Sin embargo, en ciertos gremios, sindicatos y sectores sociales, el proyecto ha generado desconfianza y preocupación.
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Este 24 de septiembre del 2021, el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó la entrega del proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, a la Asamblea Nacional y su presidenta Guadalupe Llori, en una ceremonía oficial.
La propuesta se encuentra integrada por tres ejes, enfocándose sobre todo en aspectos como la deuda pública, que ha alcanzado 63 mil millones de dólares, equivalente al 63% de la economía nacional, al igual que la herencia de déficit fiscal de 7 mil millones de dólares, que han sido agravadas por la economía en crisis durante la pandemia. De igual manera, otra de las preocupaciones que manifestó el mandatario en torno al proyecto de ley, es el desempleo y las oportunidades laborales en el país, visibilizando las cifras de empleo informal, subempleo o emprendimientos en los ecuatorianos.
El proyecto de ley en su libro 1, cuenta con especificaciones acerca de la situación laboral en el país, integrando reformas, propuestas, alternativas y estipulaciones sobre la contratación. En su libro 2, se abarcan las contribuciones temporales económicas tras la crisis por Covid-19, mientras que el libro 3 integra regularizaciones sobre activos en el exterior. El libro 4 desglosa varias reformas a los códigos orgánicos e instrumentos jurídicos, normativos y legales, de acuerdo a la coyuntura actual del país.
Sin embargo, en ciertos gremios, sindicatos y sectores sociales, el proyecto ha generado desconfianza y preocupación. Según medios de comunicación como El Comercio, aspectos como las propuestas de eliminación de jubilación patronal, utilidades,y contratos temporales sin tiempo fijo, han causado diversas opiniones negativas sobre el bienestar laboral en los trabajadores ecuatorianos. Dentro de los 3 ejes propuestos, la materia laboral propuesta es la que causa más controversia y escepticismo en la ciudadanía, debido a los antecedentes sociales, económicos y laborales tras la crisis por Covid-19 y al temor social de la construcción de panoramas negativos para el estado de bienestar deseado.
El proyecto ha sido caracterizado como urgente y espera su calificación por parte de la Asamblea, y posteriormente tramitado y aprobado en 30 días. De igual manera, el artículo 136 de la Carta Política, establece que los proyectos de ley deben referirse a una materia en específico, con exposición clara de sus articulados e incisos, caso contrario, el proyecto podría no ser tramitado, derogado o reformulado.
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