El incremento de la violencia y el crimen en Ecuador se han convertido en protagonistas de la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas. Los altos niveles de inseguridad condicionan la tranquilidad de una sociedad, que cada vez se siente más desamparada por un estado que parece estar ausente. Pero, ¿qué pasa cuando el estado sí decide tomar cartas en el asunto, optando por un camino confrontativo?
El ministerio del interior y la Policía Nacional aseguran que el nivel desmedido de violencia en Ecuador incide bajo los grupos delictivos que se disputan territorios por el tráfico de drogas, además del control de las cárceles tomado por integrantes de bandas que se encuentran privados de libertad, lo que ha devenido en la mayor crisis carcelaria, que en los últimos dos años ha cobrado la vida de más de 400 reclusos según datos oficiales.
De acuerdo con los informes oficiales de la Policía Nacional, se registra que entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2022, los homicidios intencionales, asaltos a mano armada, femicidios y sicariatos, se han duplicado en comparación al año pasado en el mismo periodo de tiempo. (1 de enero-10 de agosto 2021 se registró un total de 1.156 crímenes frente 2.509 producidos en 2022) Ante estos hechos el gobierno declaró un estado de excepción en las provincias de mayor presencia delictiva (Guayas, Manabí, Esmeraldas) Sin embargo, se evidenció un fracaso predecible que contrariamente a una solución evoca un aumento de inseguridad.
Como respuesta, la ciudadanía exige a un estado que ha sido escaso de políticas públicas y reacio a las demandas sociales, medidas de acción drásticas para remediar la inseguridad desbordada. Se pretende atacar el problema por sus consecuencias más no por la raíz de sus causas degenerativas. Y es que el país, sufre de una crisis de desigualdad social agravante.
Uno de cuatro ecuatorianos vive en condiciones de pobreza. La pobreza y la pobreza extrema golpean más a la población rural según el reporte de pobreza del INEC, publicado en junio de 2022. En el campo, el 42,9%, vive con carencias económicas severas, mientras que el 22,7% está en condición de pobreza extrema. En el primer trimestre de 2022 a nivel nacional se calculó que la población económicamente inactiva (PEI) corresponde al total de 4,4 millones de ecuatorianos.
El mapeo de estos antecedentes nos demuestra que la delincuencia y la grave brecha de desigualdad socioeconómica no son hechos aislados, sin mencionar el delicado panorama que existe alrededor del sistema de salud y educación pública. Suficientes factores que provocan la aparición de una crisis en la seguridad social, en dónde se reflejan las necesidades que el gobierno no ha logrado solventar a pesar de haber presenciado un paro a nivel nacional, que expuso la negligencia de un proyecto político neoliberal que una vez más, vuelve a fracasar.
El gobierno no aprendió las lecciones vertidas en el paro nacional, además eligió no ver la realidad de sus mandantes, pretendiendo que la respuesta para combatir la violencia se ejecute con más violencia, buscando satisfacer a un sector de la población que exige una acción directa de la fuerza pública, proporcionando de este modo el poder a una institución que nos demostró estar estratégicamente capacitada para vigilar, perseguir y reprimir, no siendo así para la defensa de los derechos de la ciudadanía, la desmantelación del crímen organizado ni mucho menos para el porte de armas en defensa del “uso progresivo de la fuerza”.
Ahora nos encontramos de cara a las elecciones seccionales de febrero de 2023. Ocasión en la que el presidente Guillermo Lasso lanzará una consulta popular cuyas preguntas ya son de público conocimiento. No obstante, aún deben ser analizadas por la corte constitucional. La consulta popular lejos de resolver alguna de las tantas crisis que golpean el país, peca de irrelevante y hasta inconstitucional. Sobre la inseguridad tenemos la primera pregunta que pretende “afrontar” el problema incorporando a las fuerzas armadas para complementar la seguridad interna conjunto con la Policía Nacional. En Ecuador tenemos dos ejemplos del pasado de cómo estás reformas ya fueron propuestas y en cuánto fueron ejecutadas, fueron sancionadas.
En el gobierno de Sixto Durán Ballen en el año 1993, se realizó un operativo ‘antidelincuencial’ en el barrio batallón del suburbio donde participaron alrededor de 1200 efectivos. Dando como resultado el asesinato extrajudicial de los ciudadanos Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo y José Miguel Caicedo. Por este suceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó el acto como ilegítimo, un crimen de estado carente de derechos que no debería volver a repetirse por uso desproporcionado de la fuerza. Queda claro que las Fuerzas Armadas no están aptas ni son concebidas para cubrir demandas de seguridad interna.
En el año 2015 en el gobierno de Rafael Correa, vuelve la intención de querer dominar el crimen a través del control militar y policial. Esta vez, la Asamblea Nacional es quién rechaza la enmienda dándola de baja. Parece que la memoria histórica no es muy amiga de nuestros gobernantes. Entonces. ¿Cuáles serían las posibles soluciones que sí sean capaces de proteger la seguridad de todos y todas?. El país debe reconstruir su tejido social desde los sectores populares hasta llegar a las grandes urbes. Requerimos de una generación de políticas públicas hacia la reducción del crimen, la violencia y actos delictivos en coordinación con las instituciones fiscales y jurídicas.
De ese mismo modo poder combatir la corrupción desde adentro, evitando la impunidad, depurando de raíz los organismos judiciales y de control social, capacitando a las autoridades policiales en materia de derechos y cómo se debe actuar en escenarios complejos sin violentar la integridad física de ningún ciudadano. Además, es imperativo que la brecha de inequidad social se reduzca exponencialmente mediante inversión en obras públicas que permitan el acceso a una educación digna y de calidad y se incrementen plazas de trabajo a nivel nacional.
Por último; reestructuración y reformas carcelarias que promulguen la rehabilitación psicológica y formativa de las personas privadas de la libertad. Debe existir un control carcelario que no esté corrompido por la misma fuerza pública, que impida el tráfico y el uso de armas al interior de las penitenciarias.
Mientras sigamos bajo la oscuridad inoperante de los gobiernos, nos queda la solidaridad. Trabajar con la comunidad, cuidarnos entre todos y todas. Seguir construyendo tejidos sociales que sirvan como puentes de conexión ante la desigualdad. Anticiparse al crímen fomentando programas y proyectos de prevención e intervención en las familias, centros educativos y nuestros barrios.
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