El fundador de Wikileaks podría ser sentenciado a 175 años de cárcel en EEUU por espionaje e intrusión informática
La justicia británica ha remitido a la Secretaría de Interior la orden para la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde podría ser sentenciado a 175 años de cárcel por espionaje e intrusión informática. El juez Paul Goldspring fue el encargada de remitir la orden a la secretaria de Interior Priti Patel, que la someterá a una última consideración antes de tomar la decisión definitiva.
Assange asistió a la vista judicial por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh. Trajeado y con corbata, el fundador de WikiLeaks escuchó impasible el pronunciamiento del juez Paul Goldspring: «En cumplimiento de mi deber, voy a remitir el caso a la secretaria de Estado para que tome una decisión».
El abogado de Assange, Mark Summer, anticipó la presentación de un pliego de alegaciones ante la secretaria de Interior, centradas sobre todo en las condiciones penitenciarias y en la sentencia a la que se enfrenta el fundador de WikiLeaks si es finalmente extraditado. Simultáneamente, el equipo de Assange planea agotar todas las vías legales para intentar frenar el proceso en última instancia, pese a los temores expresados por su esposa, Stella Morris, de que podría ser extraditado antes del verano.
Entre los manifestantes a favor de Assange ante los tribunales de Westminster estuvo el ex líder laborista Jeremy Corbyn.«Espero que la secretaria de Interior reconozca la enorme responsabilidad de este caso en defensa de la libertad de expresión», dijo Corbyn. «Assange no ha hecho más que revelar los horrores de las guerras de Irak y Afganistán, y deberíamos darle las gracias por ello».
Los abogados de Assange tienen aún hasta el 18 de mayo para presentar sus argumentos ante Patel, pero las posibilidades son cada vez más reducidas para el activista australiano de 50 años, que el 23 de marzo contrajo matrimonio en la prisión de Belmarsh con la abogada Stella Morris.
Morris ha prometido luchar contra la que considera como «casi una sentencia de muerte» para su marido y padre de sus dos hijos, nacidos durante su encierro de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres (mientras intentaba eludir la extradición a Suecia por cargos de abusos sexuales y violación presentados por dos mujeres).
Stella Morris asegura que Assange fue víctima de un complotpara ser asesinado por la CIA. Ese argumento no ha sido sin embargo tenido en cuenta por la justicia británica en los tres largos años que ha durando el proceso de extradición, consumidos por el fundador de WikiLeaks en la prisión de máxima seguridad por haber violado en su día las condiciones de la libertad condicional.
El destino de Assange estaba ya prácticamente sellado desde el pasado 14 de marzo, cuando el Tribunal Supremo dio luz verde a su entrega a Estados Unidos tras desestimar su último recurso. En primera instancia, la jueza Baraitser se llegó a pronunciar contra su extradición el 21 de enero del 2021, alegando su frágil salud mental y el riesgo de suicidio por las duras condiciones penitenciarias de EEUU.
La fiscalía norteamericana logró darle la vuelta a ese argumento alegando que Assange no tiene antecedentes por intento de suicidio, que recibirá «los cuidados clínicos y psicológicos» y que no será sometido a medidas especiales de aislamiento en un centro penitenciario de muy alta seguridad.
Las acusaciones que motivaron la petición de extradición a EEUU -después de la fiscalía sueca acabara archivando el caso de violación y abusos sexuales- están motivas directamente por la difusión en el portal de WikiLeaks de «información clasificada» del Departamento de Estado y de Defensa y de presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
Decenas de manifestantes expresaron el miércoles su apoyo a Assange ante los tribunales de Westminster. Asociaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a la Administración norteamericana que retire sus cargos y han reiterado que el «caso Assange» es una afrenta contra la libertad de expresión.
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