Alfredo Espinosa Rodríguez
Una mujer policía fue violada –hasta donde se conoce oficialmente– por un reo en el último amotinamiento que ocurrió entre el 21 y 22 de julio en la cárcel de Latacunga. A esto se suman seis policías heridos y cuatro que fueron tomados como rehenes por los reclusos. Quizá algunas personas piensen que hablar de los uniformados antes que de los privados de libertad no es lo políticamente correcto, bajo el argumento de que “si bien (los policías) tienen derechos, no están en situación de vulnerabilidad (en comparación con) quienes están en prisión”. No obstante, la realidad nos mostró todo lo contrario.
¿Se puede tener una visión pacata y discriminatoria sobre los derechos humanos de los policías en el amotinamiento carcelario de febrero de 2021 y edulcorar este criterio cuando ocurre la violación a una mujer policía en julio del mismo año a causa de un nuevo amotinamiento? Aunque muchos renieguen de ello, lo que se dice en un medio de comunicación o en una red social tiene un peso considerable y puede marcar la diferencia entre ser o no coherente. No importa si en un espacio se ofrecen discusiones de altura y, en el otro, amenazas y peleas de calle. La realidad es una sola: tuvo que ocurrir una tragedia espectacularizada por la crónica roja y las redes sociales: la violación a una mujer policía dentro de una cárcel del país, para que algunos defensores (ad hoc) de derechos humanos, se percaten que las fuerzas del orden sí están en condición de vulnerabilidad frente a las mafias carcelarias. Pero también que esos policías son padres y madres, son hijos y tienen familias, y que lo ocurrido en las penitenciarías responde a una crisis humanitaria que afecta a todos los involucrados sin excepción. Aquí, dicho sea de paso, las sororidades estuvieron ausentes y las pocas que se manifestaron no lo hicieron con la misma intensidad que utilizan cuando la Policía Nacional es acusada de violar los derechos humanos de delincuentes y criminales o de usar de manera desproporcionada la fuerza.
En todo caso, obviar lo sucedido en la cárcel de Latacunga por miramientos selectivos, fanatismos ideológicos y sesgos sobre los derechos humanos se traduce en una sola cosa: miseria.
¿La violación a una mujer policía cambia el contexto de la crisis carcelaria? Ciertamente no, solo la agrava más, ya que esos guetos –las cárceles–requieren una urgente reforma estructural para que, en efecto, sean considerados centros de rehabilitación y no de perfeccionamiento de la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho de otra manera, hay que desmontar el sistema carcelario del correato y las leyes que lo legitiman por una verdadera política pública que evite y combata el hacinamiento, el tráfico de drogas y armas en posible complicidad con los guías penitenciarios, la guerra entre bandas y pandillas por el control de estos centros de reclusión y, la peligrosa cercanía entre detenidos y criminales.
Si esto no ocurre, los policías continuarán en estado de indefensión y la readaptación de varios cientos de privados de libertad será inalcanzable. Quizá la consulta popular pueda incluir temas de esta índole para que la ciudadanía se exprese.
¿Por qué no impulsar, por ejemplo, la selección adecuada y profesional de los agentes penitenciarios? ¿Debe ser esta una carrera más para que los mejores hombres y mujeres con altos perfiles y capacitación nacional e internacional tengan en sus manos la seguridad de las 37 cárceles del país? ¿Es oportuno que el sistema de vigilancia de los centros penitenciarios esté en manos del Ecu911? ¿Por qué no pensar en modelos de cárceles más pequeños que faciliten el control de los agentes penitenciarios y la Policía Nacional? Son algunas de las inquietudes que bien pueden iniciar un debate democrático para que el Ecuador salga de su crisis carcelaria. Un debate donde disentir no sea objeto de escarnio ni descalificación y que deberá contar con la participación activa de la sociedad civil y política, pero también de los defensores integrales de los derechos humanos y la cooperación internacional.
El combate a los carteles de la droga y las mafias al interior de las cárceles debe ser una política de Estado. El Presidente de la República es consciente de esta problemática y lo que menos se puede esperar es una apuesta hacia el fracaso, aunque pueda significar el regocijo publicitario de unos pocos.
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