Por Decio Machado / Miembro del Consejo de Redacción del Ecuador Today
Desde el pasado 13 de junio se viene dando en Ecuador un levantamiento popular inicialmente impulsado por el movimiento indígena, concretamente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que paulatinamente ha ido siendo secundado por diferentes organizaciones sociales y gremios del país incluido el movimiento de mujeres.
La tabla de reinvindicaciones de la CONAIE incorpora diez puntos que vienen desde hace un año siendo negociados con el Gobierno Nacional, encabezado del presidente Lasso, pero sobre los cuales no se había dado respuesta hasta el momento.
En un país donde el Ejecutivo priorizó durante su primer año de gestión agendas macroeconómicas basadas en el saneamiento de la finanzas públicas, la reducción del déficit fiscal y el servicio de deuda a costa del deterioro de los servicios públicos y el recorte de políticas sociales, la plataforma de reivindicaciones de la CONAIE incorpora los siguientes puntos: congelación de los precios del combustible diésel y de la gasolina extra -ambos utilizados por la maquinaria agrícola y los vehículos con los cuales los sectores rurales sacan sus productos hacia los mercados de las ciudades-; la articulación de una moratoria mínima de un año para las deudas contraídas por familias empobrecidas por el impacto de la pandemia con la banca pública, privada y cooperativas de ahorro y crédito; la fijación de precios justos para los productos del campo, junto al control de precios y el combate a la especulación de productos de primera necesidad; medidas de mejoramiento del empleo y los derechos laborales con políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral; la no ampliación de la conflictiva frontera extractiva minera y petrolera en territorios con ecosistemas frágiles; el respecto a los veintiún derechos colectivos reconocidos en la Constitución ecuatoriana; la no privatización del patrimonio público y los servicios sociales; la dotación de presupuestos urgentes en materia de salud y educación cuyas infraestructuras y atención en cada vez más deficiente; y la generación de políticas de seguridad efectivas frente al disparado aumento de las muertes violentas y actos delictivos en el país.
A este pliego de demandas iniciales se han sumado otras procedentes de organizaciones sindicales, ambientales, estudiantiles y de mujeres que van desde demandas laborales hasta sistemas de redistribución justa del trabajo de cuidados, pasando por los cupos de acceso a las universidades o la protección de fuentes de agua.
La movilización empezó con cortes de carreteras en gran parte de las provincias ecuatorianas, para pocos días después darse la llegada de miles de indígenas provenientes del sector rural a las grandes ciudades. Aquí de manera especial, Quito se ha convertido -una vez más- en el punto álgido de la movilización, donde se estima que aproximadamente entre 15.000 y 20.000 indígenas llegaron desde diferentes territorios de la Sierra Central y Amazonía. En paralelo, las organizaciones barriales, de mujeres y juveniles se fueron incorporando a la movilización cortando los accesos a la ciudad tanto perimetrales como las principales vías internas, lo que ha implicado cierto nivel de desabastecimiento en la capital del país y el correspondiente alza de precios de los productos en los mercados.
Ante esto, la estrategia gubernamental consistió en presionar a las universidades del país -centros de paz y atención humanitaria en otras ocasiones- amenazándolas con eliminar cualquier tipo de subvención estatal o apoyo para becas en el caso de que un solo manifestante se hiciera presente en sus correspondientes instalaciones; en paralelo se presionó a la Conferencia Episcopal abriendo un expediente de investigación en la Fiscalía General del Estado sobre como se financió la llegada del Papa Francisco años atrás al Ecuador, pero que en el fondo fue la herramienta de presión que permitió que ninguna iglesia abriera sus puertas para atender, alimentar o darle techo a los sectores movilizados en las grandes urbes, a la par que la institución eclesiástica abandonara su rol histórico como mediador en este tipo de conflictos; y por último se ocuparon policialmente varias instituciones autónomas del Ejecutivo, el ejemplo más emblemático fue la conversión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un cuartel de comandos especiales de la Policía Nacional, bajo el mismo objetivo.
Fue la presión de las organizaciones estudiantes universitarias, en algunos casos incluso derribando las puertas y cercas de sus recintos académicos lo que permitió que hoy algunos de ellos sirvan como refugio para mujeres y niños indígenas, así como de atención médica para los manifestantes heridos por el terror desatado desde los cuerpos represivos del Estado.
En el ámbito de la disputa de narrativas, la estrategia gubernamental incorporó el relato de que las movilizaciones indígenas y populares están financiadas por el narcoterrorismo -lo que buscan asociar al correísmo- y por intereses internacionales -la típica y reiterativa telenovela sobre el chavismo-, intentando deslegitimar la causa de los de abajo en esta movilización. Esta argumentación valió para que sectores medios acomodados y élites principalmente quiteños hayan empezado a movilizarse e incluso armarse con fin de conflictuar violentamente contra los “invasores” de tez canela llegados desde los páramos y la selva.
Sin embargo, las masas de manifestantes que hoy ocupan Quito y otras ciudades del país reflejan esos puntuales momentos de la historia en la que los “nadie”, los “sin rostro”, los “cualquiera”, ocupan la centralidad política nacional para inscribir -de alguna forma- sus derechos en ley. Podríamos decir que asistimos a como dolores antes comprendidos como individuales o incluso como fracasos personales (no poder satisfacer las necesidades familiares, quedar desempleado, ser embargados por el banco por no poder atender deuda contraídas…) se politizaron y dicha politización del dolor generó una plataforma de demandas reivindicativas que busca soluciones colectivas.
Hasta el momento, se registran tres muertes, miles de heridos y un número indeterminado de manifestantes desaparecidos, aunque parece ser que el Gobierno Nacional ha abierto una posible vía de diálogo con los movilizados al momento de redactarse este texto, aceptando inicialmente una parte de las reivindicaciones de la tabla de demandas planteada por la CONAIE y permitiendo el uso de una instalación pública para que se de la asamblea de las organizaciones movilizadas con el fin de sentar las bases para una mesa de negociación.
Pendientes del desenlace final, la sublevación de los sectores populares en Ecuador -los de abajo- demuestra como la acción movilizadora de los movimientos sociales ha puesto en jaque al establishment político nacional, tanto Gobierno como resto del partidos políticos que conforman el ecosistema político institucional, los cuales se han visto superadas sus agendas e intereses político partidistas por el desborde protagonizado por las multitudes.
Pero más allá de esto, queda por ver como a partir del día después de la parcial resolución este conflicto el Gobierno conservador del presidente-banquero Guillermo Lasso podrá seguir gobernando, en total aislamiento político y sin apoyo popular, un país donde las y los “sin rostro” ha demostrado que la representación es una suplantación que desactiva el poder popular y que no busca otra cosa que detener el movimiento de sociedades vivas cuando estas se ponen en marcha para reivindicar sus derechos.
Fuente: Brecha.com.uy
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