Karen Sichel, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, posee el don de la franqueza. Hay que reconocerlo. En una entrevista de televisión señaló que una regresión de derechos sería posible únicamente con una Asamblea Constituyente. Lo dijo a propósito de las advertencias formuladas por los sectores sindicales respecto de las insinuaciones del gobierno respecto de una eventual reforma laboral. La doctora Sichel intentó desvirtuar las sospechas de los trabajadores frente a los deseos oficiales en favor de la contratación por horas. Eso es imposible porque la Constitución lo prohíbe expresamente, añadió la funcionaria.
En ningún momento la asesora jurídica se pronunció en contra de cualquier forma de regresión de derechos. Al contrario, de sus declaraciones podría deducirse que, si el día de mañana se instalara una Asamblea Constituyente, ni el presidente Lasso ni los grupos empresariales que lo apoyan tendrían mayor empacho en restringir no solo los derechos de los trabajadores, sino todos aquellos derechos que consideren incompatibles con su proyecto neoliberal. En psicología, ese comportamiento responde a lo que se denomina deseo consciente.
Las reformas tributaria y laboral constituyen los pilares del proyecto político del actual gobierno. En ellas se juega la acumulación de riqueza para los principales grupos económicos del país. Cualquier estudiante de economía sabe que, como resultado del proceso productivo, la riqueza que no se destina al trabajador o al Estado queda en manos del empresario. Mientras menor sea la carga tributaria y salarial, mayor será la tasa de ganancia.
En esa ecuación se entiende tanto el sueño de la contratación por horas como la tercera pregunta adicional de la consulta popular. Contratar a personas mayores de 45 años debería ser la norma, no la excepción. Pero como la rentabilidad de capital se impone sobre la dignidad humana, el gobierno quiere premiar a quien cumple un acto de humanidad elemental: dar trabajo a quien lo necesita. Y como la viveza criolla termina imponiéndose en la economía nacional, ya se las arreglarán los empresarios para obtener el mayor provecho posible si esta reforma legal se aprueba.
La reforma laboral anhelada por el régimen se parece demasiado a la política minera: nadie ha demostrado que sean una panacea para la pobreza, ni que ayuden a un país a salir del atraso, ni que generen mayores oportunidades para los pobres. No obstante, han terminado convertidas en credo. Basta evocarlas para que el paraíso asome en el horizonte nacional.
Por eso mismo Karen Sichel evidenció su decepción con una Constitución que impide poner en práctica el recetario de la felicidad neoliberal. Desde la perspectiva del gobierno, la protección de los derechos laborales es una rémora que debe ser eliminada. Únicamente así el presidente Lasso podrá cumplir sus deseos.
Noviembre 16, 2022
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