Uno de los mayores dramas del Ecuador actual es la incompatibilidad entre legalidad y legitimidad. Cuando dos poderes espurios se disputan a dentelladas un espacio institucional, las soluciones se reducen considerablemente. Es lo que sucede a propósito del forcejeo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional para controlar la función judicial. Que ambas instancias políticas sean legales, pero que carezcan totalmente de legitimidad, implica que, a pesar de su desaprobación, la sociedad debe acatar las decisiones que tomen.
Es justamente esa incoherencia la que está generando inconformidad, frustración y desesperanza en la ciudadanía. La idea de que se vayan todos (hasta los directores técnicos de los principales equipos de fútbol) vuelve a ponerse a la orden del día. Por eso, a menos que el gobierno proponga la disolución de los cinco poderes del Estado, tiene perdida la próxima consulta popular. Porque en el imaginario de la gente se está instalando esa utopía: que no quede en pie ningún organismo del Estado.
Esta situación tiene su contracara en las mesas de diálogo que se llevan a cabo entre el gobierno y el movimiento indígena. En ese proceso cabe la posibilidad de proyectar la imagen de que existen formas de hacer política más transparentes y democráticas que en el sistema político formal; es decir, más que en el mundo de los partidos, de las elecciones y de la Asamblea Nacional.
En ese sentido, la dirigencia de la CONAIE, que en gran medida está capitaneando las negociaciones con el gobierno, tiene en sus manos una oportunidad inmejorable: demostrarle al país que el lugar más importante de la política es la sociedad. Dicho de otro modo, que el sistema político debería ser una consecuencia de los conflictos sociales, y no a la inversa. Un movimiento social sólido, dotado de un proyecto estratégico consistente, tiene mucho más sentido y perspectiva que los cientos de partidos políticos que no representan a nadie, y que toman decisiones públicas en función de intereses grupales o personales.
Que el movimiento indígena obtenga resultados favorables en las mesas de diálogo es difícil, pero no imposible. Todo dependerá de su capacidad de negociación. Sobre todo, de la lectura que haga sobre la situación del país y los escenarios futuros. Pero torpedear el proceso sin antes agotar el diálogo, como algunos sectores interesados proponen, sería un error estratégico grave, porque implicaría devolverle protagonismo a la vieja clase política. O, todavía más grave, abriría las puertas a la demolición de la institucionalidad jurídica del país, para que políticos corruptos y grupos criminales pesquen a río revuelto. O, peor aún, implicaría renunciar a la capacidad estratégica de cambiar el país.
La potencia del movimiento indígena radica en su capacidad de hacer política desde el espacio público. Ese es el mejor antídoto contra los politiqueros que quieren continuar con sus chanchullos a puerta cerrada.
Septiembre 1, 2022
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