Por Matilde Goreti
El sistema de educación superior en Ecuador está compuesto por 62 universidades y escuelas politécnicas, de las cuales 34 son públicas, 20 autofinanciadas y 8 particulares que reciben asignaciones del Estado. Además, el país cuenta con 241 institutos técnicos y tecnológicos de nivel superior, de los cuales 112 son públicos y 129 particulares.
Si hablamos de estudiantes, el 60,7% de las matrículas se concentra en las universidades y escuelas politécnicas, el 25,8% en las instituciones particulares que reciben rentas del Estado y el 13,5% restante en las autofinanciadas.
En este escenario, es indiscutible que las universidades particulares que reciben asignaciones del Estado desarrollan un rol clave en nuestro sistema de educación superior, pues representan el 7% de las universidades existentes y se despliegan a lo largo 15 diferentes municipios en el país. Esto hace que al menos 1 de cada 4 estudiantes actualmente matriculados forme parte de estas universidades.
Pese a lo anteriormente descrito, desde el año 2020 este tipo de instituciones académicas vienen experimentando una paulatina reducción de las asignaciones que le son otorgadas por el Estado. Pero hagamos memoria…
Si bien la Ley anteriormente permitía que estas asignaciones provenientes del erario público destinadas a este tipo de universidades fuesen aplicadas a diferentes conceptos tales como la formación del personal académico, la adquisición de equipamiento, la ejecución de programas y proyectos de investigación, así como par becas y ayudas económicas a estudiantes; a partir de de aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el año 2016, tanto las universidades como las escuelas politécnicas particulares se vieron obligadas a destinar estos recursos exclusivamente a la concesión de becas totales o parciales y ayudas económicas para estudiantes de escasos recursos económicos.
Teniendo en cuenta que dichas instituciones académicas no dejan de ser emprendimientos de carácter privado, dicha normativa legal tenía cierto sentido en la medida que lo que se buscaba era estrictamente ampliar el acceso de estudiantes de bajos recursos a la educación superior de alta calidad en igualdad de condiciones.
Profundizando al respecto, cabe señalar que la asignación del Estado para instituciones de educación superior particulares se otorga a un total de 8 universidades. Estas son: Ponficifia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Católica de Cuenca, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad del Azuay, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y Universidad UTE.
Ahora bien, entender como se operativizan dichas asignaciones estatales conlleva profundizar en sus mecanismos de financiamiento. Estos son dos: el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) y la compensación de donación de Impuesto a la Renta.
Respecto al primero, el FOPEDEUPO, hacemos referencia a un fondo que fue creado en 1996 y que proviene de la recaudación del IVA, del Impuesto de la Renta, de las rentas petroleras y de tributos a consumos especiales. Su distribución se somete a la aprobación del Consejo de Educación Superior (CES), previo informe de Senescyt, bajo una fórmula que aplica de manera distinta sobre tres grupos de universidades diferentes y que tiene porcentajes variables anualmente.
Los porcentajes aplicados para al 2023 son los siguientes (ver gráfico 1):
Gráfico 1
Pero volviendo al mundo de las universidades particulares cofinanciadas, vemos como dicho sector experimentó una reducción de la composición de las fuentes de financiamiento provenientes del FOPEDEUPO, lo cual viene sucediendo reiterativamente desde el año 2020 (ver cuadro 2), momento en el que se excluyó el porcentaje de funcionamiento y progresivamente se ha ido menguando la aportación del IVA destinada a tal efecto.
Cuadro 2
Así las cosas, son el grupo de las universidades particulares cofinanciadas el que mayor afectación está teniendo por el impacto de las reducciones para el siguiente curso.
Respecto al segundo mecanismo de financiación, la compensación por donación de Impuesto a la Renta, se debe señalar que también ha sufrido múltiples cambios a lo largo de su historia. Reduciéndose notablemente su asignación a partir del año 2016 y especialmente a partir del 2018 (ver cuadro 3).
Cuadro 3
Derivado de lo anteriormente descrito, asistimos a una progresiva disminución de los fondos asignados a las universidades particulares cofinanciadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (ver gráfico 1), con datos tan alarmantes como la reducción en un 51% al 2021 y del 43% al 2022.
Gráfico 1
Como se puede apreciar existe un incremento relativo en el monto aprobado por de FOPEDEUPO al 2023 pese a que aún se mantenga lejos de los que fueron las asignaciones tras el 2020 y fundamentalmente hasta el 2016. Sin embargo, la última fórmula aplicada para la distribución de la cofinanciación a las 8 universidades particulares implicadas dejó un sabor amargo especialmente para dos de estas, la Universidad del Azuay y la PUCE, las cuales resultaron excesivamente penalizadas al recibir cada una ellas en torno a 2 millones de dólares menos que durante el ejercicio anterior.
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