En medio de tanta descomposición política, hay noticias que al menos logran compensar en algo la decepción general. Una de ellas es la reactivación de la consulta popular en favor de la propuesta de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
No importa si luego de una década de lucha la viada que tuvo esta iniciativa haya decaído. Esta fue una de las estrategias del correísmo para bloquear indefinidamente la posibilidad de la consulta. Lo importante hoy es que se recuperen principios fundamentales de la política, como el ejercicio democrático de una convocatoria colectiva, la defensa de los derechos sociales y ambientales, los cuestionamientos estratégicos a una lógica económica depredadora. El hecho, en concreto, deja varios mensajes.
Primero: los mal llamados gobiernos progresistas tienen una concepción del desarrollo exactamente igual a la derecha liberal. Basan su proyecto en el saqueo de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza y la ocupación violenta de los territorios indígenas. A partir del paradigma de la supremacía del Estado y del interés general, no tienen ningún empacho en imponer una línea de modernización capitalista acorde con los estándares dominantes.
Segundo: los mal llamados gobiernos progresistas tienen tanto o más miedo al pueblo que los gobiernos neoliberales. Cualquier iniciativa que provenga de los movimientos sociales, y que no se subordine al control oficial, es considerada una peligrosa amenaza, un acto de provocación, una conspiración de los enemigos del país. En el fondo, no admiten ningún cuestionamiento desde posturas avanzadas, y mucho menos desde la izquierda, porque implica renunciar al monopolio del discurso. En lugar de debatir, descalifican y reprimen.
Tercero: los mal llamados gobiernos progresistas hacen una parodia de la democracia y la participación igual a la que sacralizó el liberalismo. Convocar al pueblo a las urnas para tomar una decisión estratégica solamente es viable en función de la agenda política del poder. Si esa decisión se sale del libreto oficial tiene que ser archivada. En ese caso, todo vale, desde la manipulación mediática hasta el bloqueo institucional, tal como ocurrió con la descalificación fraudulenta de las firmas de los Yasunidos en el Consejo Nacional Electoral de bolsillo de ese entonces.
La consulta de los Yasunidos amenazaba con desnudar la traición del gobierno de Correa respecto del plan inicial de proteger el Yasuní. Una decisión favorable de la ciudadanía –como se anticipaba– echaba al traste el modelo económico del régimen. Suspender la explotación de los campos ITT implicaba renunciar a los ingresos fiscales previstos para las políticas clientelares (y, concomitantemente, para la corrupción). La reacción del gobierno no sirvió únicamente para preservar sus intereses inmediatos, sino para garantizar las inversiones a largo plazo de las empresas petroleras.
Al final, los Yasunidos están de vuelta.
Septiembre 8, 2022
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