El Ecuador enfrente una crisis inédita. En tan solo un año, la pandemia del coronavirus ha provocado más muertes que cualquier otro acontecimiento natural o político en el último siglo. También ha desnudado las profundas debilidades de un Estado incapaz de dar respuesta a una emergencia. La pandemia, sin ser la causa, ha acentuado la crisis social, económica y política que venía anunciándose desde tiempo atrás. El país vive una crisis mayúscula y tiene un desgobierno absoluto.
En este punto, las elecciones parecían ser la válvula de escape que tantas veces ha contribuido a atenuar la conflictividad social. No obstante, las irregularidades durante todo el proceso y las evidencias de un fraude en contra del candidato a la Presidencia por el movimiento Pachakutik echan más leña al fuego de la indignación, la desesperación y la frustración del pueblo. Las condiciones para un escenario de permanente inestabilidad están dadas.
La imposición de un fraude no puede ser soslayada, ni mucho menos aceptada, por la ciudadanía. Las elites políticas y económicas del país están violando las reglas mínimas de un proceso electoral para impedir el triunfo de la izquierda en las urnas, y pretenden que el resto de las ecuatorianas y ecuatorianos nos sometamos a esta arbitrariedad.
En estas condiciones, la anulación del voto en la segunda vuelta electoral no solo constituye un acto de rechazo a un sistema electoral viciado, sino que es un argumento más que alienta el proceso de resistencia popular frente a un sistema político en franca descomposición.
Desde esa perspectiva, el llamado al voto nulo formulado por la CONAIE y por el movimiento Pachakutik cuenta con nuestro respaldo. Por primera vez en los cuarenta años de democracia representativa liberal tenemos la fuerza para superar la trampa del mal menor y consolidar la autonomía y unidad del movimiento popular. El voto nulo expresa la reivindicación del derecho básico a la transparencia electoral, el rechazo a las fuerzas que pactaron el fraude, y el llamado a resistir frente a la ilegitimidad de cualquiera de los dos gobiernos que se instale el 24 de mayo. Posesionar en esa fecha a un gobierno surgido de un proceso electoral plagado de irregularidades es una afrenta al país.
Respaldamos la decisión de los movimientos sociales de no ceder ante una formalidad político-electoral espuria y asumir una línea de independencia ante los dos modelos fracasados, el progresismo conservador y el neoliberalismo oligárquico. El voto nulo es la puerta para organizar la resistencia ante el nuevo régimen ilegítimo, para que se respeten los derechos y las decisiones de las mayorías. La Minka por la Vida, que desde Octubre de 2019 se ha convertido en un referente para las luchas y demandas populares, le propone al país unos lineamientos básicos para su transformación que enfrente la triple dominación capitalista-colonial-patriarcal.
El voto nulo no puede estar desligado de estas propuestas estratégicas. La lucha de hoy contra el fraude es parte de las luchas que vendrán en el futuro inmediato. Son esas propuestas las que le dotan de sentido y contenido al voto nulo. Frente a todas las urgencias que requieren una respuesta impostergable, hay algunas prioritarias.
- Exigimos que se ponga en práctica una política coherente y responsable para combatir la pandemia del coronavirus. Esto implica, entre otros puntos, la aplicación de un verdadero plan nacional de vacunación, que asegure el acceso universal a las vacunas y sancione ejemplarmente a los responsables de actos de corrupción, negligencia o discrecionalidad.
- Debe aplicarse de manera urgente una política alimentaria que asegure el acceso de alimentos a la población más vulnerable, que ha sido la más golpeada por la pandemia. Esta política no puede estar desligada de objetivos más estratégicos, como garantizar la soberanía alimentará del país, realizar una reforma agraria integral y proteger el derecho territorial de comunidades y pueblo indígenas. Los campesinos han sido quienes han sostenido el acceso de alimentaos de los sectores urbanos durante la pandemia.
- Archivar la ley eufemísticamente denominada de Defensa de la Dolarización porque está concebida únicamente para favorecer los intereses empresariales, bancarios especialmente. Lo que debería aprobarse en una reforma tributaria que permita obtener fondos de aquellos sectores que más se beneficiaron durante las últimas dos décadas.
- Impulsar una política progresiva de garantía de los derechos de las mujeres, que hoy son el sector más afectado en términos laborales, sanitarios y emocionales a causa de los impactos de la pandemia, los despidos y la violencia de género. Es hora de afrontar responsablemente la aprobación de una ley que despenalice el aborto y ponga fin al drama de miles de adolescente y mujeres que buscan alternativas a los embarazos no deseados.
- Cumplir los derechos de los trabajadores a la estabilidad, la organización y el salario digno en medio de la pandemia, y detener los despidos y la precarización laboral acentuados por la mal llamada “Ley humanitaria.”
- Aplicar el mandato de la Consulta de Cuenca por la vida y el agua, extenderlo a nivel nacional para avanzar a un País libre de minería metálica, y parar la política de represión y asesinatos contra los defensores de los derechos de la naturaleza. Exigir el castigo a los responsables de la represión y los asesinatos de Octubre 19, señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad. Impulsar en la Asamblea la amnistía para los encarcelados de Octubre 19.
Quito, 29 de marzo de 2021
Bueno fuera si asumieran su responsabilidad en la producción de ese binarismo desde su trujillismo convenenciero o anticorreismo. Al futuro no se lo invoca desde la hipocresía y la inautenticidad. ¡Más allá del correismo y el trujillismo (ustedes), abajo y a la izquierda¡