De poco sirvieron las alertas que se formularon desde los movimientos sociales respecto de las estrategias aplicadas por el capitalismo global para imponer condiciones comerciales al Ecuador. La intensa lucha por detener la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios, naufragó en medio de las demagógicas aguas del gobierno de Correa.
En efecto, a finales de 2016 se suscribió el denominado Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, el primero de su clase en la historia del país. A partir de entonces quedaron abiertas las puertas para la suscripción infinita de TLC con todo el mundo. Tal como lo ha anunciado y lo está haciendo el presidente Lasso.
Por ahora, las negociaciones con el gobierno chino avanzan a pasos acelerados. Según declaraciones del canciller Holguín, en noviembre de este año podría concretarse el acuerdo comercial. Para ello se aprovechará la visita del presidente Xi Jinping a propósito de la XV Cumbre Comercial China, América Latina y Caribe, que se realizará en Guayaquil en ese mes.
La mayor preocupación de las organizaciones sociales radica en la extrema confidencialidad del proceso. Hasta la fecha no se conocen ni los términos ni los contenidos del eventual TLC con China. Ni siquiera se ha proporcionado un borrador del documento. Tan solo los sectores empresariales pueden acceder a esa información, aprovechando el “cuarto adjunto” que les asignó el equipo negociador del gobierno ecuatoriano. Así, la sospecha de que muchas decisiones fundamentales para el futuro del país se tomarán a espaldas de la gente cobra fuerza. Antecedentes abundan, no solo aquí sino en todo el planeta. Evitar el debate público es una condición indispensable para agilitar las negociaciones.
Pero además del secretismo que rodea al proceso, existen otras dificultades que deben tomarse en cuenta. La mayor, quizás, son las posibles contradicciones entre algunos contenidos del TLC con China y los puntos que se negocian en las mesas técnicas del diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Concretamente, en temas relacionados con propiedad intelectual, derechos ambientales, derechos territoriales y políticas agrarias. Para nadie es un secreto que estos tratados terminan afectando gravemente a las economías campesinas. Es decir, justamente a las economías de aquellos sectores que hoy están negociando con el gobierno respuestas concretas a demandas largamente postergadas.
Es posible que desde el gobierno no hayan considerado estos detalles. A fin de cuentas, tanto la intensidad del paro de junio como su posterior desenlace no estuvieron contemplados en la agenda oficial. En cambio, el evento internacional de noviembre estuvo programado desde mucho antes. Con toda seguridad, el presidente Lasso está más concentrado en lucirse con la realización de la cumbre antes que en afrontar las consecuencias internas de su errática política social. Las pruebas de amor hacia el gigante asiático han sido una constante desde el inicio de su mandato.
Julio 22, 2022
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