Siempre existirán justificaciones para que el poder político incremente el uso de la fuerza pública. Justificaciones que, sobre todo, omitan mencionar las causas de fondo que generan violencia o inseguridad en la sociedad. Partiendo de esta visión, los sicarios que operan a sus anchas en Guayaquil, por ejemplo, tendrían un origen metafísico. Es decir, no serían un fenómeno social.
Desde la amenaza del comunismo hasta la del narcotráfico, el Ecuador lleva más de medio siglo sin encontrar la fórmula para exorcizar la inseguridad crónica que padecemos. Con altas y bajas, ese problema es recurrente. Al menos, siempre aparece en las encuestas como una preocupación prioritaria para la ciudadanía.
Indistintamente, las respuestas de los gobiernos han sido las mismas: garantizar la seguridad desde ópticas jurídicas o policiales. Endurecimiento de penas, control de la justicia, incremento de los efectivos policiales, adquisición de armas y equipamiento… La lista únicamente cambia de orden, dependiendo del gobierno de turno y de la coyuntura.
En la práctica, el argumento de la pobreza estructural o de la marginalidad queda solamente para el discurso. Porque si la brecha de las desigualdades socioeconómicas se agranda, es obvio que los efectos negativos también se incrementen. Sin embargo, las élites políticas y económicas del país consideraran esta constatación como una apostasía que pone en duda un orden divino. Son élites que siguen ancladas en la etapa confesional de la política.
Hoy, el presidente Lasso propone una nueva ley que regule el uso progresivo de la fuerza. Al margen de sus contenidos, lo que toca analizar es el sentido de la iniciativa. Porque el uso progresivo de la fuerza no es ninguna novedad. En efecto, es una norma que condiciona a la fuerza pública (policía y fuerzas armadas) desde hace mucho tiempo. Que no se la cumpla ni apique a cabalidad es materia de otra discusión.
¿Qué significa, entonces, que se someta a debate público una nueva regulación de esta normativa? ¿Se piensa realmente acabar con el crimen organizado? Si nos atenemos a las experiencias en varios países del orbe, la mayor intensidad en el control y la represión a las bandas criminales no ha hecho mas que agudizar la violencia y la inseguridad públicas. Basta ver los ejemplos de México, Colombia y América Central para confirmarlo: décadas de guerra interna contra esta amenaza no han logrado contenerla. Al contrario, la han potenciado y complejizado.
En realidad, estamos asistiendo a una respuesta anticipada del gobierno frente a una posible conmoción social, ese viejo fantasma que sí amenaza a las estructuras del poder. El presidente Lasso se adelanta a los hechos, seguramente porque prevé escenarios conflictivos, más aún cuando las condiciones de la economía tienden a complicarse. Con toda seguridad, varias medidas impopulares constan en la agenda oficial.
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