Samantha Garrido: El Estado es corresponsable en el caso Furukawa

El 19 de abril de 2021, el juez Constitucional, Carlos David Vera Cedeño notificó con la sentencia escrita y ordenó la reparación integral de los derechos humanos de las 123 víctimas de esclavitud que la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador explotó por más de 5 décadas en sus haciendas. Varias son las medidas de reparación, entre ellas están: la obligación de la empresa a indemnizar y entregar cinco hectáreas de tierra a cada una de las personas afectadas, también, debe pedir disculpas públicas en medios de comunicación nacionales y locales.

Por: Nathaly Suárez.

La sentencia “Marca un precedente legal y social, es una herramienta legal, jurídica que les va a servir a muchas personas”, que experimentan situaciones similares.

Después de verificar el sometimiento a «servidumbre de la gleba», considerada una forma de esclavitud moderna, que sufrieron varias personas y sus familias cuando trabajaban cosechando abacá en las haciendas de la empresa Furukawa, el juez Carlos David Vera Cedeño el 15 de enero de este año en audiencia oral y pública determinó múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por esta empresa y algunas instituciones del Estado ecuatoriano, quienes tenían conocimiento de la situación de explotación y la omitieron, no tomaron medidas oportunas y efectivas para detener la violación de derechos y sancionar a los responsables. Para Samantha Garrido parte de CEDHU y miembro del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca más, “El Estado ha sido quien permite finalmente que pase todo esto, hay un abandono brutal, una corresponsabilidad importante”.

Niñas y niños privados de educación, trabajadoras y trabajadores sin seguridad social, muchos de ellos mutilados por trabajar de forma insegura con maquinaria agrícola, una persona de la tercera edad nunca fue inscrita en el registro civil. Estos son algunos de los atentados a los derechos humanos que sufrieron las y los trabajadores y sus familias por parte de Furukawa, quien los han sometido a condiciones de vida, vivienda y de trabajo indignas y miserables, que configuran explotación y servidumbre de gleba, por lo que finalmente fue condenada. Cabe mencionar que la empresa durante todo el proceso usó estrategias de amedrentamiento, división, engaños y desalojos forzados.

Por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a una vida digna, al trabajo que incluye la prohibición de trabajo infantil, a una vivienda adecuada y digna, a la salud, a la educación, acceso a agua potable, a una alimentación adecuada, a la identidad y a la libertad personal, el Juez también dispuso como reparación que: las medidas cautelares y prohibición de desalojo se mantengan hasta que se asegure el derecho a la vivienda y en dos casos específicos, dispone a la empresa que se encargue del registro de identidad de uno de una de las víctimas y de la regularización de otra.

El Estado a través de sus ministerios (Trabajo, Salud e Inclusión Económica y Social) también está obligado a garantizar los derechos a la educación, salud física y mental e inclusión social de las familias. Además, debe pedir disculpas públicas. La Defensoría del Pueblo deberá efectuar el seguimiento para el cumplimiento de esta sentencia.

Para muchas personas que apoyaron esta lucha el fallo del tribunal es histórico, porque reconoce la existencia de esclavitud moderna en el Ecuador. Samantha Garrido comenta que: la sentencia “Marca un precedente legal y social, es una herramienta legal, jurídica que les va a servir a muchas personas”, que experimentan situaciones similares.

Las 123 personas y sus familiares están muy contentas, porque han sido escuchadas y sienten que por fin se va a hacer justicia, nos dice Samantha Garrido, también, esperan que se cumplan con todas las medidas de reparación.

Fuentes:

https://www.furukawanuncamas.org/post/victoria-trabajadores-agr%C3%ADcolas