Napoleón Saltos Galarza
Todos a la caza de la bella, mientras la bestia se pasea tranquilamente por los palacios. Aunque el debido proceso dure cuarenta y cinco días, Bella Jiménez, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ya está sentenciada. Las denuncias muestran que la Asambleísta ha gestionado cargos y ha recibido comisiones. Los medios han anunciado la condena. Todavía se necesita el espectáculo, para centrar la atención en el show castigador, mientras los negocios siguen su ruta libre. Hace un mes la gran denuncia fue el discurso de la Asambleísta Cerda. Y luego vendrán otras denuncias.
La autodepuración es una vía para la legitimidad de la Asamblea. Resulta apenas esperable que, de existir hechos de corrupción o penalmente relevantes, éstos sean investigados y se establezcan responsabilidades y sanciones, de modo que no sólo se depure el parlamento, sino que la honestidad sea condición del servicio público.
Pero el problema va más allá. El parlamento continúa atrapado en una democracia de cargos y prebendas, y estamos ante un sistema de partidos políticos sin formación política y ética de cuadros, condenados a atrapar candidatos que les aporten votos o llenen el vacío de las listas.
Los micronegocios son el signo de la degradación de la democracia representativa-liberal, el electo se convierte en gerente propietario (nueva forma de emprendimiento) del cargo logrado, para gestionar el beneficio personal o de grupo. Uno de los recursos es declararse “independiente” y sumarse a las filas del poder, en un intercambio de intereses. La democracia representativa, en lugar de avanzar al menos a una democracia de rendición de cuentas ante la sociedad, degenera en una democracia delegativa que se salta los controles políticos y sociales. Ha desaparecido la visión del parlamento como el primer poder del Estado, espacio del debate y acuerdo de la diversidad político-ideológica, contrapeso del poder del Ejecutivo y el Judicial, fiscalizador y legislador en función del bien común.
Uno de los problemas de fondo es que la lucha contra la corrupción, sometida a la política de espectáculo, puede castigar a actores con poder limitado, mientras los grandes casos se diluyen en la denuncia, sin pasar a la responsabilidad judicial y aún menos a la recuperación de los fondos públicos. Incluso el juicio al excontralor Pablo Celi no logró escapar a este límite. Pasan al olvido los casos emblemáticos económicos, Petrochina, Refinerías, Odebrecht, Coca-Codo-Sinclair, Inapapers, Hospitales, Fondos del Terremoto, etc. La corrupción se convierte en impunidad, los intermediarios estatales y, sobre todo, los beneficiarios de grupos locales y transnacionales de poder pueden esperar que el tiempo pase hasta el olvido.
El poder convierte a este tipo de lucha de espectáculo contra la corrupción en un velo para que pase por debajo la agenda del mercado libre. Se agota para el gobierno el plazo de los cien días que contó con la publicidad de la vacuna como tema clave y el anuncio de políticas extractivistas (petróleo y minería) y privatizadoras como la salida. Ahora empieza el tiempo de las actuaciones.
Hay algunos pasos en la Asamblea: presentación del proyecto de reformas de la LOES y de la Proforma presupuestaria; temas urgentes que deben tratar los Asambleístas. Y acciones como el Decreto Ejecutivo 95 para la duplicación de la explotación de crudo, el Decreto Ejecutivo 151 de expansión minera, el Decreto Ejecutivo 165 que restablece el sometimiento a los arbitrajes internacionales; además los trámites para la incorporación al Acuerdo del Pacífico y el impulso de Tratados de Libre Comercio. Allí se evidencia el proyecto real, un neoliberalismo reforzado.
Ante la Asamblea el tema clave para el Gobierno es la resolución de la correlación de fuerzas, el acatamiento de la Asamblea al control del Ejecutivo y, a través de ello, el dominio sobre los organismos de control. No cuenta con una mayoría estable. La elección de las autoridades se dio mediante un acuerdo con el PK y la ID; pero hay temas que anuncian discrepancias y conflictos. El desgaste de la Asamblea y paralelamente del PK que tiene la presidencia, va en esta dirección. Un Parlamento mediocre, sin norte y sin autoridad abre paso a los juegos de poder del régimen.
El Gobierno puede actuar por el control y la presión, aunque sus ideólogos buscan ir más allá, para un reordenamiento jurídico y político que garantice su proyecto. El camino pasa por la Consulta anunciada para este año y presupuestada en la Proforma presentada, y puede quedar, como recurso posterior, la muerte cruzada.
El reordenamiento político de la dominación en tiempos de pandemia se presenta en tres niveles: la reorientación operada desde los tanques de pensamiento y centros de poder cultural globales en torno al Gran reseteo; las traducciones, aportes y transferencias de los “ideólogos” locales, nuevos y reciclados; y las ejecuciones de las políticas impulsadas por el gobierno. Se trata de un reordenamiento significativo, no es la repetición de la vieja oligarquía socialcristiana que ha dominado el país en las últimas cuatro décadas.
El problema para los sectores sociales es que asistimos a un vaciamiento de la tercera vía, abierta por el Levantamiento de Octubre 19 y mostrada en el proceso electoral de 2021. La ausencia de una línea autónoma tanto en el Parlamento como afuera, las seducciones del poder, las divisiones en la representación, las contradicciones internas no resueltas en el movimiento indígena, las caídas éticas, la endeble presencia de los otros movimientos sociales, han debilitado las perspectivas del paso a una alternativa propia, de unidad de las diversas iniciativas de resistencia y lucha, que se mantienen activas a nivel local.
Ante los límites de la democracia representativa desde arriba, la palabra debe volver nuevamente a la gente, a los movimientos y organizaciones sociales, un poder paralelo y autónomo, para transformar la política en orden al bien común y la respuesta a las necesidades vitales de la sociedad y la naturaleza.
Entre tanto, la bestia sigue suelta.
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