocurridos en otros estados y no había evidencias de la relación de estas causas con el escándalo de corrupción de la Petrobras. Una decisión que cambia 180 grados lo que el STF dijo durante los últimos años ante los alegatos de los abogados de defensa que machacaban una y otra vez sobre este punto, poniendo en ridículo al propio tribunal. ¿Qué pasó?

Ceder los anillos para no perder los dedos

La abrupta inclinación de Fachin por la “justicia” solo se explica por el riesgo que vio ante sus ojos de una destrucción lisa y llana de toda la investigación construida por el Lava Jato. Su decisión constituyó el inicio de una batalla en contra de otro ministro del STF, Gilmar Mendes, que días antes había anunciado públicamente una verdadera “cruzada” en contra de la operación que investigó los escándalos de corrupción en la Petrobras.

Gilmar Mendes, que además de presidente de la “Segunda Cámara” del STF (el STF tiene un plenario general de 11 ministros, de los cuales, por afuera el presidente del plenario general, los demás se dividen en dos sub cámaras de 5 ministros cada una, que tienen sus respectivos presidentes) es un eminente político del PSDB y representa al sector del régimen que busca deshacer en forma radical la operación Lava Jato para restablecer lo máximo posible a los actores del “viejo régimen”, incluso para disminuir la fuerza relativa de Lula en su antagonismo con Bolsonaro.

Para el día siguiente del fallo dictado por Fachin estaba planificada una sesión de la “Segunda Cámara” del STF que juzgaría el pedido por parte de la defensa de Lula para declarar ilegal la conducción de Moro de toda la operación Lava Jato, anulando todas las pruebas recogidas durante años, así como los autos acusatorios. O sea, una desmoralización total para todos los involucrados en el montaje de la operación. Para evitar una posible derrota de Moro en este juicio, Fachin, en su fallo que rehabilita los derechos políticos de Lula, falla también en contra del enjuiciamiento a Moro, alegando que no tendría más sentido este pedido ya que su objetivo (la anulación de la condena del ex presidente) estaría cumplido.

La demostración de la farsa del Lava Jato obtuvo abundantes evidencias al filtrarse miles de mensajes hackeados de los celulares de integrantes de la operación que demostraban monstruosas ilegalidades e intencionalidad persecutoria. Hackeo este que hasta ahora estaba impedido de ser utilizado judicialmente por considerarlo ilegal, pero que con la ayuda del sitio Intercept y de la CNN Brasil (que tienen por detrás las manos del Partido Demócrata norteamericano) fueron ampliamente conocidos y generaron la legitimidad para que fueran tomadas como pruebas por el STF.

Sin embargo, no solamente las pruebas resultantes de esta filtración existen desde mediados de 2019, sino que las evidencias de ilegalidad en el armado persecutorio del Lava Jato van más allá de las mismas, eran atestiguadas por juristas eminentes de todo el mundo, y hace años constituían argumentos de la defensa del ex presidente. Además, Gilmar Mendes, así como los otros ministros de la Segunda Cámara del STF que él preside, ya habían prestado innumerables servicios a Moro, especialmente cuando este iba en contra de Lula y el PT. De hecho, dos ministros (el propio Fachin y Carmen Lúcia) ya habían votado, años atrás, en contra del pedido de declarar ilegal la conducción de Moro de la Operación Lava Jato.

La crisis de Bolsonaro y del “bonapartismo institucional”

La fuerza político-social más profunda y “devastadora” que está operando detrás de esta disputa en el STF es la pérdida de legitimidad del gobierno de Bolsonaro y de todos los actores que se subieron al carro del “bonapartismo institucional”, es decir, del régimen golpista que tiene vigencia desde el impeachment a Dilma Rousseff, basado en la utilización discrecional de la justicia y demás “poderes fácticos” no electos para arbitrar sobre las disputas políticas. Una crisis que se había ido gestionando paulatinamente, por una combinación de negacionismo de la pandemia, crisis económica, ataques antipopulares, escándalos de corrupción, “bravatas” autoritarias y dislates de todo tipo. Toda esta situación obtuvo un nuevo impulso al perder Trump las elecciones de los EE. UU., uno de los principales sostenes de Bolsonaro. Pero además, la catástrofe pandémica, que ya tiene más del 80 % de las unidades de terapia intensiva ocupadas en 25 de los 27 estados, con records de más de 2000 muertes por día, provocó un nuevo salto en esta crisis, reabriendo como probable (no solo posible) el surgimiento de explosiones sociales contra el gobierno de Bolsonaro. Una hipótesis que cada día de agravamiento de la crisis pandémica –retroalimentada por la crisis económica y política– crece de manera vertiginosa y amenaza con poner a Brasil no solo como un centro mundial de producción de nuevas cepas de COVID, sino también de la lucha de clases.

La burguesía brasileña percibe este peligro y comienza a tomar decisiones políticas que pongan freno a esta dinámica, lo que explica el surgimiento una nueva mayoría entre los “factores de poder” golpistas (especialmente dentro del principal, el Poder Judicial), que defiende la rehabilitación política de Lula para que él y la CUT puedan cumplir un papel preventivo en el desvío de estallidos de la lucha de clases, canalizando el creciente descontento hacia las elecciones de 2022.

El cálculo más general por parte de esta “nueva mayoría” junto a los “factores de poder” golpistas sería el siguiente: el golpe hizo muchísimo, avanzó con ataques estructurales al movimiento de masas como la reforma laboral, las reformas previsionales y los ataques a los servidores públicos; así como en las privatización de subsidiarias de la Petrobras, aeropuertos, terminales portuarios, Eletrobrás, Telebrás, Correos, Casa de la Moneda, la lotería nacional, etc. Por lo tanto, sería muy riesgoso dejar en manos de Bolsonaro la conducción de esta crisis, tirando por la ventana lo conquistado, alentando un estallido como el de junio de 2013 (o quizás más fuerte y generalizado). En esta línea de pensamiento, sería preferible rehabilitar a Lula para que las esperanzas de un recambio electoral permitan una transición “normal y pacífica”, sin grandes convulsiones sociales, hacia un nuevo gobierno que mantenga lo esencial de la obra del golpe.

La consecuencia obvia es que el poder judicial, sostén principal del golpe, y otros tantos “factores de poder” golpistas, como la Rede Globo, quedan como panqueques que brillan de tanto caramelo. Para reparar este daño colateral ya comenzó Lula en su discurso de rehabilitación, la reconciliación con quienes sean necesarios, para tratar de hacer olvidar el pasado y mirar hacia un futuro electoral aunque esté bastante lejano para los ritmos de la actual crisis.

La disputa por la restauración del “viejo régimen” y el devenir de Bolsonaro

El choque entre Fachin y Gilmar Mendes expresa la disputa interna en el STF entre las distintas alas del golpe por el grado que debería tener la recomposición de las fuerzas del “viejo régimen” destruido por el Lava Jato. Mendes representa el interés de recomponer fuerzas que van más allá del PT, donde se encuentran también eminentes personalidades políticas del PSDB de Fernando Henrique Cardoso, del PMDB y el DEM (partido de caudillos locales más ligados al interior del país), o sea, de los principales partidos políticos que constituían el régimen dominante desde el fin de la dictadura. Además, Mendes representa también las fuerzas que defienden la rehabilitación de los grandes monopolios brasileños que fueron beneficiados por los gobiernos de Cardoso y Lula (como es el caso de la Odebrecht), cuyos dueños y ejecutivos terminaron en gran parte tras las rejas con el Lava Jato. Aunque muy debilitadas, estas empresas siguen siendo grandes global players que, en el caso de que las denuncias sean anuladas, volverían a mejorar sus condiciones para jugar en las “grandes ligas”, llegando incluso a poder verse resarcidos por las enormes multas que tuvieron que pagar, los daños morales y pérdidas materiales de todo tipo.

Fachin, por otro lado, representa los sectores más beneficiados por el golpe institucional, que no son pocos: los cárteles internacionales del petróleo favorecidos con el debilitamiento de la Petrobras, los capitales financieros que están participando de la fiesta de la venta de activos públicos, alas del Ejército, sectores radicalizados de la burguesía dispuestos a utilizar el método bonapartista que sea para atacar al movimiento de masas, entre otros.

Por ahora las fuerzas representadas por Mendes todavía no fueron capaces de llevar hasta el final su programa. Pudieron imponer ya importantes límites al Lava Jato y golpear la legitimidad de Moro. Sin embargo, el intento de Mendes de aniquilar el Lava Jato en la Segunda Cámara se vio paralizado. Uno de los ministros de la Segunda Cámara solicitó tiempo para estudiar el proceso, postergando así su votación indefinidamente, lo que le otorga un triunfo momentáneo a la estrategia de Fachin, dado que su fallo es el que está en vigor. Esta paralización refleja que los sectores representados por Fachin todavía tienen fuerza para impedir la liquidación completa del Lava Jato y de Moro.

La filiación política del ministro de la Segunda Cámara del STF que paralizó el intento de Gilmar Mendes es en sí mismo todo un indicador de la relación de fuerzas. Su nombre es Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para asumir como sustituto de otro ministro del STF jubilado recientemente. Muchos creían que la influencia del “centrão” (grupo de diputados de distintos partidos que establece relaciones pragmáticas con el gobierno de turno a cambio de beneficios) sobre Nunes definiría su voto en contra de Moro, ya que buena parte de esos “representantes del pueblo” están en las carpetas del Lava Jato acusados de los más variados tipos de corrupción. Sin embargo, primó la influencia de Bolsonaro y los militares, que obviamente todavía tienen más para perder que para ganar con una destrucción de toda la operación que los llevó al poder.

Algunos de los generales jubilados cercanos a Bolsonaro declararon su descontento por el ataque al Lava Jato y a Moro y llegaron a amenazar con una posible “crisis institucional”. Pero los generales en funciones, por ahora se mantienen en silencio, lo que algunos analistas interpretan como divisiones internas en las cuales un sector cada vez mayor empieza a querer distanciarse de Bolsonaro y ubicarse para tener la posibilidad de saltar afuera del barco antes de que se hunda, de ser necesario. En este punto y sobre las FF. AA. existe un hecho importante para destacar y es que más allá de que el golpe fue institucional, la burguesía le hizo jugar un rol en el gobierno a su más prestigiada institución, que antes contaba con 68 % de aprobación popular, muy por encima del congreso y de los partidos políticos. Un involucramiento de los militares tal en las principales posiciones del gobierno, el general Hamilton Mourão en la vicepresidencia y otros militares en varios ministerios como. por ejemplo, el general Eduardo Pazuello en el de Salud, pusieron en posición de desgaste la imagen de las FF. AA. En este momento, a lo sumo pueden aspirar a una política de reducción de daños, en el caso de que la crisis del gobierno los arrastre.

En el marco de estas disputas, desde el régimen no solo se está operando para canalizar el descontento electoralmente. Como la crisis pandémica actual no tiene horizonte claro y se retroalimenta con la crisis económica en un sentido más inmediato, que no puede esperar hasta 2022, está en curso una operación de sectores de la burguesía y “factores de poder golpistas” para trasladar cada vez más la gestión de la crisis pandémica a una coordinación de los gobernadores de los principales estados junto al STF y el Congreso.

Lula, el conciliador 3.0

A dos días de ser rehabilitado, Lula dio una conferencia de prensa que fue más un acto de festejo de su triunfo contra quienes lo encarcelaron, en especial contra Sérgio Moro. Hizo un discurso para instalarse como el principal opositor al gobierno con quien habría que negociar cualquier política, ya sea la electoral u otras que fueran necesarias. Su discurso fue elogiado, con bastante cinismo, por todos los grandes medios de comunicación golpistas y neoliberales.

Lula apuntó frontalmente contra Bolsonaro por su negacionismo e ignorancia para conducir el país en medio de la pandemia y el aumento de la pobreza. Tomó los puntos principales del descontento popular contra el gobierno y por el que Bolsonaro pierde apoyo diariamente. Pese a sus 75 años se mostró fuerte y llegó a compararse con Biden, alguien mayor que él pero que pudo enfrentar a Trump y ganarle.

En medio del desastre sanitario del país, la reaparición de Lula es vista por amplios sectores de las masas como una salvación o como algo que, al menos, podría ponerle límites a la locura bolsonarista. Las ilusiones y las expectativas sobre Lula son las que hoy pueden contener la bronca creciente por las penurias de la pandemia y el hambre.

Al mismo tiempo, en su discurso en el sindicato de los metalúrgicos de São José dos Campos, Lula no dijo ni una palabra sobre las reformas laboral y jubilatoria implementadas por el golpe. Habló en contra las privatizaciones, pero sin decir si va a anular alguna. Tampoco usó la palabra “golpe” y repitió varias veces que no guardaba rencores por aquellos que lo metieron preso y lo proscribieron, sino que estaba listo para perdonar, y hasta dialogar si es necesario con los golpistas mientras estos estén dispuestos a enfrentar a Bolsonaro. En este camino, empoderó a los gobernadores, al Congreso y al STF –muchos de ellos golpistas– como alternativas de gestión en la crisis pandémica. Ya con un discurso más de campaña electoral, ofreció promesas de un crecimiento de la economía nacional basada en la redistribución de los ingresos en un futuro que sería distante, ya que para las próximas elecciones faltan casi dos años.

No hubo ninguna alternativa para todas y todos aquellos que están sufriendo ahora las consecuencias del golpe institucional y quieren salir a pelear. Para todos ellos, las promesas resultan muy lejanas y no alimenta ninguna ilusión abrirse el pecho para ofrecer perdón a los verdugos del golpe.

Lula se postula para administrar la herencia del golpe, sin cuestionar ninguno de sus principales ataques. Conciliando con los golpistas, los ayuda a zafar de las consecuencias desastrosas de su gobierno, los preserva para que sigan avanzando contra las masas. De este modo, construye una relación de fuerzas que después servirá de justificativo para la “miseria de lo posible” dentro del legado golpista.

El PT claramente no es un partido anticapitalista, muy por el contrario cuando fue gobierno garantizó ganancias históricamente inéditas a los capitalistas sin enfrentar ninguno de los problemas estructurales que hacen al carácter del país, dependiente del imperialismo y atrasado, y terminó asimilando los métodos de corrupción propios de este sistema hecho para beneficiar a una casta de parásitos en detrimento de las grandes mayorías. Ya desde su primer gobierno, Dilma no tuvo reparos en avalar la represión de los gobernadores a las luchas por educación, salud y por mejores condiciones de vida que emergieron en las masivas manifestaciones de junio de 2013; así como reprimir directamente las enormes huelgas salvajes de la clase trabajadora más precarizada del país en la obras públicas de la nación. No tomó en cuenta y cerró los ojos a los reclamos más progresivos de esas grandes movilizaciones. Ya en su segundo mandato, Dilma implementó una política de ajustes y empezó ataques a los derechos sociales que luego serían profundizados en una escala mucho mayor por el golpe institucional. De esta manera, terminó siendo el mismo PT el que abrió el camino para que la operación Lava Jato ganara popularidad y sentara las bases de la ofensiva golpista.

La construcción de una alternativa al PT

Las direcciones del PT en los sindicatos y movimientos sociales, que todavía dirigen las principales organizaciones de masas, son responsables por la parálisis que impide una respuesta de los explotados y oprimidos a la enorme crisis que atraviesa el país. La CUT termina por aislar las luchas económicas limitando sus reclamos a las fronteras corporativas. Las separa de las luchas de los movimientos de las mujeres y los negros contra la opresión. No se propone responder de forma independiente a la crisis sanitaria. Y clausura la lucha política contra el gobierno de Bolsonaro en los estrechos límites del pedido de impeachment, que significa sacar solo a Bolsonaro manteniendo todas las instituciones y el personal político golpista. Por ejemplo, en medio a la huelga contra la privatización de la Petrobras, dirigentes del PT salieron a aplaudir la intervención de Bolsonaro sobre la empresa nombrando un militar con el objetivo de contener mínimamente el aumento de tarifas. La separación entre las luchas sanitarias, económicas, democráticas y políticas las hace más débiles y es funcional a mantenerlas a todas encorsetadas en el régimen golpista, canalizando sus energías hacia el terreno del recambio electoral. Una política no solamente del PT, sino también de corrientes a su izquierda como el PSOL y de corrientes que se reivindican trotskistas como el PSTU.

El MRT (Movimento Revolucionário de Trabalhadores, organización hermana del PTS) en Brasil siempre denunció cada uno de los avances del bonapartismo judicial y defendió el derecho de Lula ser candidato. Al mismo tiempo advertía que el propio gobierno del PT era responsable del fortalecimiento de la derecha golpista, planteando abandonar la política de conciliación con las instituciones golpistas, para resistir y tomar un camino de lucha. Inclusive en Argentina el PTS tuvo una política fuertemente internacionalista al realizar un acto el 1.° de mayo de 2016 repudiando los avances de la derecha y el peligro del golpe, a pesar de que sus socios en el Frente de Izquierda no lo acompañaron.

Toda esta política se distinguió del PSOL, que constituyó un bloque político-electoral con el PT, que alimenta ilusiones en el STF y el Congreso golpistas, y que coexiste pacíficamente con las burocracias sindicales petistas en el movimiento de masas. También se distinguió del PSTU, que se ubicó como quinta columna de la avanzada golpista, confiando en que los métodos del Lava Jato serían legítimos para sacar el PT del poder. Esta postura le valió una ruptura de casi la mitad del partido que se fue al PSOL. Ahora, cuando ya se torna cada vez más difícil e impopular festejar los éxitos del Lava Jato, el PSTU sigue exigiendo “cárcel a todos los corruptos” y una justicia no corrupta ni con intereses políticos, sin explicar con qué pase mágico sería posible una justicia imparcial en el sistema capitalista.

Hoy es necesario –y así lo plantea el MRT en las universidades, sindicatos, etc.– luchar para que la vanguardia del movimiento obrero, estudiantil, de mujeres y de negros haga suya la lucha contra la crisis pandémica con un programa anticapitalista, unificando las luchas por reivindicaciones tanto económicas como políticas, contra las reformas reaccionarias del gobierno y por las demandas de los movimientos sociales en una sola perspectiva para tirar abajo a Bolsonaro, los militares y el conjunto del régimen golpista. Al contrario de sembrar ilusiones en los gobernadores, el congreso y el STF como solución a la catástrofe de la gestión gubernamental sobre la pandemia, defendemos que los sindicatos asuman para si la lucha por vacunas para todos, por la centralización de todo el sistema de salud bajo control de los y las trabajadores, la contratación y entrenamiento masivos de profesionales de la salud, y por la reconversión de la industria y del sistema hotelero para proveer respiradores y unidades intensivas de tratamiento a todos que necesitan.

Para construir aquella unidad es necesario exigir a la CUT y el PT que rompan su tregua con el gobierno y organicen un plan serio de lucha desde las bases. En este sentido, es primordial el impulso a la auto-organización y la coordinación de todos los sectores que están luchando, como por ejemplo los docentes contra la reapertura de las escuelas en forma insegura, los petroleros contra las privatizaciones y despidos, los choferes de autobús en varios estados por la falta de pago del salario, y otros, para que emerja una vanguardia capaz de superar los obstáculos impuestos por las burocracias sindicales y de los movimientos sociales. Esquerda Diário, que es parte de la Red Internacional de La Izquierda Diario, con sus centenares de miles de lectores por mes, es una herramienta que el MRT pone a disposición de la vanguardia para todas estas batallas.

El monstruoso manejo arbitrario de las leyes por parte del Poder Judicial para crear y sostener relaciones de fuerzas favorables a los ataques al movimiento de masas y al patrimonio público actualiza la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como una tarea clave para quebrar ese régimen bonapartista judicial. Es la instancia más democrática que aún dentro del régimen burgués podría darle peso a la voluntad de las mayorías explotadas y oprimidas del país contra el entramado minoritario de corruptos y parásitos burgueses, judiciales, militares y políticos que se apoyan en las instituciones de una “democracia golpista”. Una Asamblea Constituyente que revoque todas las leyes reaccionarias implementadas por el golpe, reestatice las empresas públicas bajo control de las y los trabajadores, instituya jueces electos por el voto universal, y debata un programa para que los capitalistas paguen la crisis. En la perspectiva de acompañar la experiencia de las masas con la democracia burguesa y construir la fuerza necesaria para pelear por un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo basado en organismos de democracia directa de las masas en lucha.