La mejor estrategia para desacreditar o desnaturalizar una amnistía es someterla a prejuicios jurídicos o morales. Es lo que están haciendo aquellos sectores inconformes con la decisión de la Asamblea Nacional. Algunos, inclusive, se sienten perjudicados por la suspensión de los procesos judiciales en contra de los campesinos y activistas sociales que han resistido a la ofensiva minera de las empresas transnacionales.
En efecto, tal parece que la disputa alrededor de la amnistía se concentra precisamente en el tema minero, porque es ahí donde se juegan grandes intereses económicos. En ese sentido, el estallido social de octubre de 2019 se vuelve útil en la medida en que sirve para judicializar a ciertos dirigentes sociales que tienen conexión o incidencia en zonas rurales donde recrudecen los conflictos mineros. El resto, es decir, las afectaciones a la ciudad de Quito, están siendo utilizadas más bien como una carga simbólica para estimular la indignación de los sectores urbanos.
Quienes hoy rechazan la amnistía están perfectamente conscientes de que el vandalismo ocurrido durante el paro de octubre no tiene una relación directa con el movimiento indígena. De por medio hubo una respuesta popular que combinó la reacción espontánea de la gente y –también es cierto– la acción conspirativa de ciertas fuerzas políticas interesadas en tumbar al gobierno. No obstante, desde el discurso de las élites se pretenden endosar al movimiento indígena una serie de responsabilidades ajenas.
Es imposible dimensionar la importancia de una amnistía si no se la enfoca desde un punto de vista político. En principio, una amnistía está considerada como una medida para atenuar la carga penal de aquellos delitos cometidos dentro de un conflicto social o político. Es decir, de aquellos actos que sobrepasan la ley o la institucionalidad. Si todas las protestas sociales fueran pacíficas, ordenadas, modositas y prudentes, la figura de la amnistía no existiría.
Basta revisar algunos ejemplos históricos para confirmarlo. Aquí no más en la esquina, en Colombia, se han decretado varias amnistías para superar conflictos bélicos que implicaron miles de muertes. Únicamente se exceptuaron delitos atroces, como corresponde a una decisión de carácter político.
En el caso de la explotación minera en zonas rurales del Ecuador, no se puede desligar el análisis del conflicto de la decisión de los gobiernos de turno de haber facilitado la penetración de las empresas mineras atropellando varias normas legales y constitucionales. Esas fueron decisiones tomadas desde el poder, es decir, decisiones políticas. No obstante, los principales responsables de estas decisiones ni siquiera forman parte de la discusión a propósito de la amnistía.
Con el paro de octubre de 2019 ocurre algo similar. Quienes de manera irresponsable aprobaron el decreto del alza de los combustibles que provocó la rebelión popular están cómodamente instalados en el paraíso de los exfuncionarios de gobierno. Ahora inclusive pontifican sobre la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad. Ni siquiera están imputados por los actos de represión.
Que algunos vivarachos, corruptos y represores se hayan colado en la amnistía no deslegitima el derecho de la mayoría de los beneficiados. Las marañas jurídicas, que por la general benefician a los sabidos y perjudican a los honestos, no pueden servir para exclusiones negativas. Como establece un viejo principio jurídico, no se debe condenar a los inocentes por no absolver a los culpables.
Marzo 17, 2022
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