Para nadie es un secreto que los países con mejores sistemas judiciales son aquellos que ostentan las menores desigualdades socioeconómicas. Ese equilibrio genera una sólida confianza ciudadana en las instituciones. A nadie se le ocurre sospechar que la decisión de un juez está condicionada por coimas, compadrazgos o favores personales.
Estas condiciones también tienen un impacto positivo en la transparencia pública. Son países donde la corrupción es ínfima, cuando no simplemente inexistente. La administración de justicia también se ve favorecida por esta situación. Cualquier funcionario judicial piensa cien veces antes de exponerse al escarnio público por un acto de corrupción que le represente un incremento en sus ingresos. El escrache colectivo puede ser devastador.
Desde que el ingeniero León Febres Cordero cercó con tanquetas la Corte Suprema de Justicia, todos los mandatarios, particularmente los más autoritarios, han buscado impedir o limitar la acción de una función judicial independiente. Las estrategias han ido desde el condicionamiento hasta la cooptación; es decir, desde ejercer influencia en las decisiones hasta subordinar a la justicia al poder ejecutivo. Indistintamente, los resultados han sido catastróficos.
El presidente Lasso acaba de anunciar una eventual consulta popular para corregir las inocultables deficiencias del sistema judicial ecuatoriano. Ha anticipado que su equipo de asesores está trabajando en los contenidos de las preguntas que se someterán a las urnas. Nada dice sobre aquellos factores que conspiran de manera sistemática no solo contra la administración de justicia, sino contra la institucionalidad del Estado en su conjunto. Por ejemplo, el narcotráfico y su perverso matrimonio con la pobreza y la marginalidad social.
En este escenario, la pregunta de rigor es cómo y con quiénes se piensa reemplazar a los funcionarios judiciales responsables del colapso de la administración de justicia. La última vez que se metió mano a la justicia, con la consulta de 2011, los resultados fueron deplorables. El remedio fue peor que le enfermedad. Pocas veces en nuestra historia el sistema judicial alcanzó tales niveles de cinismo, arbitrariedad e impudicia.
Bajo el supuesto no consentido de que en el país existiera una pléyade de personas probas, intachables, inmaculadas y eficientes para asumir los cargos que queden vacantes, y de que las mafias no consiguieran infiltrar a sus candidatos, nada nos garantiza la incorruptibilidad de estos potenciales salomones frente a las lógicas de los poderes fácticos. Ejemplos sobran aquí y en medio mundo, y las respuestas desde los Estados son cada vez más inocuas frente a esas amenazas.
Por eso, si el Primer Mandatario no quiere caer en la tentación de armar otra justicia de bolsillo, debe proponerse atacar el caldo de cultivo de la corrupción y la opacidad institucional. Retoques como una consulta popular no sirven para resolver un problema tan complejo.
Enero 20, 2022
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