Desde hace cuatro décadas la privatización se ha convertido en una palabra mágica. Bajo su conjuro se resolverían todos los males del país. Sus apologistas no dicen absolutamente nada de la responsabilidad del sector privado en gran parte de las anomalías que azotan a la economía y a la política nacionales. Entre otras, la corrupción.
La idea de que el sector estatal está permeado por la corrupción es demasiado sesgada. En todos los escándalos denunciados siempre está presente alguna empresa privada, nacional o transnacional. El caso Odebrecht ilustra hasta dónde opera esta lógica de sobornar a funcionarios del Estado para asegurar negocios gigantescos. Y quienes reciben las coimas lo hacen desde intereses individuales y particulares. Es decir, privados.
Es cierto que, además de la corrupción, el sector público brilla por su ineficiencia. Pero no se puede resolver este problema priorizando la voracidad del sector privado. Ambas conductas –ineficiencia y voracidad– atentan contra el interés general e impiden la construcción de una cultura democrática. En todo caso, y como ha quedado demostrado en países con un peso determinante del sector público, más provechoso es corregir las deficiencias del Estado que desmantelarlo.
Pero pese a las evidencias en contra, el actual gobierno está empeñado en aplicar una estrategia privatizadora en áreas básicas de su administración. Por ejemplo, en el manejo de las cárceles. El flamante director del Servicio Nacional para Privados de la Libertad (SNAI) acaba de sugerir que el manejo exterior de los centros de reclusión podría ser entregado a un administrador privado. Al mismo tiempo, afirma que la violencia y la corrupción que se viven al interior de estos centros es el espejo de lo que sucede afuera, en la sociedad. Ergo: o privatizamos todo, o la privatización parcial no servirá de nada.
En efecto, las miradas instrumentales de la realidad social tienen esas limitaciones; creen que la sociedad opera como una máquina. Basta con reemplazar o reparar una pieza defectuosa para que el motor funcione a cabalidad. En la práctica, las privatizaciones de ciertos ámbitos del Estado no han servido más que para asegurar ingentes negocios particulares.
Sin percatarse de las contradicciones de su discurso, el coronel Fausto Cobo ofrece soluciones ilusorias. Supone que un problema global como el narcotráfico se resolverá con una medida local. ¿Se imaginan lo que puede hacer un cartel de la droga con los 450 millones de dólares que habría recibido por las nueve toneladas y media de cocaína incautada en días pasados? Seguramente podría montar varias empresas privadas que participen en el concurso para manejar las cárceles del país.
Por supuesto que algo hay que hacer frente a la catástrofe del sistema penitenciario nacional. Ninguna sociedad puede permitirse masacres como las ocurridas hace pocos meses. Pero para eso necesitamos políticas que partan de una mínima noción de complejidad. Los talibanes acaban de sacar corriendo de Afganistán al ejército de los Estados Unidos; la base del poder económico y militar de los talibanes es la producción de heroína. Y nosotros pretendemos amarrar a ese monstruo con un cordel.
Agosto 16, 2021
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