El duende de la autonomía ronda por varios países de América Latina, sobre todo por aquellos con poblaciones indígenas numerosas. El Estado-nación, ese paradigma e imaginario de las sociedades mestizas del subcontinente, y sobre el cual fueron edificadas sus ensoñaciones modernas tanto desde la derecha como desde la izquierda, mira con angustia el cuestionamiento que se le hace a su propia naturaleza.
Ocurre de norte a sur. En México, los zapatistas están enfrentados al gobierno de López Obrador a propósito de la expansión irracional de varios proyectos de infraestructura e inversión transnacional en sus territorios. Desde una obsoleta concepción de la supremacía del interés nacional, el gobierno pretende controlar los territorios indígenas y subordinar a sus poblaciones a un proyecto de modernización más acorde con las agendas empresariales que con los derechos sociales y étnicos.
En Chille, la incompatibilidad entre un modelo de Estado y los derechos democráticos del pueblo mapuche le acaba de estallar en las manos al nuevo gobierno. Camila Vallejo, la joven portavoz del régimen, anuncia mano dura contra los brotes insurgentes ocurridos en una comunidad indígenas del sur del país.
Lo paradójico de la situación es que Camila Vallejo, junto con el presidente Boric, encabezaron las revueltas estudiantiles de hace una década en contra de las políticas excluyentes del Estado chileno en materia de educación. Esas movilizaciones fueron, en buena medida, el antecedente del estallido popular de octubre de 2019. Subversión pura y dura.
En estas luchas, las reivindicaciones del pueblo mapuche fueron monedita de oro para la izquierda y para las organizaciones sociales. Pero esas mismas reivindicaciones, consideradas irrenunciables e innegociables desde la oposición radical al gobierno derechista de Piñera, se transforman hoy en un monstruito indeseable. El entusiasmo con que los actuales funcionarios de gobierno celebraron la designación de la dirigente mapuche Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, se vuelve un incómodo desliz propio del trajín político. La razón de Estado se impone sobre la democracia.
En estas circunstancias, hablar de inconsecuencia luce como un ejercicio insuficiente, cuando no abiertamente ingenuo. En América Latina la política está llena de prácticas similares, y de mucho más. A lo que en realidad asistimos es al colapso de unas estructuraras desbordades por la diversidad de nuestras sociedades, una diversidad que va en aumento gracias a la multiplicación incesante de agendas sociales. A los derechos indígenas, núcleo de esta contradicción durante cinco siglos, ahora toca agregar los de las mujeres, de la naturaleza, de los migrantes, de las minorías LGBTI… Es decir, un largo etcétera que obliga al Estado-nación a reconfigurarse.
Mal hacen los dirigentes de izquierda en quemar sus banderas una vez que llegan al gobierno. Al contario, deberían trabajar porque las estructuras que las prohíben se adecuen a las nuevas realidades. Inclusive si tienen que irse a la casa.
Abril 7, 2022
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