Los casos de Nilsen Arias y Carlos Pólit, que hoy se ventilan en la justicia de Estados Unidos, evidencian una gran aberración: nuestros ilustres revolucionarios verde-flex llevaban los recursos arrebatados al erario nacional al vientre del imperio. Es decir, al sistema financiero norteamericano. No a los países aliados del socialismo del siglo XXI ni del progresismo internacional. Allá no existen condiciones para disfrutar a sus anchas de las fortunas mal habidas. Para estos revolucionarios, Miami es la Meca
De paso, ambos casos judiciales dejan en pindingas a nuestro sistema político. Ahora resulta que una buena parte de la agenda política nacional (al menos la que tiene que ver con socialcristianos y correístas) está determinada por la justicia de los Estados Unidos. Los jerarcas de estos dos partidos están desesperados por la información que puedan desembuchar Arias y Pólit en su acuerdo de cooperación eficaz con la justicia. A la interminable –y todavía reservada– lista de sospechosos y sospechosas, ahora se añaden los aportes de Capaya a propósito de los negociados petroleros. La gallada busca cualquier forma de blindaje.
Como socialcristianos y correístas no pueden meterle mano a la justicia de los Estados Unidos, necesitan con urgencia tomarse por asalto los organismos de control público ecuatorianos, particularmente la administración de justicia. Revisar sentencias y neutralizar juicios es una condición indispensable para asegurarse una impunidad formal que les permita actuar libremente en el espacio político interno.
El siguiente paso será el intento por llegar al gobierno. Saben muy bien que es poco probable que la justicia internacional le coja del pescuezo a un presidente de la república o a un alto funcionario de gobierno, por más que las evidencias lo justifiquen. A lo mucho, le retirarán la visa al país de sus sueños, tal como ocurrió con un expresidente colombiano. Pero ahora, como simples ciudadanos, se sienten excesivamente vulnerables.
El tiempo apremia. Los interesados tienen escasos tres meses para torcer las instituciones de control público, antes de que se den las inciertas elecciones de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la eventual consulta popular, que podría dejar a ese organismo como simple florero. Por ahora, la alianza socialcorreísta solo necesita de un consejero suplente para armar su mayoría de bolsillo.
Sin embargo, parece que la toma del CPCCS y el posterior control de la Función Judicial únicamente son escalones para ascender al altar de la impunidad. La joya siempre será el Poder Ejecutivo. Es el que mayor peso tiene en el contexto internacional. Si no lo creen, pregúntenle a la señora Cristina Fernández de Kirchner.
Noviembre 23, 2022
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