Las denuncias de los Papeles de Pandora, publicadas el 3 de octubre de 2021, provocaron una conmoción en el país, por la vinculación del presidente Guillermo Lasso a los paraísos fiscales. Pero, después de un temblor inicial, la sensación es que el tema se va diluyendo.
Las revelaciones conocidas como los Pandora Papers son el resultado de una investigación de un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados (equivalente a 2,94 TB de archivos), por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan cientos de periodistas de decenas de medios de comunicación; en el Ecuador Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil. La lista de personas involucradas en estos Papeles de Pandora está llena de personalidades de la política, del deporte, del jet set, en definitiva, de gente con mucho dinero, las élites dominantes del mundo y de sus países. En América Latina son tres los presidentes en funciones involucrados.
A contrapelo del discurso del poder, que apunta a naturalizar la fuga de capitales, sosteniendo el derecho a la propiedad privada de forma absoluta, sin referencias a derechos ni obligaciones, el caso ecuatoriano tiene características propias. Con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero del 2017, se establecieron claras restricciones respecto a los paraísos fiscales, transformándose en una suerte de Pacto Ético. Allí se estableció que para el desempeño de una dignidad de elección popular –o para ser servidor público– no se podrá tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios considerados paraísos fiscales (propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza). Además, se amplió esa prohibición a las personas que sean candidatas o se encuentren postulando para un cargo público, pues corren el riesgo de ser inhabilitados para inscribir su candidatura o ejercer el servicio público según sea el caso.
Estas revelaciones impactaron en la sociedad ecuatoriana. El sacudón del primer momento fue recogido por la Asamblea Nacional. Buscando transparentar estas denuncias, el 7 de octubre dispuso que la “Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, efectúe
la investigación correspondiente del caso denominado «PANDORA PAPERS», por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social”. La Comisión asumió la tarea y en un mes presentó un informe que fue duramente cuestionado por el gobierno y sus aliados.
El régimen logró neutralizar la labor fiscalizadora de la Asamblea en un desplazamiento de la opinión pública hacia la denuncia de los intentos desestabilizadores de la oposición, sobre todo correísta, y de supuestos atentados contra la democracia inmersos en este ejercicio de transparencia fiscalizadora.
La gran prensa descalifica los resultados del informe y sentencia la inocencia del presidente. El aparato de Estado se alinea rápidamente, primero bloquea la investigación y, luego, la Fiscal General del Estado inicia un juicio contra la Comisión, especialmente contra su presidente, Fernando Cabascango, con la acusación de alterar los informes finales; la Contraloría General del Estado, con sorprendente agilidad, en tiempo corto, presenta un Informe descartando la responsabilidad del presidente, justamente antes de que la Asamblea vote sobre el Informe de la mencionada Comisión. La agenda pública, con el auxilio de la Comisión de Fiscalización, sobre todo de su presidente Fernando Villavicencio, encuentra un motivo sustituto, el caso Alex Saab.
A pesar de ello, la Comisión de Garantías Constitucionales cumple la tarea encomendada, y presenta un Informe dentro del plazo, lo que sorprende al oficialismo, pues el Informe logra probar las vinculaciones del presidente Lasso con los paraísos fiscales y la violación del Pacto Ético. Finalmente el pleno de la Asamblea, en un juego de equívocos, termina por una aprobación bastante anodina del Informe, apenas exhortando al Presidente Lasso a presentarse ante la Asamblea para informar sobre su relación con las denuncias de Pandora Papers, al tiempo que se dispone que dicho documento sea analizado por las instancias de control del Estado; lo que, de alguna manera, es una suerte de aceptación de dicho Informe.
Como saldo tenemos que la Asamblea renuncia de facto a su papel fiscalizador, se subordina a las presiones del Ejecutivo y sus poderosos aliados, declinando ser el contrapeso de poderes; el presidente se niega a comparecer y la gran prensa entierra el esfuerzo de la Comisión parlamentaria. Sin embargo el Informe sigue pendiendo como una “espada de Damocles” sobre el gobierno del presidente Lasso y en especial sobre la democracia.
Por ello era necesario analizar esta cuestión desde una visión más amplia, en el tiempo y en el espacio. Precisamos descubrir no sólo las tramas del poder en la coyuntura, sino el funcionamiento estructural de los paraísos fiscales en el capitalismo. Requerimos comprender lo que representa el cierre del ciclo liberal de los derechos a la información y a la trasparencia. Buscamos, en consecuencia, entender cómo se articulan los fondos off shore y los paraísos fiscales, en vasos comunicantes ascendentes, con los dineros ilegítimos, ilegales, criminales, como una necesidad estructural de la reproducción ampliada del capital en su fase financiera- rentista.
Con este objetivo, invitamos a varias personas a que contribuyan con diversas entradas a un análisis en caliente del tema. Sin anticipar conclusiones indiscutibles, lo que se busca es elevar el nivel del debate y sobre todo ejercer el derecho de la sociedad a conocer la verdad y ejercer también su derecho a la fiscalización del Poder.
El libro se abre con una entrevista a Fernando Cabascango, que presidió la Comisión de Garantías Constitucionales, encargada de la elaboración del Informe Pandora. Consta también la entrevista a Elizabeth Flores Abad que nos presenta la paradoja de la abundancia de pruebas de que disponen los organismos de control sobre la vinculación del presidente Lasso y de otros personajes en los paraísos fiscales, y la inacción de estos organismos, afectando a la economía y la democracia.
Presentamos los textos de tres escritores internacionales, Rolando Astarita, Ramiro Chimuris y Alejandro Olmos Gaona que nos permiten acceder a una mirada más amplia sobre el papel de los paraísos fiscales y los fondos off shore dentro de la acumulación capitalista. La tesis central es la articulación de los paraísos-guaridas fiscales con formas ilegitimas, especulativas, lumpen y hasta criminales de reproducción de los capitales, en medio de circuitos de impunidad.
Los artículos de Juan Cuvi, Carlos Castro Riera, Omar Maluk, Julio César Roca, Napoleón Saltos, Francisco Escandón y Francisco Muñoz, muestran qué hay detrás de los Pandora, el paso del caso Pandora y la coyuntura política a las proyecciones estructurales, las rutas del poder local y transnacional.
Dos textos abordan una reflexión teórica más amplia. Rubén Castro Orbe analiza la formación y ampliación del lumpen Estado, como la forma principal de poder en la fase actual. Natalia Sierra presenta la expulsión de poblaciones excedentes de los circuitos del capital, parias que pueden sobrevivir en la ausencia del Estado. A la par del crecimiento de los parias, crecen en las zonas grises las Bactrim, el orden de las mafias, como el signo del agotamiento del sistema jurídico-político moderno.
Los dos artículos de Alberto Acosta y John Cajas, enmarcados en la lógica de los paraísis fiscales en la trama capitalista, siguen la historia de la fortuna de Lasso, como un hilo conductor para entender los diversos capítulos del proceso de acumulación financiera en el país, la vinculación entre la banca y el poder, hasta lograr colocar en la presidencia a un banquero off shore.
Este análisis múltiple deja abierta la puerta a la reflexión. Pretende ser una fisura para no permitir que el caso de los Pandora y de los paraísos fiscales se cierre en lasnegociaciones entre los grupos de poder y grupos cooptados, dentro de las marañas jurídico-políticas de la muchas veces opaca institucionalidad del Estado. Una fisura para poder pensar en otro tipo de política y de economía, basado en la ética y en el bien común.
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