Tres documentos impiden que el Estado obtenga una indemnización por los daños que sufrió el radar de Montecristi. Las Fuerzas Armadas no han podido ejecutar la póliza del seguro, a cargo de la firma Interoceánica, que se adjudicó la protección del sistema de radares en septiembre de 2021.
Según la aseguradora, para obtener la indemnización se necesita primero un informe de la Fiscalía, otro de la Comisión de Accidentes de Fuerzas Armadas y un tercer informe del proveedor. En este último se quiere conocer si los daños ocasionados en el radar son reparables y cuál sería su costo.
A pesar de que no se conoce con certeza el valor del radar de Montecristi, la póliza por todos los radares de las Fuerzas Armadas fue adjudicada por USD 90,9 millones. Esta cobertura dura un año.
Pero hasta el momento ninguno de los tres informes ha llegado a la empresa de seguros. La traba general consiste en que la investigación del percance que sufrió el equipo está en investigación previa. Es decir, en una fase judicial en donde no se pueden compartir ni divulgar datos de lo sucedido.
La reserva ha llegado al punto de que los peritos de la empresa no han podido acceder al radar. El único acercamiento que tuvieron fue días después del 7 de noviembre de 2021, cuando se conoció que una explosión dejó sin funcionamiento al dispositivo militar.
En esa ocasión se tomaron fotos de las afectaciones y se iniciaron conversaciones para aplicar la cobertura. Después de eso, el acceso al equipo ha estado restringido.
Por otra parte, Indra, la empresa española proveedora del equipo, ha solicitado información a las Fuerzas Armadas sobre el traslado del radar desde Lumbaqui, en Sucumbíos, hasta Montecristi, en Manabí. Estos datos ayudarían a conocer si hubo o no negligencia en estos procesos.
También solicitaron información sobre las capacidades y formación que tenía el personal que realizó el desmontaje y el montaje del equipo. Esto permitirá saber si hubo irregularidades, un tema que la Fiscalía y Fuerzas Armadas también indagan. De hecho, actualmente hay 11 militares investigados por presuntas irregularidades.
Parte de las investigaciones consideran la hipótesis de un supuesto sabotaje y terrorismo de organizaciones narcodelictivas.
Si esto se llega a comprobar, la aseguradora dice que no existiría razón alguna para no cubrir la indemnización. De hecho, esta causa se enmarca en el contrato.
Respaldo internacional
La póliza también tiene el respaldo de reaseguradoras de Estados Unidos y Londres. Para que los fondos se paguen al Ministerio de Defensa, los tres documentos deberán remitirse lo más pronto posible. Si se cumplen los procesos, la indemnización podría ejecutarse en 30 días. El plazo máximo para remitir la información es de tres años. Luego la cobertura queda sin efecto.
Por lo contrario, si se comprueba que hubo negligencia del personal militar, la aseguradora deberá verificar los procesos con peritos y los informes oficiales para verificar la cobertura.
Mientras todas estas acciones se resuelven, la Fuerza Aérea (FAE) cumple todos los trámites para trasladar al radar a un taller mecánico que tienen y realizar nuevas evaluaciones.
Sin el funcionamiento del equipo, el espacio aéreo que comprende a Manabí ha quedado parcialmente desprotegido y el control de aeronaves del narcotráfico es más complejo. Para evitar más acciones ilegales, la FAE ha solicitado el apoyo de radares más pequeños, que le pertenece al Ejército. Sus ubicaciones y potencia se mantienen en reserva, por temas de seguridad nacional.
El Ministerio de Defensa, a través de ruedas de prensa, ha comunicado que toda la documentación se está tramitando, en especial las órdenes judiciales para trasladar el equipo a un laboratorio de la FAE, para su análisis.
Fuente:
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/falta-documentos-poliza-seguro-radar-montecristi.html
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