O no les conviene o se hacen los tontos. No de otra manera se explica la indiferencia y la inercia de las fuerzas políticas a propósito del principal problema que enfrenta hoy el Ecuador. Enfrascadas en una disputa parlamentaria cuyo objetivo final es el reparto de los organismos del Estado, nada piensan ni dicen sobre la ofensiva de las bandas criminales en contra de la sociedad y de las instituciones.
La colocación de explosivos en una dependencia judicial de Guayaquil evidencia el nivel de confrontación al que estamos llegando. De haber tenido éxito, los responsables del atentado habrían conseguido introducirnos en una vorágine de violencia delincuencial similar a la que sacudió a Colombia durante varios años. En ese país, los coches bomba fueron la principal estrategia del narcotráfico para resolver los problemas políticos y las decisiones judiciales.
«En la práctica, el panorama electoral queda abierto para la informalidad, un terreno donde, además de los improvisados, las bandas criminales hacen su agosto».
El problema es que esta amenaza no se desactiva con la simple acción preventiva de la policía. Detener a dos o tres sospechoso termina siendo un simple detalle. Los atentados, con toda seguridad, se repetirán. Al parecer, la decisión de las bandas criminales es escalar en su presión al Estado a fin de consolidar su poder.
Mientras tanto, el Gobierno y los partidos que acudieron a la cita con el ministro Jiménez se centraron en temas de un inmediatismo que provoca angustia. Como si los eventuales recambios en las autoridades de la Asamblea Nacional sirvieran para resolver un problema que amenaza la propia viabilidad del Estado ecuatoriano. Y el tema concreto de la inseguridad lo asumieron desde la superficialidad de las acciones policiales, como si fueran suficientes más pistolas para resolver una amenaza de dimensiones geopolíticas.
¿Qué pasa por la mente de estos despistados dirigentes políticos? ¿Están conscientes de la complejidad del problema, o simplemente contribuyen a su agravamiento? ¿Piensan que el caos les generara algún beneficio político o electoral?
Hay cálculos totalmente desatinados. Por ejemplo, los réditos que supuestamente genera la excarcelación de Jorge Glas. Es tal la indignación ciudadana con este escándalo que acabará pasándole la factura electoral a quienes considera los principales responsables de la decisión. Es decir, al correísmo y al gobierno. Si UNES piensa que con esta artimaña judicial incrementa sus adhesiones se equivoca de cabo a rabo. Dinamitar la administración de justicia para liberar a un corrupto tiene más costos que ganancias.
En la práctica, el panorama electoral queda abierto para la informalidad, un terreno donde, además de los improvisados, las bandas criminales hacen su agosto. El fenómeno es por demás conocido en otras latitudes. El control de las administraciones locales constituye la mejor garantía para ciertos negocios ilegales, como el narcotráfico. En México, más del 70 por ciento de los municipios son víctimas de este esquema de poder. Y en el Ecuador todavía no sabemos hasta dónde hemos llegado.
Así, las elecciones seccionales de 2023 pueden consolidar un nuevo esquema de poder político. Un esquema infernal.
Abril 22, 2022
Totalmente de acuerdo Doc. Cuvi.La miopía de los administradores elegidos o tapiñados rasga en lo demencial.